Sunca iniciará demanda civil para "recuperar" dinero del Fosvoc y tilda de "delirante" vínculo con el PCU

En el marco del XIX Congreso del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), Javier Díaz, vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de esta organización, defendió la actuación de la organización ante las irregularidades en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), anunció acciones legales para resarcir el daño económico generado y criticó duramente la hipótesis judicial de un presunto financiamiento al Partido Comunista.

El Sunca celebró su XIX Congreso Nacional en un clima marcado por la investigación judicial que se viene llevando a cabo por la fuga del dinero de este fondo cuyo objetivo es promover la construcción o la reforma de viviendas para los trabajadores.

"Lamentablemente en los últimos tiempos nos tocó comprobar que un grupo de delincuentes, porque de otra manera no se los puede calificar, utilizaron el fondo de vivienda para cometer un robo millonario", sentenció el dirigente, en referencia a las personas que ya fueron imputadas o incluso condenadas, y que formaban parte del sindicato.

Díaz detalló la hoja de ruta que siguió el sindicato una vez detectadas las irregularidades, que incluyeron transferencias bancarias que generaron un agujero de al menos $ 35.627.581 y US$ 17.500, más una maniobra en cuentagotas, a través de cheques, que se sigue investigando pero podría haber implicado otro robo por US$ 500.000. Según el dirigente, la actitud del Sunca fue inmediata: promover una investigación administrativa, expulsar a los implicados, presentar la denuncia penal junto al sector empresarial y aportar pruebas materiales que entiende fueron claves para la investigación. "Producto de nuestras acciones es que hoy hay personas presas y procesadas por esta causa", afirmó.

No obstante, ante sus afiliados, el jerarca del Sunca manifestó su disconformidad con el alcance de estos fallos en términos de reparación económica. "Somos escépticos con parte de los resultados, ya que se generaron juicios abreviados y en dichos procedimientos nunca estuvo sobre la mesa que nos devuelvan la plata robada", señaló. Ante este escenario, anunció que la dirección del gremio decidió "realizar una demanda civil contra todos los involucrados para recuperar la plata que robaron".

Uno de los puntos más álgidos del discurso fue la mención a una de las líneas de investigación que la Fiscalía sigue respecto al destino del dinero. Ante la solicitud de levantamiento del secreto bancario y la indagatoria sobre si los fondos desviados financiaron al Partido Comunista de Uruguay (PCU) o la campaña del "Sí" en el referéndum contra la LUC, Díaz fue categórico, y sostuvo que nada de eso había sucedido.

El dirigente denunció que, tras las declaraciones de los condenados, la Justicia intenta probar "lo que nunca pasó, bajo una hipótesis delirante de supuesto financiamiento del fondo de vivienda al Partido Comunista, al Sunca y a la campaña del Sí". En esta misma línea, el PCU ya ha emitido comunicados negando cualquier vínculo con el dinero del Fosvoc, calificando las sospechas como infundadas.

Para Díaz, este proceso judicial ha corrido en paralelo a una "campaña sistemática" en medios y redes sociales que busca atacar la ética de la organización sindical, desinformando a los trabajadores y sus familias.

"Seremos los primeros en este congreso en proponer una discusión para generar mecanismos más garantistas para que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones así", aseguró Díaz. Entre las medidas propuestas, destaca la intención de que la futura integración de los fondos sociales refleje una mayor "diversidad de pensamiento" de la dirección, buscando así una fiscalización más amplia y transparente de los recursos que pertenecen a los trabajadores de la construcción.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno obtuvo en noviembre pasado una condena en proceso abreviado epara Stella Rey, una funcionaria encargada de pagar sueldos del Fosvoc. Los fiscales Gilberto Rodríguez y Gabriela Gómez le atribuyeron, entre otras cosas, la realización de 193 transferencias irregulares y, producto de eso, se le imputaron varios delitos: asociación para delinquir, apropiación indebida, posesión y tenencia (lavado de activos).

En la declaración que brindó meses atrás ante la Fiscalía, Rey ratificó lo que había dicho anteriormente en cuanto a que esas transferencias —que tuvieron más de una decena de destinatarios— las hacía a pedido de Bruno Bertolio, uno de los condenados en la causa. Bertolio, por su parte, negó eso y afirmó que actuó a pedido de Laura Alberti, secretaria del Sunca y también del PCU.

Sobre esa posibilidad, Gómez explicó ante el juez de la causa meses atrás: “Sabemos la limitación que tenemos para la consideración de las declaraciones de los imputados. Sin embargo es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del Partido Comunista”.