Pedirán imputar a funcionaria de fondo de vivienda del Sunca por la realización de 193 transferencias irregulares

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno pedirá imputar a Stella Rey, una funcionaria encargada de pagar sueldos en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). La audiencia se llevará adelante el próximo martes en la tarde, dijeron fuentes judiciales a El País. Además, la idea es realizar un acuerdo abreviado. Para que eso se concrete, Rey debe dar su consentimiento en la misma audiencia.

Los fiscales Gilberto Rodríguez y Gabriela Gómez investigan una estafa al Fosvoc que tiene varias aristas y ya cuenta con tres condenados. A Rey le atribuyen, entre otras cosas, la realización de 193 transferencias irregulares y, producto de eso, pretenden imputarle varios delitos.

En la audiencia en la que se consiguió las otras tres condenas, Gómez explicó que Rey, era la encargada de abonar sueldos, pero no tenía permitido hacer ningún otro tipo de pagos. Sin embargo, tenía acceso irrestricto a la cuenta de EBrou del fondo desde la que hizo las 193 transferencias irregulares por un valor total de $ 35.627.581 y US$ 17.500.

En la declaración que brindó meses atrás ante la Fiscalía, ratificó lo que había dicho anteriormente en cuanto a que esas transferencias —que tuvieron más de una decena de destinatarios— las hacía a pedido de Bruno Bertolio, uno de los condenados en la causa. Bertolio, por su parte, negó eso y afirmó que actuó a pedido de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y el Partido Comunista.

Sobre esa posibilidad, Gómez explicó ante el juez de la causa meses atrás: “Sabemos la limitación que tenemos para la consideración de las declaraciones de los imputados. Sin embargo es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del Partido Comunista”.

"Ante la pretensión de los sujetos condenados por estos hechos delictivos de involucrar al PCU, nuestro partido niega de forma contundente haber recibido dinero alguno del Fosvoc", indicó el comunicado difundido por el PCU en junio.

En esa oportunidad respaldaron a Alberti y a los legisladores comunistas Óscar Andrade (senador) y Daniel Diverio (diputado), exsecretarios generales del Sunca.

Foto: Estefanía Leal.

Los tres fueron señalados por una presunta implicación en el caso. Andrade y Diverio presentaron un escrito en Fiscalía poniéndose a disposición y el fiscal Rodríguez contestó a él confirmándoles que, por el momento, no estaban siendo investigados por ningún delito.

En este sentido, el PCU manifestó su deseo de que "los hechos se investiguen exhaustivamente y que los responsables de los delitos sean juzgados con todo el peso de la ley".

A su vez, en el mes de julio, el senador Andrade indicó que “ni un peso de los desvíos de los fondos fue al Sunca o al PCU”. Afirmó que el Sunca reclamó auditorías desde hace diez años atrás y que la mención a Diverio “es una barbaridad”.

“Diverio no puede mandar dinero a nadie porque no es el que autoriza nada. Cualquier autorización tiene que pasar por la directiva” de Fosvoc, sostuvo el legislador.

Además, cuestionó que quienes los acusaron fueron los tres condenados por el caso. “¿Qué dicen los que están ahora presos? Que las cámaras empresariales y el sindicato tenían un acuerdo para financiar el plebiscito, el Partido Comunista y a la campaña electoral. Eso que dicen es una barbaridad, pero lo que tienen que hacer es demostrarlo”, añadió el senador comunista. La auditoría interna de Fosvoc entregó documentación a Fiscalía para que se investiguen giros desde 2018.

Semanas después, Diverio ordenó una pericia caligráfica privada por haber detectado que su firma se encontraba en documentos irregulares. Un caso concreto —que fue develado por Canal 4— fue el de una carta en la que se solicita ayuda económica para un trabajador que no existía. El mismo medio consignó haberse contactado con Diverio, quien refirió que el dictamen de la perito María Gabriela March Urdangarín señala que la firma del documento no coincide con la de él.

Según supo El País, Policía Científica realizará una nueva pericia para obtener un resultado oficial.