Redacción El País
Uno de los textos en discusión entre la oposición y los líderes del Centrão en la Cámara de Diputados de Brasil prevé que Jair Bolsonaro vuelva a ser elegible para la carrera presidencial de 2026 y ofrece una amplia amnistía, que incluiría, además del expresidente, al diputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), involucrado en las protestas del 8 de enero y blanco del Supremo Tribunal Federal (STF) en investigaciones como noticias falsas y milicias digitales.
La versión del proyecto a la que tuvo acceso OGlobo, defendida por el Partido Liberal, incluye el indulto, incluso por delitos cometidos a través de las redes sociales, delitos contra las instituciones, apoyo logístico y financiero a las protestas y ataques a la soberanía nacional.
Este proyecto no cuenta con la firma del diputado Rodrigo Valadares (União-SE), ponente del tema en 2024, y no hay negociaciones finales para determinar qué versión se elegirá para el pleno. La propia oposición admite que circulan otras propuestas entre bastidores, todas en proceso de finalización.
El texto en cuestión también aborda medidas cautelares que, por ejemplo, anularían la imposición de una tobillera electrónica a Bolsonaro. La propuesta también extiende los indultos a quienes participan en campamentos fuera de cuarteles militares, como los que tuvieron lugar tras las elecciones de 2022.
La amnistía se debate mientras el STF juzga el caso del “núcleo crucial” de la trama golpista, que cuenta con ocho acusados, entre ellos Bolsonaro. El expresidente enfrenta cinco cargos, cuyas penas combinadas podrían alcanzar los 43 años de prisión.
Los jueces del STF consideran que dicha propuesta sería considerada inconstitucional, dado que no es posible conceder amnistía por delitos contra la democracia. El jueves, el presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declaró que el texto no está finalizado y que las conversaciones con los líderes a favor y en contra de la amnistía continúan. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está trabajando en un proyecto de ley alternativo, menos exhaustivo.
La versión que circula en la oposición marca el inicio de la amnistía el 14 de marzo de 2019, día en que la Corte Suprema abrió la investigación de noticias falsas, una investigación que afectó a Bolsonaro y sus aliados y se extendió a otros frentes, como el caso de las milicias digitales.
El proyecto de ley establece que serán indultados quienes “estén o puedan eventualmente ser investigados, procesados o condenados” por la siguiente conducta: ofensa o ataque a instituciones públicas o a sus miembros; desacreditar el proceso electoral o los Poderes de la República; refuerzo de la polarización política; generación de animosidad en la sociedad brasileña; situaciones de naturaleza similar a las anteriores.
El texto abarca el caso de Bolsonaro, quien fue declarado inelegible por el TSE en 2023. También se prevén indultos para quienes estén involucrados en delitos contra la soberanía nacional, como el caso de Eduardo Bolsonaro. La Policía Federal lo acusó de, según las investigaciones, haber colaborado con el gobierno de Estados Unidos para coaccionar al STF durante el juicio por el intento de golpe de Estado.
El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones como la revocación de las visas de entrada a los magistrados del Tribunal y sanciones económicas, amparadas por la Ley Magnitsky, a Alexandre de Moraes, el juez relator del supuesto intento de golpe de Estado.
En otro artículo, que corresponde al 8 de enero, el proyecto prevé una amnistía en los siguientes casos: la prestación de apoyo administrativo, logístico o financiero, así como cualquier otra forma de contribución, estímulo o incentivo; daño a la propiedad de la Unión, deterioro de la propiedad catalogada, incitación al delito, apología del delito o delictiva, organización criminal, asociación criminal o formación de una milicia privada.
Pedido de Lula
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió ayer que la sociedad se movilice contra un proyecto de amnistía que pudiera favorecer a Bolsonaro y a otros acusados del supuesto golpe contra su Gobierno. El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, miles de manifestantes ocuparon y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte en Brasilia, exigiendo un golpe de Estado.
Lula había derrotado en las elecciones de octubre de 2022 a Bolsonaro, quien no reconoció el resultado y, según una acusación de la Fiscalía, conspiró para impedir el cambio de gobierno.
En un acto en la ciudad de Belo Horizonte, Lula pidió que la sociedad se movilice frente a la posibilidad de que el Parlamento apruebe esa amnistía. “El Congreso no fue electo por la periferia más pobre y la extrema derecha tiene mucha fuerza parlamentaria”, dijo el mandatario, quien aseguró que “la batalla” contra esa amnistía “también tiene que ser dada por el pueblo”.
El proyecto de amnistía tomó un nuevo impulso después de que el proceso en el STF llegó a su fase final durante esta semana. Las próximas audiencias comenzarán el miércoles 10, cuando los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo comenzarán a dictar las sentencias contra Bolsonaro y otros siete reos.
Según la Fiscalía General, el exmandatario y los otros imputados integraron una “organización criminal” que “desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas, con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder”. OGlobo (GDA), EFE
“Versión brasileña del caso Dreyfus”
La absolución de Jair Bolsonaro es “imperiosa”, sostuvo el miércoles su abogado en la última intervención de la defensa antes del dictamen. El STF dará su veredicto la semana próxima. La Fiscalía lo acusa de tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva. “La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia. El letrado hacía alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.
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