Redacción El País
El expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, planeó pedir asilo político al Gobierno de Javier Milei, según un informe de la Policía Federal de Brasil divulgado ayer miércoles. La Policía brasileña encontró, en uno de los celulares de Bolsonaro confiscados dentro del proceso por presunto intento de golpe de Estado, un documento sin fecha en el que solicitaba asilo al declararse víctima de una persecución por motivos políticos.
Según las autoridades, los elementos encontrados indican que Bolsonaro “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación”.
En el texto, el expresidente alega que en su país es “perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos” y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces.
El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso al ex jefe de Estado una serie de medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica ante el riesgo de fuga y la prohibición de usar las redes sociales, y posteriormente decretó su prisión domiciliaria al apreciar el incumplimiento de estas.
Los agentes sospechan además que el autor del archivo con el pedido de asilo, editable y sin firma, sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del exgobernante.
El hallazgo del borrador está recogido en las conclusiones de la investigación contra Bolsonaro y otro de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, por “coaccionar” al STF con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos.
Según las autoridades brasileñas, Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace unos seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump “a la práctica de actos hostiles contra Brasil” con el objetivo de “archivar” la causa por golpismo. Bolsonaro afronta en el STF un juicio penal bajo la acusación de “liderar” una conspiración golpista para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó a Trump a imponer un arancel del 50% adicional a las importaciones brasileñas y sanciones a varios de los jueces del STF. EFE