Redacción El País
En el segundo día del juicio oral a Jair Bolsonaro, ayer miércoles fue el turno de la defensa. Los abogados de Bolsonaro rechazaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que el expresidente brasileño participara en un complot golpista y consideraron la acusación de la Fiscalía como meras “suposiciones”.
“No hay nada, no existe absolutamente nada contra Bolsonaro”, aseveró Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco jueces de la Primera Sala del STF, que la semana próxima retomarán las sesiones, ya en fase de sentencia.
La defensa desvinculó a Bolsonaro de la trama golpista que, según la acusación, buscó impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, y mantener al expresidente en el poder, pese a su derrota en las elecciones de 2022.
Vilardi redujo los hechos a “meros actos preparatorios” que no pueden ser objeto de pena, pues en ningún momento hubo “violencia o grave amenaza”.
“Otro caso Dreyfus”
Los letrados de Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria y siguió la audiencia desde su casa por problemas de salud, armaron su argumentación sobre tres ejes. En primer lugar, pidieron la nulidad del acuerdo de colaboración judicial del exedecán de Bolsonaro, Mauro Cid, que sirvió de base para la investigación. Vilardi aseguró que Cid “mintió”.
Los abogados también aludieron a restricciones para el ejercicio de la defensa y, por último, atacaron la denuncia del fiscal general, Paulo Gonet.
Tacharon las conclusiones del fiscal de “contradictorias” y criticaron que la querella que imputa a Bolsonaro cinco delitos que le pudieran costar hasta 40 años de prisión, está basada en “narrativas y suposiciones”, afirmó Paulo Cunha Bueno, otro de los abogados del expresidente.
“La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, afirmó Cunha.
El letrado hacía alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.
Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.
La acusación del fiscal sitúa a Bolsonaro en el centro de la supuesta conspiración golpista y lo asocia con el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando una multitud destrozó las sedes de los tres poderes en Brasilia para forzar una intervención militar que derrocase al nuevo Gobierno.
Según la investigación, tras su derrota electoral, Bolsonaro preparó un borrador de decreto presidencial para establecer medidas de excepción, como un estado de sitio, y hasta avaló un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, ahora relator del juicio por golpismo.
Cómo sigue
Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión. El juez Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las “presiones internas o externas” al emitir su veredicto. Sus declaraciones se producen en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos a las exportaciones brasileñas por lo que calificó como una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro. Además, Washington sancionó a Moraes y otros funcionarios brasileños.
En caso de condena, la defensa y la fiscalía “tendrán hasta cinco días” para interponer un recurso de aclaración o de revisión, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas. Si existen recursos de cualquier tipo, hasta que no se resuelvan, Bolsonaro no puede ingresar en prisión.
Es la primera vez que un exmandatario brasileño enfrenta cargos de esta magnitud.
Ayer miércoles, los cinco jueces escucharon en primer lugar los argumentos de los abogados del exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno. Luego fue el turno de los abogados de Bolsonaro y del exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, y finalmente los del también exministro Walter Braga Netto, quien fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022.
Cada defensa tuvo una hora para presentar sus argumentos.
Heleno, Nogueira y Braga Netto, este último en prisión preventiva desde el 14 de diciembre de 2024, son generales retirados del Ejército, mientras que Bolsonaro es capitán de la reserva.
El fiscal general, Paulo Gonet, pidió el martes la condena de todos los acusados.
Concluida la exposición de los abogados defensores, los cinco jueces, entre los que se encuentran Cristiano Zanin, el exabogado personal de Lula, y Flávio Dino, exministro de Justicia del actual presidente, pasarán a dictar sentencia, lo que está previsto para la próxima semana. El primero en votar será el relator del caso, Alexandre de Moraes, quien en la apertura del juicio oral insinuó que propondrá una sentencia dura, pues considera que la trama golpista buscó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil.
Movida a favor de una ley de amnistía
El gobierno buscará que el presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta (Republicanos-PB), frene el proyecto de ley que otorga amnistía a los involucrados en un supuesto golpe de Estado, lo cual podría favorecer al expresidente Jair Bolsonaro. La presión para votar el proyecto de ley ha aumentado, y los líderes de los partidos intentan llegar a un acuerdo para incluir el tema en la agenda tras el juicio por la conspiración golpista, cuya conclusión está prevista para el 12.
El movimiento ha sido interpretado por asesores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como una acción para abrazar la candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas (Republicanos) en lugar de Jair Bolsonaro.
Ante este escenario, se espera que el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), proponga una alternativa a la amnistía que diferenciaría las sanciones según el grado de participación en las protestas del 8 de enero contra las sedes del gobierno en Brasilia, como quienes financiaron el acto y quienes simplemente estuvieron presentes en la Plaza de los Tres Poderes, pero no cometieron actos vandálicos. Alcolumbre se opone a la propuesta que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados, la cual cuenta con el apoyo de los partidarios de Bolsonaro y se espera beneficie al presidente.
En un intento por bloquear la propuesta de la Cámara, los asesores de Lula quieren discutir el asunto con Hugo Motta y otros líderes. Los negociadores políticos del gobierno afirman que no permitirán que el asunto se descontrole en la Cámara y que harán todo lo posible para frenar los esfuerzos de la oposición.
Los partidos Unión Brasil, PP y Republicanos presionaron para que el tema fuese puesto en la agenda, e incluso diputados oficialistas creen ahora que el asunto ha ganado fuerza y puede ser sometido a votación en el plenario de la Cámara.
En Brasilia , Tarcísio de Freitas conversó el lunes con Hugo Motta y Marcos Pereira, presidente del partido Republicanos, sobre cómo agilizar la votación del proyecto de ley. Además, el gobernador se comprometió públicamente a concederle un indulto a Bolsonaro como su “primera medida” si es elegido presidente.
Esta declaración surgió tras las críticas del diputado federal Eduardo Bolsonaro y del concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro sobre las maniobras más abiertas de la candidatura de centroderecha contra Lula mientras Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario. OGlobo/GDA
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