Redacción El País
El juicio oral contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados de golpismo comenzó ayer martes con la Fiscalía pidiendo que todos sean condenados y el juez instructor insinuando una sentencia severa por intentar imponer “una verdadera dictadura”.
La primera jornada, que se celebró en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) y concluirá la próxima semana, fue dedicada a la lectura del informe del caso, la sustentación del fiscal general, Paulo Gonet, y la exposición de cuatro de las ocho defensas.
Antes de desmenuzar el caso, en el que Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión, el juez instructor Alexandre de Moraes rompió el protocolo y defendió “la absoluta” transparencia y legalidad del proceso, en respuesta a la posición de Estados Unidos a favor de Bolsonaro.
El Gobierno de Donald Trump ha sancionado a varios jueces del STF, incluido De Moraes, e impuso aranceles del 50% a parte de las importaciones brasileñas en represalia de lo que considera una “caza de brujas” contra su aliado político. “Estas tentativas de obstrucción no afectarán a la imparcialidad y la independencia de los jueces de este tribunal”, aseguró De Moraes.
Afirmó que la historia brasileña sumó un nuevo intento de golpe que buscó “instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”, tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El fiscal Gonet, por su parte, afirmó que la supuesta trama golpista estuvo liderada por Bolsonaro y llevó a cabo “múltiples acciones” con el objetivo de impedir la investidura de Lula y mantenerse en el poder, sin reconocer su derrota electoral. Sostuvo que el supuesto complot se habría gestado desde 2021, cuando Bolsonaro puso en duda la legitimidad del proceso electoral, y tuvo como colofón el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el STF del 8 de enero de 2023, por parte de miles de personas.
“El grupo liderado por Bolsonaro desarrolló un plan progresivo y sistemático de ataques a las instituciones democráticas” y “movilizó el brazo armado del Estado” para “impedir la investidura de Lula y minar los poderes de la Justicia”, argumentó el fiscal.
Según Gonet, la conspiración también planeó de manera “minuciosa” el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez De Moraes. Destacó que los autos están repletos de pruebas, pues la “organización criminal” documentó casi todo.
“Todos contribuyeron para la consumación del proyecto autoritario de poder”, que solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica, aseguró.
Así, consideró que los hechos están “suficientemente probados” para condenar a los ochos procesados, entre los que figuran exministros de Bolsonaro y jefes militares.
Bolsonaro, en prisión domiciliaria por intentar obstruir el proceso, siguió esta primera jornada desde su casa, en Brasilia. Alegó problemas de salud para no asistir, pero se dejó ver ante los medios apostados delante de su casa con el pulgar hacia arriba.
“Bolsonaro está debilitado, consecuencia todavía de la puñalada”, dijo su abogado Paulo Cunha Bueno.
Desde que sufrió una cuchillada en el estómago en 2018, Bolsonaro ha tenido recurrentes problemas de salud que han necesitado varias intervenciones quirúrgicas.
Tras la exposición del fiscal, comenzó el turno de los abogados defensores, que rechazaron por completo los cargos y demandaron que sus clientes sean absueltos.
Aun así, la defensa del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro que firmó un acuerdo de cooperación judicial que guio parte de la investigación y cuya veracidad es puesta en duda por los otros acusados, avaló la denuncia del fiscal.
“Cid habló de hechos que fueron confirmados, por lo menos los de extrema relevancia. El acuerdo de colaboración es sólido y da sustentación a los hechos”, declaró su abogado Jair Alves Pereira. El exedecán podría tener una pena reducida por su confesión.
El proceso continuará hoy miércoles, cuando se pronunciarán las cuatro defensas restantes. Entre ellas, la de Bolsonaro.
“Yo no lloré, luché”
El presidente Lula afirmó ayer martes que el juicio contra Bolsonaro no es un proceso contra una persona en particular y que espera que se le respete el derecho a la presunción de inocencia. “Si es inocente, que pruebe que es inocente. Espero que pueda defenderse, porque yo no pude”, afirmó Lula.
“Bolsonaro puede defenderse como yo no pude hacerlo”. “Yo no lloré, luché”, dijo el presidente, condenado por corrupción antes de ser absuelto en 2019 por el STF por un defecto de forma.
El mandatario habló con los medios tras acudir en San Pablo al velatorio del periodista Mino Carta. “No tengo expectativa (sobre el resultado del juicio). Mi expectativa es que el tribunal juzgue los autos del proceso, las delaciones y las pruebas”, afirmó. EFE, AFP
Partidos de centro dejan el gobierno de Lula
Unión Brasil y Progresistas anunciaron ayer martes su salida del Gobierno y pidieron la renuncia de los dos ministros que tienen en el gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva: de Turismo, Celso Sabino, y de Deporte, André Fufuca.
La decisión también se extiende a todos los cargos en la administración. La salida del Gobierno se produce dos semanas después de que estos dos partidos anunciaran la formación de una federación en el Parlamento, que les permite funcionar como un único partido en el legislativo, aunque mantengan su independencia organizativa.
La nueva federación, llamada Unión Progresista, tiene la mayor bancada en el Congreso: 109 diputados y 15 senadores. Uno de los principales defensores de la ruptura con el Gobierno es el senador Ciro Nogueira, presidente de Progresistas y exministro de Presidencia en el Gobierno de Jair Bolsonaro. La salida del Gobierno se produce el día que comenzó la audiencia final del juicio contra el expresidente Bolsonaro. EFE
Reducen período de inhabilitación política
El Senado aprobó ayer martes, por 50 votos a favor y 24 en contra, un proyecto de ley que reduce el período de inhabilitación para políticos condenados en ciertos casos definidos por la Ley de Antecedentes Limpios. Según el proyecto, el periodo de inhabilitación se mantiene en ocho años, pero comienza a contar desde la fecha de la condena, en lugar de después del cumplimiento de la pena, lo que reduciría dicho periodo. El proyecto de ley ahora espera la firma presidencial.
Los cambios no aplican al expresidente Jair Bolsonaro (PL), quien está inhabilitado para ejercer el cargo hasta 2030 por abuso de poder político. En este caso, así como en los delitos atroces, lavado de dinero y organización criminal, no hay cambios; es decir, se aplica la antigua norma para estos delitos, que deja al condenado inhabilitado durante ocho años tras el cumplimiento de su condena.
El texto fue apoyado por el presidente de la Cámara, Davi Alcolumbre (União-AP), quien incluso dejó la presidencia de la sesión para hablar a favor. Insisto en esta actualización de la Ley de Antecedentes Limpios para reflejar el espíritu del legislador. “La inelegibilidad no puede ser permanente. La ley establece ocho años, no nueve ni veinte. Mi voto es sí”, dijo.
El mes pasado, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobó el nuevo Código Electoral, otro proyecto de ley que también introdujo el mismo cambio a la Ley de Antecedentes Limpios. Según el texto aprobado por la comisión, los políticos condenados serán inhabilitados para ejercer la abogacía por un máximo de ocho años, a partir de la fecha de la sanción. Sin embargo, este proyecto de ley aún no ha llegado al pleno. OGlobo/GDA
Alexandre de Moraes -instructor del caso
Ha sido objeto de sanciones por parte de EE.UU., que lo acusa de promover una “caza de brujas” contra Bolsonaro. En el STF desde 2017. El año pasado mantuvo un duro cruce con Elon Musk, tras decretar la suspensión de la red social X. Antes de juez, fue fiscal, abogado y secretario de Justicia de San Pablo y de Seguridad.
Cristiano Zanin - Ex abogado de Lula
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo postuló para el STF en 2023, en el primer año de su mandato. Es el actual presidente de la Sala Primera, por lo que su voto sirve de desempate. Su nombramiento generó controversia por su proximidad con Lula, a quien defendió durante los procesos judiciales por corrupción.
Flávio Dino - Ex ministro de Justicia de Lula
Lula lo nominó en 2024 para el STF. Nacido en una familia de larga tradición política en el estado de Maranhão, Dino fue durante una breve etapa juez, pero pronto dio el salto al Poder Legislativo. Exmilitante del Partido Comunista, fue diputado, gobernador de Maranhão y senador, hasta que pasó a integrar el gabinete de Lula.
Cármen Lúcia Antunes - Designada por Lula
Es la única mujer en el STF. Al igual que Zanin y Dino, fue nombrada por Lula, pero en 2006. Abogada, es profesora de la Universidad Católica Pontificia de Minas Gerais y ejerció como procuradora general de ese estado. En 2029 dejará su asiento al cumplir 75 años, edad máxima para ejercer como juez del STF.
Luiz Fux - Designado por Dilma Rouseff
“Otro de los veteranos de la corte, que abandonará en 2028. Graduado en Derecho, fue abogado de la petrolera Shell y fiscal de Río de Janeiro. Después trabajó como juez hasta que en 2011 la entonces presidenta y sucesora de Lula, Dilma Rousseff, lo postuló para el STF. Presidió el alto tribunal entre 2020 y 2022.
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