La presión sobre el juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes aumentó ayer miércoles con nuevas peticiones para que renuncie y el compromiso del presidente de la corte de analizar su sospechosa relación con un banquero preso por fraude.
Sin citar a De Moraes, el jefe del Supremo, Luiz Edson Fachin, anunció que estudiará los indicios contra el magistrado a fin de tomar “las medidas necesarias” con “serenidad, responsabilidad y firmeza”.
De Moraes se ha visto salpicado por las investigaciones en curso contra Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2025 por fraudes millonarios en el sistema financiero.
El caso ha levantado sospechas sobre altos representantes de los tres poderes, desde jueces del Supremo hasta funcionarios del Banco Central y dirigentes políticos.
Pero escaló de gravedad el martes, cuando el juez del Supremo André Mendonça, encargado del proceso, hizo públicas las averiguaciones preliminares de la Policía, basadas en el celular de Vorcaro, actualmente en prisión preventiva.
Se destaparon así mensajes comprometedores enviados a De Moraes, así como negocios millonarios, reuniones y el ofrecimiento de experiencias de lujo para él y su familia. El escándalo ha generado un terremoto político a un mes para las elecciones presidenciales del 4 de octubre.
La presión mediática también ha crecido. Estado de S. Paulo y Folha de S. Paulo, dos de los diarios más influyentes, exigieron en sus editoriales la renuncia de De Moraes, el juez que supervisó la causa que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.
“Ya no hay lugar en el Supremo para Alexandre de Moraes. Si el magistrado no renuncia, corresponderá al Senado, mediante un proceso de destitución, librar al tribunal de esta carga”, afirmó Folha de São Paulo.
En la misma línea, Estado de S. Paulo sostuvo que De Moraes “ya no está en condiciones de seguir” en la máxima instancia judicial del país.
Entre los mensajes encontrados, Vorcaro pidió la “protección” del fiscal general, Paulo Gonet, y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al parecer llegó a consultar a De Moraes, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.
Se desconocen las respuestas del juez, ya que, según la investigación, enviaba mensajes de visualización única y su celular nunca ha sido requisado.
Vorcaro fue arrestado una primera vez la noche del 17 de noviembre de 2025 en San Pablo mientras intentaba dejar Brasil en un avión particular. Días después obtuvo la libertad, pero volvió a prisión el pasado 4 de marzo.
La Policía sostiene, además, que De Moraes editó un contrato de prestación de servicios de 131 millones de reales (unos 25,5 millones de dólares) entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el banco Master. La Policía identificó, a partir de los metadatos de un documento encontrado en el celular de Vorcaro, que un usuario llamado “Ministro Alexandre de Moraes” editó en 2024 el texto, que terminó firmándose.
El banco Master comenzó entonces a realizar pagos al bufete de la esposa del juez hasta noviembre de 2025, cuando Vorcaro fue encarcelado.
Mendonça ha solicitado al pleno del Supremo, integrado hoy por diez jueces, entre ellos De Moraes, analizar estos últimos elementos. La Fiscalía, encabezada por Gonet, ha pedido la nulidad de la investigación.
Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente Lula en las elecciones de octubre, calificó el martes como “graves” las revelaciones y dijo que, de confirmarse, Moraes “no está en condiciones de seguir en la corte suprema”.
OGlobo: “El peor escenario posible”
“Las revelaciones sobre la estrecha relación entre el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, cerebro del mayor fraude bancario de la historia de Brasil, han conmocionado al país. Exigen una acción inmediata y sin demora. (...) El presidente del Tribunal Supremo, magistrado Edson Fachin, tiene el deber de convocar urgentemente al pleno del Tribunal para examinar el asunto”, expresó ayer la editorial de OGlobo. En cuanto a Moraes, dice que “parece evidente que existen suficientes elementos para justificar la apertura de una investigación en su contra”, algo “sin precedentes en los 135 años de historia del Tribunal. Concluye que si el tribunal no aborda el tema, “equivaldría a una admisión de culpabilidad, en cuyo caso lo más sensato sería que renunciaran. De lo contrario, el Senado -la institución encargada de juzgar a los magistrados del Tribunal Supremo y al Fiscal General por delitos de responsabilidad- intervendrá, desencadenando una disputa entre ambas instituciones. Ese sería el peor escenario posible”.
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