La investigación de la Policía Federal de Brasil sobre la presunta trama vinculada al Banco Master apunta a la existencia de cuatro grupos principales, cada uno con funciones específicas, dentro de la estructura criminal. Esta división fue descrita en la decisión del ministro André Mendonça del Supremo Tribunal Federal (STF), con base en la representación presentada por la Policía Federal.
Núcleo financiero
Responsable de estructurar esquemas de fraude contra el sistema financiero, incluyendo la recaudación de fondos y transacciones financieras para el grupo.
Según la investigación, el grupo central estaría liderado por Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master, quien fue señalado como el principal arquitecto de las estrategias financieras de la organización.
También forma parte de este grupo, según las investigaciones, el pastor y empresario Fabiano Campos Zettel, cuñado de Vorcaro, señalado como un operador financiero responsable de facilitar las transferencias y estructurar los instrumentos contractuales utilizados en las operaciones investigadas.
Núcleo de la corrupción institucional
El objetivo era cooptar a servidores públicos del Banco Central, que, según la Policía Federal, supuestamente actuarían a favor de los intereses del banco investigado.
La decisión apunta a la implicación de dos empleados del área de supervisión bancaria de la agencia: Paulo Sérgio Neves de Souza, entonces subdirector del Departamento de Supervisión Bancaria (Desup), y Belline Santana, quien ocupaba un puesto directivo en el mismo departamento. Al ser contactados por OGlobo, no hicieron comentarios.
Según la investigación, los empleados supuestamente brindaron orientación estratégica al controlador del banco, revisaron documentos que debían enviarse al propio Banco Central y anticiparon información sobre procesos administrativos y transacciones identificadas por los sistemas de monitoreo del organismo.
Unidad de ocultación de activos y blanqueo de capitales
Responsable de ocultar el origen y movimiento de los fondos obtenidos en el esquema, utilizando empresas y estructuras corporativas para disfrazar pagos y transferencias financieras.
Entre los investigados y vinculados a este grupo se encuentra Leonardo Augusto Furtado Palhares, señalado como responsable de formalizar contratos utilizados para dar apariencia de legalidad a pagos relacionados con el grupo.
También vinculada a esta estructura está Ana Claudia Queiroz de Paiva, quien supuestamente actuaría en la operacionalización de transferencias financieras y en la gestión de pagos asociados a las actividades de la organización.
Según la sentencia, varias empresas habrían sido utilizadas como intermediarias para mover fondos y formalizar contratos ficticios.
Unidad de Intimidación y Obstrucción a la Justicia
Responsable de monitorear a los adversarios, recopilar información y llevar a cabo tácticas de intimidación contra individuos considerados perjudiciales para los intereses del grupo.
Este grupo sería coordinado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado en las comunicaciones como "Felipe Mourão" y apodado "Sicario".
La investigación indica que lideraba una estructura informal denominada “La Pandilla”, utilizada para realizar actividades de vigilancia, recabar información y monitorear a personas vinculadas a las investigaciones o críticas al grupo.
También se cita como miembro de este grupo al policía federal retirado Marilson Roseno da Silva, quien supuestamente trabajaba en la recolección de datos y en la realización de actividades de vigilancia y monitoreo de objetivos definidos por la organización.
En un comunicado, la defensa de Zettel afirma que, tras conocerse el lanzamiento de la 3.ª Fase de la Operación Cumplimiento Cero, la defensa de Fabiano Campos Zettel informa que su cliente ya se presentó ante la Policía Federal. Si bien no ha tenido acceso al objeto de las investigaciones, Fabiano se encuentra a plena disposición de las autoridades.
La defensa de Vorcaro, también en un comunicado, afirma que "el empresario siempre ha estado a disposición de las autoridades, colaborando con transparencia en las investigaciones desde el inicio, y nunca ha intentado obstruir la labor de las autoridades ni del sistema judicial". "La defensa niega categóricamente las acusaciones atribuidas a Vorcaro y confía en que el esclarecimiento completo de los hechos demuestre la regularidad de su conducta", declaran los abogados. Mariana Muñiz / OGlobo
El caso del Banco Master
Tras un crecimiento acelerado impulsado por ofertas más atractivas que la media, el Banco Master fue liquidado el pasado noviembre. Su presidente, Daniel Vorcaro, fue detenido mientras intentaba salir del país. Vorcaro, en el aeropuerto internacional de São Paulo, se encontraba en su jet privado, a punto de huir de Brasil rumbo a Dubai cuando fue interceptado. La Policía Federal estima un agujero financiero de 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares) y más de 1,6 millones de clientes afectados.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, se ha referido al caso diciendo que "puede tratarse del mayor fraude bancario" de la historia de Brasil.
El juez de la Corte Suprema de Brasil, José Antônio Dias Toffoli, dejó en febrero la instrucción de un caso de corrupción vinculado a un banco tras fuertes presiones, después de que su nombre apareciera citado en la investigación policial.
La caída de Toffoli, ministro del Supremo
La prensa brasileña reveló informaciones que vinculan indirectamente a Toffoli con el Banco Master. Uno de los reportes desveló que la familia de Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, el Tayayá Aqua Resort, a un cuñado del banquero investigado, Zettel, por unos 6,6 millones de reales (unos 1,2 millones de dólares).
No obstante, después de esa venta, realizada en 2021, el juez siguió viajando semanalmente al complejo de ocio, donde posee una casa, según la prensa.
Los registros de los viajes han sido constatados con datos públicos sobre el pago de dietas al equipo de seguridad que acompaña al magistrado del Supremo, uno de los once que integran el plenario de la corte.
Con todo, Toffoli se hizo cargo del caso, en lugar de derivarlo a la justicia ordinaria, bajo el argumento de que hay implicadas autoridades que gozan de foro privilegiado, y además decretó el secreto de sumario.
Sin embargo, la presión contra él aumentó de manera notable esta semana luego de que su nombre apareciera citado en un informe de la Policía Federal, que identificó un intercambio de mensajes entre Vorcaro y Zettel en el que discuten pagos a través de una empresa que tiene entre sus socios al propio Toffoli, según la prensa.
De acuerdo con el diario Folha de São Paulo, en el documento se mencionan pagos efectuados en 2025, año en el que se concluyó el negocio del complejo hotelero.
Toffoli, antiguo abogado del Partido de los Trabajadores (PT), que fundó y lidera el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien a su vez lo postuló para el Supremo en 2009, siempre ha negado cualquier tipo de implicación en el escándalo.
Con información de EFE y AFP
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