Redacción El País
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción de urgencia para tramitar el proyecto de amnistía que podría abarcar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
El proyecto de ley, destinado desde un principio a un perdón para los condenados por la asonada del 8 enero de 2023 en Brasilia, ha sido la prioridad del partido de Bolsonaro en esta legislatura.
Tras la aprobación de la moción de urgencia por 311 votos a favor y 163 en contra el miércoles, el texto será discutido directamente en el plenario, en lugar de pasar por las comisiones de la cámara baja.
El expresidente, de 70 años, está en prisión domiciliaria preventiva en Brasilia y este miércoles fue diagnosticado con cáncer de piel.
El proyecto legislativo podría beneficiar a unas 700 personas ya condenadas por participar en la asonada de 2023 contra las sedes de los poderes públicos, que según la corte suprema fue instigada por Bolsonaro como parte de la trama golpista. Y también podría abarcar al expresidente, aseguran sus aliados en el Congreso.
“Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía, porque Bolsonaro merece recuperar todo aquello que Alexandre de Moraes le quitó”, afirmó el martes el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, al aludir al juez a cargo del caso.
El sindicalista y diputado de centro Paulo Pereira da Silva será el relator del proyecto de amnistía. Conocido como “Paulinho da Força”, el legislador del partido Solidaridad se encargará de redactar un texto de “consenso” junto con el Senado y el resto de fuerzas parlamentarias que “permita pacificar el país”, dijo a los periodistas. “El país no aguanta más esta polarización”, afirmó el diputado.
Paulinho da Força tendrá como base una iniciativa ya en curso en la Cámara de Diputados que prevé una amnistía para los participantes de la asonada de enero de 2023. Ese periodo incluye el episodio conocido como el “asalto a Brasilia” del 8 de enero de 2023.
La moción de urgencia fue apoyada por los partidos de derecha y centroderecha, que derrotaron a la bancada oficialista de izquierda.
El texto, sin embargo, aún enfrenta un largo camino para convertirse en ley. Primero debe sortear la resistencia del oficialismo en el plenario de la Cámara de Diputados. Luego iría a discusión al Senado, donde el gobierno de Lula es más fuerte que en la cámara baja, aunque también minoritario.
Además, el propio Lula podría vetar la ley y varios magistrados del supremo han manifestado que dicha norma sería inconstitucional.
El juez Moraes desmintió una versión de prensa según la cual habría un acuerdo secreto entre la corte suprema y parte del parlamento para redactar una ley que reduzca las penas únicamente a los condenados por el 8 de enero, a cambio de permitir a Bolsonaro purgar el resto de su condena en prisión domiciliar. “El STF (Supremo Tribunal Federal) no hace acuerdos. El STF aplica la ley”, afirmó el magistrado en un comunicado.
Paralelamente a la acción parlamentaria, Bolsonaro tiene previsto apelar la condena del STF, según anunció su defensa. Además de esta sentencia, el expresidente está inhabilitado políticamente hasta 2030.
Brasil celebrará en 2026 elecciones presidenciales sin que la derecha haya definido hasta ahora un candidato sustituto para Bolsonaro.
Por su parte Lula, de 79 años, ha expresado en varias ocasiones su intención de presentarse a la reelección. AFP, EFE
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