La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) levantó el efecto suspensivo sobre una licitación para contratar traslados comunes “no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones. La medida se había tomado tras la presentación de recursos administrativos de revocación, jerárquico y anulación por parte de las firmas de ambulancias Drot y Russomando.
La Gerencia Administrativa Financiera de ASSE planteó que corresponde "proceder al levantamiento del efecto suspensivo de la impugnación en el marco de la normativa vigente", valorando que la Dirección de Recursos Materiales de ASSE informó que “la interrupción o demora en la contratación genera un vacío operativo en traslados y afecta directamente a usuarios vulnerables”, señala la resolución, a la que accedió El País, con fecha 29 de abril y publicada este lunes en la sección de “Aclaraciones” del portal de compras estatales.
El artículo 73 del Tocaf, texto ordenador del funcionamiento de la administración pública, establece que los recursos administrativos “tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por resolución fundada declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le causa graves perjuicios”.
Con este paso, ASSE rechaza los recursos y avanza con la licitación de “traslados de pacientes ambulatorios, traslados programados (consultas, estudios, altas, etc) las 24 horas del día los 365 días del año, con cobertura en Montevideo, zona metropolitana y Canelones para traslado desde y hacia centros de salud, con tiempos de respuesta no mayor a 30 minutos”, tal como indica el pliego publicado el 20 de marzo. Está previsto que se reciban ofertas hasta el 12 de mayo, según la página de compras estatales.
“Estamos ante un pliego licitatorio que no cumple con la normativa”, dijo Yenny Caraballo, gerenta general de Russomando y presidenta de la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa), semanas atrás a El País en el marco de la presentación de recursos administrativos.
Russomando y DROT también presentaron una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (MEF) contra ASSE por “conductas y condiciones licitatorias que distorsionan el mercado de servicios de traslado no medicalizados, generando condiciones de competencia asimétrica y antijurídica en perjuicio de los operadores del sector y, más aún, de los usuarios del sistema de salud pública, un universo poblacional caracterizado por altos índices de vulnerabilidad, edad avanzada y dependencia funcional”, indica el escrito al que accedió El País.
La licitación quedó envuelta en la polémica luego de que ASSE resolviera activar, antes del plazo de presentación de ofertas y por ende de la adjudicación, un “plan piloto” de traslados de usuarios en taxis en Montevideo, que se presentaron a la licitación citada.
El presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo a El Observador semanas atrás que estos traslados brindan “las mismas garantías que los vehículos actuales”, y que cuestan menos que los traslados en ambulancias, como se hacen hasta ahora.
La medida también contó con el respaldo de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. “Son herramientas que bajan el costo, protegen a los pacientes y facilitan el acceso”, dijo la jerarca el mes pasado, al ser consultada sobre si estaba de acuerdo con traslados en autos con mampara.
La licitación y el “plan piloto” derivaron en cuestionamientos desde la oposición política. El diputado nacionalista Amín Niffouri realizó pedidos de informes y convocó al directorio de ASSE a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados para que se brinden explicaciones sobre esta medida. Niffouri dijo a El País que "en principio" acordaron la comparecencia para el miércoles 13 de mayo.