ASSE: oposición votó comisión investigadora y FA solicita crear otra para indagar en gestión de Cipriani

En principio, ambas tienen los votos necesarios para aprobarse; funcionarían paralelamente, pero el oficialismo propone “unificar” su labor.

Cámara de Diputados.
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Foto: Ignacio Sánchez.

El Parlamento se encamina a instalar dos comisiones investigadores por presuntas irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La oposición aprobó este lunes una que investigará al organismo en su actuar desde el 2015 a la fecha, mientras que el Frente Amplio (FA) presentó una solicitud para crear otra enfocada en la gestión de Leonardo Cipriani (2020-2024), denunciada penalmente por el actual directorio encabezado por Álvaro Danza.

Blancos y colorados buscan indagar la gestión del actual subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en el Hospital Pereira Rossell, la administración de Álvaro Villar en el Hospital Maciel, y la contratación al Plenario de Mujeres (Plemuu) años atrás, entre otros temas, incluida la labor de Danza. Tras una crítica inicial del FA, aceptaron incluir la gestión de Cipriani en la investigación.

En el informe mayoritario de la sesión de este lunes, elaborado por los diputados Pablo Abdala y Felipe Schipani, al que accedió El País, se dispone “investigar las presuntas irregularidades, supuestamente acontecidas en el período anterior, constatadas a partir de auditorías que habrían motivado la presentación de una denuncia penal”. Además, critican que el gobierno actuó con “notoria ligereza” y “evidente intención política”.

En contraposición, el informe del diputado frenteamplista Luis Gallo sostiene que la moción de los legisladores opositores “no satisface los requisitos exigidos” ya que “presenta un contenido de notoria amplitud, abarcando una multiplicidad de situaciones de diversa naturaleza —jurídica, administrativa, presupuestal y organizacional— sin una adecuada delimitación de su objeto”.

En ese sentido, afirma que varios de los temas abordados “han sido previamente considerados en el ámbito parlamentario o por los organismos competentes, lo que torna improcedente su reconsideración mediante la vía excepcional de una comisión investigadora”.

En rueda de prensa, Gallo dijo que, si bien el FA propuso paralelamente crear una investigadora para ahondar en “hechos concretos”, el objetivo es “unificar las dos comisiones” y que “funcione solamente una”. Consultado al respecto, indicó que tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana (partido de Gustavo Salle) votarán la creación de ambas comisiones, asegurando así ambas iniciativas; esto también fue comunicado por Abdala.

La bancada de diputados oficialistas comunicó en una conferencia de prensa su solicitud para la comisión y Federico Preve aseguró que creen “que hay evidencia suficiente para investigar casos de corrupción” y de “abuso de poder”. “Si encontramos un objeto común de investigación en la negociación, claramente va a ser resorte de la negociación interpartidaria”, manifestó.

Abdala señaló, en respuesta a los cuestionamientos de Gallo, que el “objeto” de la comisión propuesta por su partido “es de tal amplitud que ningún tema queda fuera”, al tiempo que criticó que “tampoco se hizo una contrapropuesta para ajustar los términos” de la investigadora propuesta.

“Hay una actitud de vanidad política o de cierta soberbia, en el sentido de que la comisión que vaya a salir tiene que ser la que yo proponga y no la que proponga la oposición, lo cual sería infantil y absurdo. O en el fondo lo que no se quiere es investigar”, agregó en rueda de prensa.

Según el diputado blanco, conjugar ambas comisiones es “en todo caso una eventualidad” que se verá “si acontece o no”: “Para nosotros hoy no hay otro escenario posible más que este que estamos conversando”.

Por su lado, Varela sostuvo durante la conferencia que el FA está dispuesto “a investigar todo lo que sea necesario” y respondió a las críticas de su par nacionalista.

“Esta investigadora que presentamos no es respuesta a la que se generó hace pocos días acá en la cámara. La veníamos trabajando, preparando con absoluta seriedad, con toda la información necesaria. No negamos ninguna investigación y, de hecho, algunos temas que presentó la oposición ya fueron investigados e inclusive significaron presencia de autoridades en sala. Por lo tanto, el Frente Amplio nunca oculta nada, ni tiene nada para ocultar”, declaró.

Irregularidades en ASSE

El directorio de ASSE, liderado por Danza, denunció penalmente a los integrantes del anterior directorio encabezado por Cipriani, Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, así como al exgerente general Eduardo Henderson, por supuestas irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG por parte de SAME 105 entre 2022 y 2024, así como en los convenios firmados con el Casmu y el Círculo Católico para la contratación de camas, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

En una declaración, las autoridades anteriores condenaron el “claro ataque político y personal sin fundamento jurídico alguno”. No obstante, dijeron estar “a disposición” de la Justicia, pero remarcaron que en su gestión “no se debilitó ningún tipo de control ni procedimiento por parte del Directorio anterior”, sino que “en todo caso se reforzaron”.

La compra de traslados de la emergencia de ASSE (SAME 105) a ITHG —actual UTAM—, una firma creada en plena pandemia, fue fuertemente cuestionada por el Frente Amplio cuando era oposición, pese a que siguió contratando sus servicios en la actual gestión.

Tras una auditoría de ASSE con respecto a las compras a ITHG, que marcó pagos por encima del mercado, desvíos de un 700% de la pauta y hasta el pago de viajes cancelados, una investigación administrativa posterior arrojó que no hubo un procedimiento “competitivo”, y que la firma recibió un 97% del gasto de SAME 105.

También se marcó que hubo compras de traslados por $ 2.000 millones, todas observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR), y sin una “regularización” correspondiente, sino con una “pasividad” frente a advertencias “reiteradas”. Así como que hubo un “fraccionamiento ilegítimo” del gasto para que se encuadre bajo compra directa, cuando correspondía una licitación pública, algo considerado como “falta grave”.

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