Tras nueva polémica interna, la Jutep comunicó que repudia las “expresiones agraviantes” de la oposición

El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública es un escenario de batalla política desde que quedó conformada su actual integración en octubre del año pasado. Las decisiones que toman su presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti —la mayoría que ostenta el Frente Amplio— suelen contar con el rechazo de quien representa a la oposición, el director nacionalista Luis Calabria, y las discrepancias internas han tenido dimensión nacional: llegaron al Parlamento en forma de interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, a fines del año pasado tras el polémico caso Danza —el organismo, con el respaldo de Ferraris y Asti, rechazó la incompatibilidad constitucional del titular de ASSE, pese al crítico informe de la Asesoría Letrada en ese sentido— y en una reciente acalorada comparecencia ante la comisión de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados.

El directorio discutió esto último en la sesión del jueves 18, donde, como informó El País, se vertieron cuestionamientos que molestaron a los directores oficialistas, que ya entonces habían planteado públicamente que buscarían que la institución diera una respuesta, como finalmente —y con el voto discorde de Calabria— se terminó dando.

El pronunciamiento de Ferraris y Asti buscó, sobre todo, contestar al diputado blanco Juan Martín Rodríguez, que ese día bautizó a la Jutep como Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública (Jofep) y apuntó contra una funcionaria del organismo —presente en la sesión—, encargada de analizar las declaraciones juradas, por tener una "connotada militancia política" en el Frente Amplio.

"El uso de expresiones agraviantes para con el organismo no constituye una crítica legítima ni fundada en relación a su actuación sino una descalificación personal e institucional grave que atenta contra el debido respeto a las instituciones republicanas", se sostiene en el punto 2 de los fundamentos de la resolución, que también recuerda que "los fueros parlamentarios (art. 114 de la Constitución) tienen como única finalidad proteger la independencia del Poder Legislativo, no constituyendo un privilegio personal que ampare el agravio a las instituciones del Estado ni a las personas".

"Este tipo de expresiones —se afirma también— contribuyen a la deslegitimación y desprestigio del órgano encargado del combate a la corrupción y en nada aportan al debate de fondo respetuoso y fundado acerca de su proceder. Por el contrario, tienen (sic) a desvalorizarlo como instrumento legal para disuadir, prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción".

La referencia a la funcionaria fue interpretada como un agravio "por sus convicciones políticas personales, (lo que) constituye una forma de discriminación prohibida" por el Código de Ética de la Función Pública y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta última promotora de la erradicación contra "la violencia contra la mujer", recordaron Ferraris y Asti. Ese pacto, además, "obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito público, incluyendo actos de humillación e intimidación por razones políticas".

Por todo eso, el directorio decidió "repudiar" el "uso de todo tipo de expresión agraviante para hacer referencia al organismo" y "la discriminación de la que fue objeto la funcionaria Ec. Nerena Bárcena fundada en sus convicciones políticas personales y en el ejercicio del derecho a expresar libremente su pensamiento".

Además, se dejó "expresa constancia que las descalificaciones contra funcionarios públicos por sus ideas políticas son inadmisibles en una democracia republicana constituyendo un acto de discriminación y hostigamiento inaceptables en un Estado de Derecho".

Por último, se expresó la "solidaridad institucional con la funcionaria agraviada y con todo el personal de la Jutep".

Asti, de acuerdo al acta de la sesión —a las que accedió El País— tomó la palabra para además criticar cómo se llevó adelante la comparecencia ante la comisión parlamentaria.

"La mayor parte de la sesión se desarrolló fuera del tema para el que fuimos convocados", criticó el dirigente frenteamplista, que acusó a "la mayoría de los legisladores de la oposición", excepción hecha del "proponente de la convocatoria", a dedicarse a "los agravios a la Jutep y sus integrantes".

"Se abusó de los fueros (que corresponden a la Cámara y no a cada uno de sus integrantes) para realizar ataques políticos destemplados a personas, que no solo no tienen fueros, sino que por el contrario tienen limitaciones constitucionales para hacer declaraciones políticas como muchas de las realizadas en Sala", declaró.

El posicionamiento del oficialismo, como era de esperar, generó el explícito rechazo de Calabria, cuya posición quedó reflejada solo en el acta de la sesión —no así en la resolución, por decisión únicamente de Ferraris y Asti tomada meses atrás.

"Los cuestionamientos públicos que han tomado estado notorio tienen origen en una serie de hechos institucionales respecto de los cuales el suscrito ha formulado observaciones, reservas y constancias en distintas instancias del directorio", dijo.

Como ejemplo de ello, se remitió al caso Danza y a una postura adelantada con mucha anterioridad por parte de Ferraris. "El 25 de setiembre de 2025, la presidenta del organismo afirmó públicamente que la Jutep ya tenía una 'opinión formada' y que el tema estaba 'totalmente estudiado'. Sin embargo —dejó sentado Calabria—, la actuación técnica de la Asesoría Letrada recién comenzó formalmente el 14 de octubre de ese año".

"El denominado caso Danza —siguió cuestionando el nacionalista— no constituye un episodio aislado, sino el primer antecedente visible de una serie de decisiones posteriores que revelan una misma orientación institucional respecto del papel de los procedimientos, de la intervención técnica y de la forma en que se ejerce la conducción del
organismo".

Calabria también enumeró otros problemas —que forman parte del análisis que el Partido Nacional se encuentra haciendo con miras a una eventual denuncia en Fiscalía—. A su juicio, hubo "alteraciones de procedimientos y criterios institucionales", "intervención directa de la presidenta en expedientes concretos", "tratamiento excepcional" en algunos casos por "mandato verbal" de Ferraris", "existencia de actuaciones paralelas desarrolladas fuera de expedientes", "intervención directa del vicepresidente cuestionando un informe técnico durante la sustanciación de un expediente", "degradación funcional sostenida de la Asesoría Letrada mediante la reducción de su participación en asuntos que históricamente integraban su ámbito natural de actuación", entre otras irregularidades señaladas.