Oposición mantiene a la Jutep bajo fuego y plantea nombres para sustituir a directores del FA, como Gil Iribarne

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sigue bajo fuego de la oposición, en momentos en que la labor de la institución está en la mira de la opinión pública, ya que formalmente comenzó a analizar las nueve denuncias anónimas que se presentaron contra el presidente Yamandú Orsi, luego de que se conociera que adquirió una camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento de US$ 25 mil, más sus sucesivas explicaciones sobre el mecanismo de pago —que incluyó la entrega de dos autos, uno de los cuales fue donado a su campaña en 2024— y que mereció reproches que, hasta este mismo miércoles, todavía se están produciendo en filas del propio oficialismo.

La renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, es algo que blancos, colorados e independientes están pidiendo desde hace tiempo —desde diciembre del año pasado, al menos, luego de que la mayoría de su directorio respaldara la actuación de Álvaro Danza al frente de ASSE—, pero ahora también exigen la remoción del vicepresidente del organismo, el también frenteamplista Alfredo Asti, y hay dirigentes que incluso plantean nombres —por lo menos el de uno— para el reemplazo de ambos, y que de hecho tienen identificación frenteamplista.

El diputado colorado Felipe Schipani, uno de los parlamentarios más activos en este tema, dijo a El País que propondrá al oficialismo que se tenga en cuenta a Ricardo Gil Iribarne, quien supo encabezar la Jutep durante gran parte del segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) —y que en esta administración ocupó, hasta su renuncia en marzo pasado, el cargo de asesor en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Durante la gestión de Gil Iribarne como presidente de la Jutep, hubo fallos del organismo muy críticos con el oficialismo de entonces, como cuando en setiembre de 2017 entendió que el entonces vicepresidente Raúl Sendic había cometido "violaciones a las normas vigentes" o cuando concluyó que no era "conveniente" que el consuegro de Vázquez fuera el chofer personal del presidente —y este, en respuesta a ese informe, resolvió la desvinculación del pariente.

Y ahora, días atrás, en entrevista con Radio Carve, Gil Iribarne aseguró que veía el episodio de la camioneta como "muy negativo" por el impacto que podía generar en "la confianza de la gente".

"Ya que ahora van a analizar el caso del presidente, le sugeriría al gobierno que haya un cambio en la Jutep, y que se instale un directorio que dé garantías", sostuvo Schipani, que cuestionó, además de a Ferraris —criticada esta semana por haberse declarado "incompetente" en cuestiones matemáticas tras reconocer un error en su propia declaración jurada—, a Asti, por ser "un actor político que pasó de la batalla electoral a la Jutep".

"Por eso creo que una muy buena señal sería un cambio, y puedo dar el nombre de Gil Iribarne como una posibilidad, ya que se trata de un frenteamplista que ha demostrado aplicar las normas éticas con el mayor rigor", dijo el colorado.

El planteo es "personal", pero cree que puede ser "bien tomado por todo el sistema político" y especialmente por sus colegas de la oposición, que "hoy cuestionan una integración que no da garantías".

Al diputado nacionalista Pablo Abdala, que a mediados de mayo encabezó una conferencia de prensa en la que se anunció que el Partido Nacional estudiará la posibilidad de denunciar en Fiscalía algunas acciones de la mayoría oficialista de la institución, dijo no ser afín a hablar de "nombres". Pero afirmó que estaba de acuerdo en pensar una Jutep como la de hace 10 o más años, cuando el organismo, dijo, "sí daba garantías". "Necesitaríamos a alguien como (Wilfredo) Penco, un nombre que es neutral", pese a su pasado como dirigente de izquierda, "pero que ha dado pruebas de que, más allá de su pasaje por el Frente Amplio, es un señor que ha dado garantías en la Corte Electoral". "Ese es el perfil que precisamos, porque este directorio está agotado".

Juan Martín Rodríguez, otro de los legisladores críticos con la conducción oficialista del organismo, también evitó hablar de nombres, aunque respecto de la propuesta concreta de Schipani, esto es, el nombre de Gil Iribarne, dijo que se trataba de una persona sobre la cual no tenía "nada que decir".

"No lo conozco tanto como a Penco, quien me reviste toda la confianza y es la persona para continuar en la Corte. Pero entiendo que Gil Iribarne ha cumplido su función de forma más que responsable, más allá de que se pueda discrepar con él desde un punto de vista técnico", dijo el diputado blanco, quien añadió que no lo iba a "promocionar" para que regrese al cargo, pero que sí "reviste los elementos suficientes como para dirigir este tipo de instituciones".

Asimismo, se remitió al proyecto de ley que presentó el colorado Conrado Rodríguez, que —como informó El País este martes—, propone que los futuros miembros de la junta anticorrupción “sean abogados que hayan desempeñado efectivamente el cargo de magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público (Fiscalía) por un plazo mínimo de 10 años”.

El nacionalista dijo que firmará en respaldo la iniciativa del colorado.

Los detalles de "cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al presidente Yamandú Orsi en la asunción del 1° de marzo de 2025 ya fueron solicitados por Schipani a Presidencia, en un pedido de informes que el colorado elevó el 27 de mayo.

Esa información requerida, que el prosecretario Jorge Díaz se comprometió públicamente a dar respuesta, ahora fue ampliada en un segundo pedido, al que accedió El País. Con fecha de ayer 9 de junio, Schipani solicitó a Presidencia que dé detalles del "vehículo Renault que fue entregado como parte de pago" en el negocio que hizo el mandatario, así como la documentación asociada "que acredite la adquisición" de esa camioneta donada en la campaña.

Pero el colorado también pretende que se confirme "la existencia de una reunión mantenida en Cabo Polonio entre el señor Oliva", dueño de la concesionaria que le entregó la Hyundai Santa Fe al mandatario, "y el señor presidente de la República, en la cual se habría acordado la utilización de un vehículo Hyundai para los actos del 1° de marzo y el posterior descuento otorgado para la adquisición" de la camioneta que ofició de automóvil oficial hasta días atrás.

"Sírvase informar si Presidencia de la República confirma o desmiente tales extremos" informados por el programa Así Nos Va de Radio Carve el pasado 3 de junio, concluyó Schipani que, entre otros datos, también quiere tener acceso al "informe técnico" que determinó que debía ser de Hyundai, y no de otra marca, el vehículo que trasladaría al presidente el día de su asunción.