“Si está todo en la Justicia, este es un paso de más”: Colonización defendió compra de María Dolores en comisión

Las autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC) asistieron a la comisión investigadora de la Cámara de Representantes por la compra de la estancia María Dolores por unos US$ 32,5 millones. Inicialmente, la comparecencia iba a ser el lunes 6 de abril, pero se adelantó a pedido del presidente del organismo, Alejandro Henry Rodríguez, que tiene que viajar.

En rueda de prensa posterior a la sesión, el jerarca manifestó que “la gente está un poco cansada” del tema y aseguró que, “si está todo en la Justicia, esto es un paso de más”, en referencia a la denuncia penal en curso presentada el año pasado.

“De todas maneras, el instituto está dispuesto siempre y tiene las puertas abiertas para contar lo que está haciendo y por qué. Contestamos todas las preguntas que estuvieron a nuestro alcance y algunas muy específicas las vamos a terminar contestando por escrito. En ocho meses ya los productores están recibiendo grano. Ellos mismos están autogestionando todo el proceso y llegaron ya a 49 productores más de 70 camiones de grano, y 143 camiones de maíz de planta entera también a otros productores. Nos parece fundamental la rapidez con que se han hecho todos los procesos”, explicó.

Henry destacó la generación de puestos de trabajo en la industria láctea y el “componente de asistencia a pequeños productores”, en referencia a los 381 productores familiares que producen menos de 600.000 litros de leche anualmente en la zona. En ese sentido, señaló que se están “perdiendo más de 100 productores por año”.

Además, dijo que al final del quinquenio el predio de María Dolores “tendrá un valor que seguramente va a tener una capitalización, como han tenido las tierras, del 4% anual, o sea que el Estado va a llegar al final del período con más capital en tierra”.

“Para nosotros María Dolores viene funcionando de forma muy buena y muy rápida. El banco de forraje es la forma por la que accedemos a más productores. Cuanto más grande sea el banco de forraje, más productores podemos abarcar de esos 381 que tenemos como objetivo y que están con necesidad de ser asistidos. Después, el número de tambos no nos parece relevante. Lo más relevante es llegar a un acuerdo con los beneficiarios de la zona y ver cuál es el mejor proyecto que va a tener más impacto social”, sostuvo.

Con respecto a la legalidad de la compra, el presidente del INC afirmó que “es un elemento totalmente acabado”, ya que se entiende que “los procesos se hicieron como correspondía”.

El diputado colorado Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión, dijo por su parte que se argumentaron “cosas reiteradas que se han dicho una y otra vez, sobre la importancia estratégica o todo un montón de cuestiones más conceptuales, y que no resuelven los principales cuestionamientos”.

Incluso, señaló que un asesor de Henry “defendió que básicamente el señor Eduardo Viera podría haber seguido como presidente de Colonización, contradiciendo a quienes asesoraron al presidente de la República (Yamandú Orsi) en ese sentido”, en alusión a cuando renunció en mayo de 2025.

“En todo el proceso entendemos que hubo una obstinación política de querer comprar esta estancia a como dé lugar y después tratar de hacer encajar en el procedimiento todos los demás pasos. Una y otra vez vemos cómo cambia cuál es el plan de fondo, que si eran 16 colonos o si ahora son 6, que si los olivos no se iban a utilizar y ahora quizás sí, que si hay aprobación ambiental para el feedlot o quizás no”, comentó.

La instalación de la comisión investigadora se aprobó tras tres postergaciones: en setiembre, diciembre y la última en febrero. La oposición, según consta en las actas de la preinvestigadora, apunta contra el oficialismo en varios aspectos, incluida una presunta inconstitucionalidad por haber realizado la compra “en honor” al fallecido expresidente José Mujica. También se cuestiona la cifra neta y el precio que se pagó por hectárea, que sería un 40% mayor al valor de mercado.

La estancia tiene 4.400 hectáreas y el INC pagó US$ 7.300 por cada una de ellas. La oposición cita un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) previo a la compra que establecía que el “el valor de tierra para operaciones similares en el mismo lugar es de US$ 4.400 la hectárea”.

También apunta contra Viera, quien resolvió la compra y “tuvo que renunciar luego de que se comprobara que estaba impedido de ocupar dicho cargo” por ser colono.