Investigadora de María Dolores: evalúan primeras comparecencias y Perrone critica “capricho” por posible prórroga

La comisión investigadora de Diputados que indaga la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) por unos US$ 32,5 millones sesionó por primera vez este lunes en un breve encuentro en el que se definió la primera comparecencia de autoridades.

Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio y presidente de la comisión, señaló a El País que las autoridades del INC, con el presidente Alejandro Henry Rodríguez a la cabeza, comparecerán en la próxima sesión, que será el lunes posterior a la Semana de Turismo.

“Nosotros no tenemos problema en que se instale una investigadora. Es más, nos parece que es una buena oportunidad para que se conozca qué es lo que está haciendo el INC con el proyecto productivo de María Dolores y los avances que puede ir teniendo. Además, para nosotros no hay nada que ocultar. Es una oportunidad para mostrar que el INC juega un papel importante para la pequeña producción agropecuaria, para la lechería en Florida, en el caso de María Dolores”, manifestó.

En ese sentido, dijo que la semana pasada “algunos pequeños productores lecheros del norte de Canelones” recibieron “algo del maíz que se plantó en María Dolores sobre fines del año pasado”. El dirigente del MPP afirmó que “cualquier aporte de alimento para las vacas en un contexto de sequía viene bien” y destacó la necesidad de que este tipo de resultados se conozcan.

Valdomir también dijo que piensa citar, además de a las autoridades del INC, a la Intendencia de Florida, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), e incluso a “los propios beneficiados”: “A esta gente yo quiero escucharla, para saber cómo les beneficia o en qué les cambia la producción”.

Por su parte, el diputado colorado Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión, aseguró que planteará citar a catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y a las autoridades del Instituto Nacional de la Leche (Inale), según dijo en diálogo con El País.

Además, no se descarta solicitar la presencia de Eduardo Viera, que renunció al cargo de presidente de la INC en mayo de 2025 (luego de que se hiciera pública su condición de colono), ya que la polémica en torno a la compra de la estancia comenzó durante su gestión. También evalúa citar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Quien criticó la dinámica de la comisión fue Álvaro Perrone, diputado por Cabildo Abierto (CA), con respecto a las circunstancias del plazo de la comisión, que vence el 11 de junio.

“Lo que hicieron fue a las apuradas meter la investigadora y no se dieron cuenta de la fecha en que la votaron. Se comieron Semana de Turismo y que entra la Rendición de Cuentas y la reforma del Código del Proceso Penal. Alguno de los que propusieron la comisión ya están hablando de prorrogarla. Entonces ya es capricho. Es capricho para tener el tema arriba de la mesa y estar hablando siempre. Hoy no citaron a nadie, una cosa rara. Yo pensé que con los pocos días que van a haber para trabajar, que va a quedar mayo y algún día nomás, pensé que hoy iban a aparecer con un montón de citaciones y no citaron a nadie”, aseveró a El País, en referencia a quienes impulsaron la investigadora, principalmente el Partido Colorado.

Según el diputado cabildante, “es una tomada de pelo”, y comparó su funcionamiento con el de la comisión sobre la compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, que “arrancó y enseguida arrancaron las citaciones”.

Pablo Constenla, diputado del Partido Nacional, señaló a El País que “en principio” no se pedirá una prórroga porque esperan “tener la suficiente capacidad de trabajo”, más allá de también depender “de la voluntad de las autoridades de concurrir a la investigadora”.

Sin embargo, indicó que la posibilidad se comentó entre los legisladores de la comisión, en caso de que “a los 90 días no se llegue a una conclusión fehaciente”.

La instalación de la comisión investigadora se aprobó tras tres postergaciones: en setiembre, diciembre y la última en febrero. La oposición, según consta en las actas de la preinvestigadora, apunta contra el oficialismo en varios aspectos, incluida una presunta inconstitucionalidad por haber realizado la compra “en honor” al fallecido expresidente José Mujica. También se cuestiona la cifra neta y el precio que se pagó por hectárea, que sería un 40% mayor al valor de mercado.

La estancia tiene 4.400 hectáreas y el INC pagó US$ 7.300 por cada una de ellas. La oposición cita un informe del MGAP previo a la compra que establecía que el “el valor de tierra para operaciones similares en el mismo lugar es de US$ 4.400 la hectárea”.

También apunta contra Viera, quien resolvió la compra y “tuvo que renunciar luego de que se comprobara que estaba impedido de ocupar dicho cargo” por ser colono.