Reforma al CPP: en el gobierno confían en su "respaldo técnico y doctrinario"; oposición plantea primeras dudas

Introducir mejoras al actual Código del Proceso Penal fue una de las prioridades de gestión que estableció Presidencia de la República en las primeras semanas de trabajo luego de la asunción de Yamandú Orsi como jefe de Estado. Ya el 11 de abril de 2025, y con la iniciativa del prosecretario Jorge Díaz —principal impulsor del actual sistema penal desde que se convirtió en fiscal de Corte en 2012—, se creó un Grupo Asesor Técnico (GAT), que durante casi un año diseñó las transformaciones que debe sufrir el CPP.

El resultado de estos 11 meses de estudio, y en donde participaron representantes todos los actores del sistema de justicia —se involucraron la Suprema Corte de Justicia (y la Defensoría Pública), la Fiscalía General de la Nación, penalistas del Colegio de Abogados del Uruguay, juristas de la Prosecretaría de Presidencia y el doctor Gabriel Valentín en calidad de experto invitado, entre otros— fue entregado a Orsi el pasado 16 de marzo, y ahora el gobierno se apronta a enviar la iniciativa al Parlamento en los próximos días. De hecho, como informó El País, lo planificado es que durante el Consejo de Ministros de este jueves el anteproyecto recoja las firmas de los secretarios de Estado y sea enviado al Parlamento, donde como ya se verá tendrá el desafío de convencer a una oposición que, con matices y sensibilidades distintas, ya muestra algunas señales críticas con la propuesta.

Sin embargo, la amplia participación de representantes institucionales que se canalizó a través de este grupo de trabajo es lo que ha lleva a integrantes del gobierno a confiar en que la iniciativa tendrá una alto "respaldo técnico y doctrinario", y que el resultado debe ser leído como el fruto del aporte de múltiples voces autorizadas, más allá del impulso inicial de Díaz.

Ahora bien, ¿por qué la reforma ahora, cuando el CPP, desde su puesta en marcha a fines de 2017, ha tenido sucesivas modificaciones legales? En parte, por eso mismo, explicó Valentín en un video institucional que Presidencia cargó a su sitio web. Esas "varias reformas", dijo el especialista —Grado 5 de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República—, "perforaron el sistema inicial, (y) generaron algunas inconsistencias y problemas".

Valentín dijo también que han pasado casi 10 años de funcionamiento, y que se acumularon discusiones críticas y doctrinarias alumbrando las deficiencias y dificultades del nuevo CPP, todo lo cual ha llevado a una transformación como esta, que tiene como objetivo, precisó, "darle un diseño coherente y sistemático al sistema acusatorio, mejorando en algunos aspectos garantías respecto a los imputados, (y) dando mayores posibilidades a la Defensa". Asimismo, se propondrá reforzar "la posición del Tribunal (el juez) en muchos aspectos, dándole por ejemplo mayores potestades en la etapa de investigación, (y) definiendo claramente su rol en otras etapas del proceso", además de que se le otorgará también a la Fiscalía "dándole herramientas para la investigación".

Uno de los cambios que ya ha trascendido, más allá de la explicación general de Valentín sobre el espíritu de la reforma, implica dejar sin efecto una norma aprobada en el gobierno anterior. La propuesta apunta a reinstalar la suspensión condicional del proceso, una figura que fue polémica desde el inicio del nuevo CPP, a y través de la cual los imputados, siempre y cuando hubieran cometido delitos leves, evitaban el castigo de una pena tradicional de cárcel; en esos casos, las situaciones se resolvían con un acuerdo con las víctimas, y con el beneficio de la extinción del delito y, por ende, del antecedente judicial que podía quedar establecido.

Esa herramienta estuvo vigente hasta 2020 —cuando la Ley de Urgente Consideración aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou la derogó—, luego de un recordado episodio sucedido en 2019, y que el ministro del Interior —y exfiscal de Homicidio— Carlos Negro trajo recientemente a colación: en marzo de aquel año, un hombre de 63 años que había comprado objetos robados acordó con la Fiscalía cocinar 100 torta fritas —a eso se dedicaba— y donarlas a una institución de beneficiencia.

"La suspensión condicional del proceso existe en todas partes del mundo. Acá al legislador se le ocurrió que eso estaba mal y lo sacó. Yo trabajé como fiscal y sé que era una medida muy apropiada en muchísimos casos y que le salvó la vida a mucha gente. Digo salvado la vida porque evitó que ingresara por el hurto en un supermercado de una caja de bombones y saliera integrante de una banda criminal destinada a ser delincuente toda su vida”, declaró el titular de Interior en entrevista con La Diaria, el 20 de marzo, en línea con lo que en su momento manifestaba la Asociación de Magistrados Fiscales, siempre en contra a que se eliminara la medida, y lamentando que se hubiera "ridiculizado" aquel caso ocurrido en Canelones.

Sea como fuere, para que esta modificación, y todas las otras —entre las que figura otorgar una mayor libertad a los abogados defensores a la hora de pedir que se recaben sus propias pruebas a los jueces— prosperen en el Parlamento, el oficialismo deberá, como siempre, batallar en Diputados para obtener las mayorías que no tiene.

La postura que tendrán los partidos que forman la coalición republicana, de momento, es difícil de predecir. En muchos casos porque las posturas no están claras al no contar todavía con el texto del gobierno —que todos dan por hecho que ingresará por la Cámara de Representantes para que allí sea abordado en la comisión especial creada a los efectos de "analizar la revisión del Código del Proceso Penal"—, pero además porque el abanico de opiniones sobre el CPP es muy amplio. Mientras hay quienes, como el diputado nacionalista Mario Colman, no se cierran a analizar ciertos cambios necesarios al CPP, otros, como el senador colorado Pedro Bordaberry —líder de Vamos Uruguay— escribió en su cuenta de X el pasado 16 de marzo que, entre otros principios políticos, entiende que hay que "derogar el Código del Proceso Penal y volver al anterior".

Luego hay otro grupo de dirigentes, como los senadores Javier García (blanco) y Andrés Ojeda (colorado), que ya se paran en un punto de partida crítico en función de la incidencia de Díaz en este proyecto. "Esto no es algo que se pueda hacer desde la Torre Ejecutiva, con Díaz solo por su lado. El gobierno habla de diálogo, pero en temas importantes como este cierra la participación", dijo García a El País. Ojeda, en tanto, recordó que fue el exfiscal de Corte el impulsor de un sistema que hoy es cuestionado por defectos de funcionamiento: "Es difícil que el arquitecto de un desastre sea quien lo arregle".