Gobierno se apronta a enviar al Parlamento cambios al CPP y derogar una eliminación que impuso la LUC

Uno de los proyectos pendientes que tiene Presidencia de la República para este año, y que será enviado al Parlamento en estos días, es uno en el que se propondrán varias modificaciones al Código del Proceso Penal que funciona desde fines de 2017, y que en lo esencial supuso que la Fiscalía pasara a encargarse de las investigaciones, y que se introdujeran los juicios orales y públicos.

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de este sistema generó críticas y resistencias y sucesivos cambios legales, que a juicio del gobierno de Yamandú Orsi fueron causantes de nuevos problemas en su operativa, razón por la cual se conformó en la Torre Ejecutiva, el año pasado, un grupo de trabajo especial que funcionó en la órbita de Presidencia -y en donde tuvo un rol importante, en su impulso y monitoreo de los avances, el prosecretario Jorge Díaz- , formado por juristas reconocidos. Allí también participaron actores del sistema judicial, y se produjo como resultado un texto que será abordado durante el próximo Consejo de Ministros, que sesionará este jueves. Acto seguido, luego de obtener las firmas de los ministerios, el gobierno enviará la iniciativa al Parlamento, señalaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

Entre otros cambios, el gobierno prevé la reinstauración de la figura de la suspensión condicional del proceso, una herramienta a través de la cual la Justicia permitía a los imputados, siempre y cuando hubieran cometido delitos leves, no recibir una pena tradicional de prisión, sino resolver el caso tras un acuerdo con las víctimas, y a cambio se les borraba el antecedente judicial que podía quedarle con la apertura de la causa. Esto existió hasta mediados de 2020, la Ley de Urgente Consideración aprobada durante el período de Luis Lacalle Pou lo eliminó.

La iniciativa también incluirá cambios en el texto legal del CPP, para mejorar su interpretación jurídica diaria, y otras novedades, tales como otorgar una mayor libertad a los abogados defensores a la hora de pedir que se recaben sus propias pruebas a los jueces.

El asunto, sin embargo, en principio cuenta con resistencias en filas de la oposición, lo cual es problemático para el oficialismo, ya que en la Cámara de Representantes el Frente Amplio no tiene mayorías.