Blanca Rodríguez pidió reunión a CA por nuevo comisionado; Ojeda avisa que no hay votos para nombrar jerarca

Los cabildantes están abiertos a analizar la iniciativa, aunque con condiciones, como que no crear "otro cobrasueldo como lo fue Petit", dijo Perrone; Ojeda, en tanto, recordó a la senadora del FA que "hoy no tiene" respaldo para que alguien ocupe el nuevo cargo.

La senadora Blanca Rodríguez preside el Senado en la interpelación a Alfredo Fratti.
La senadora Blanca Rodríguez preside el Senado en la interpelación a Alfredo Fratti.
Foto: Leonardo Mainé.

El tema casi que pasó por debajo del radar esta semana, porque el sistema político estuvo más enfocado en polémicas como la visita del presidente Yamandú Orsi a un portaviones norteamericano, la interpelación al ministro Gonzalo Civila por las muertes de menores en el INAU o las renuncias en Salud Pública que siguen impactando en la gestión de Cristina Lustemberg. Pero mientras tanto el Senado aprobó un proyecto que plantea la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia, una bandera que enarboló la senadora Blanca Rodríguez, y que en los corredores del Palacio Legislativo algunos interpretan como una plataforma desde la que la exconductora de Canal 10 busca seguir creciendo políticamente hacia el 2029.

La iniciativa contó con el respaldo del Frente Amplio —sin perjuicio de los reparos que marcó Lustemberg en su momento— en la única cámara donde tiene mayoría, y ahora deberá ser discutida en Diputados, en donde la izquierda necesita siempre del apoyo de dos legisladores. Y ese camino —como otras veces— ya comenzó a recorrerlo en dirección a Cabildo Abierto. De hecho, Álvaro Perrone —uno de los dos representantes de este partido en la cámara baja— dijo a El País que Rodríguez ya solicitó tener un encuentro con él, que se lo concederá en cuanto la agenda parlamentaria le dé un respiro, dijo. Ahora, sobre el fondo del asunto, si se cumplen ciertas condiciones, su posición es a priori favorable al proyecto, como se leerá más adelante.

La importancia que tiene para Rodríguez que la iniciativa sea ley quedó de manifiesto en un video promocional de esta propuesta que la senadora subió a su cuenta de X, y en el que, mirando a cámara y usando sus dotes de la comunicación televisiva, afirmó que dar una más efectiva respuesta a las situaciones de vulnerabilidad y contexto crítico que sufren los menores en Uruguay "no admite la menor demora". Concedió allí que "para qué sirve" esta figura institucional era una preguntaba instalada en el aire, y su respuesta vino en la forma de una enumeración: "Para mirar donde nadie mira, para escuchar a quienes muchas veces no se escucha, para asegurarse que se respeten los derechos de los niños donde ellos estén, donde estudian, donde vive recreación, donde atienden su salud física, emocional o mental, sean instituciones publicas o privadas, para recibir denuncias de violencia y abandono y seguir con facilidad paso a paso esas situaciones". Pero también para "llegar antes, porque una vez que las tragedias están consumadas, decir: 'Qué horrible', no alcanza".

El proyecto, sin embargo, encontró no solo la férrea oposición de los partidos Nacional y Colorado, sino también de parte de la Institucional Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). Este organismo dejó bien clara su postura contraria durante su visita en octubre pasado a la Comisión Parlamentaria para la Niñez y la Adolescencia. Sobre todo en la voz de Mariana Mota, su presidenta, quien reconoció a los legisladores "el acierto de abordar" la problemática de la infancia e incluso saludó "la intención del proyecto" en cuestión, pero afirmó a continuación que la "figura" que se pretende crear "ya existe, y es la institución" que ella dirige. En aquella sesión, el director Juan Miguel Petit —excomisionado parlamentario para las cárceles— fue incluso más explícito: "Creo que tenemos que ser nosotros muy sinceros en decir que este proyecto sería una marcha atrás muy importante en la protección de los derechos humanos de la infancia". Más adelante diría también que la iniciativa contribuiría a crear "una gran confusión y, en definitiva, más que un daño institucional, un daño al mecanismo de protección".

Mota volvió a criticar ahora la iniciativa luego de que el proyecto lograra la aprobación del Senado este miércoles, y recriminó la incidencia negativa que tendría no solo respecto al rol que ya asume la Inddhh sino también en otras áreas estatales: "Me preocupa porque pretende sustituir a todos los organismo del Estado", dijo este viernes, entrevistada por el programa Doble Click (Del Sol).

La postura de Mota no cayó bien en la dirigencia del FA, especialmente en filas del Movimiento de Participación Popular (MPP), cuya molestia quedó explicitada en un tuit de la diputada Julieta Sierra: "La propuesta del comisionado no sustituye nada, es un contralor parlamentario que a su vez se enfoca exclusivamente en la infancia —escribió la legisladora—. Una lástima que Mota, electa en la Inddhh por el mismo Parlamento, esté en contra y tenga los mismos argumentos que varios blancos y colorados".

Blancos y colorados, en efecto, piensan igual, y en las intervenciones durante la discusión en el pleno del Senado recogieron los argumentos de la Inddhh, sobre todo Andrés Ojeda y Martín Lema.

El primero fundamentó su voto negativo con el argumento de que, pese a partir de un diagnóstico compartido, "tal como está redactado" el proyecto no se formula como "la herramienta adecuada" para dar la protección social requerida, además de que tampoco se demostró que "exista un vacío institucional que justifique la creación de un órgano estatal". "La Inddhh no vino a negar el problema; vino a decirnos que el instrumento ya existe. Vino a advertirnos que el camino elegido puede afectar la arquitectura institucional de derechos humanos que el país construyó durante años", dijo el colorado en este sentido.

Lema, por su lado, cuestionó al Frente Amplio por ignorar la postura de la Inddhh al que sí recurre en otros casos cuando tiene que "argumentar favorablemente sobre una posición". "Yo no creo —agregó—, que creando más cargos, más burocracia, más duplicación de tareas, estemos actuando en favor de esos niños. Todo lo contrario".

Ahora bien, los votos de Cabildo Abierto alcanzarían para que este proyecto salga a la luz, pero para designar a la persona encargada de asumir la tarea del comisionado se precisa que la Asamblea General apruebe la designación por tres quintos de los votos —de acuerdo a la norma que creó el instituto del comisionado—, y eso hoy está lejos de las posibilidades del Frente Amplio. "Le avisamos a Rodríguez que hoy no tiene esa mayoría", subrayó Ojeda.

Cabildo se inclina a favor pero con condiciones

"Hay dos cosas importantes a tener en cuenta", dijo de entrada Perrone a El País, ante la consulta sobre su postura.

"Una es que los colorados dijeron estar en contra de crear más burocracia, pero no dijeron eso cuando se creó un cargo en la Intendencia de Canelones para que lo ocupe Nicolás Chiesa. Y la otra es que las recomendaciones del Inddhh son negativas, y nosotros, que fuimos los únicos que no les votamos su presupuesto, pensamos que si este organismo dice que no hay que hacer algo, entonces hay que hacerlo".

Sin embargo, y aunque el cabildante advirtió que todavía no estudió el tema en profundidad, aseguró también que no está dispuesto a que exista "otro cobrasueldo como lo fue Petit". "Si esto va camino a que exista otro Petit, desde ya digo que no, porque él no hizo nada más que hacer informes sobre lo que todos los legisladores sabemos que pasa en las cárceles".

Comparación

La Inddhh hizo un informe comparativo entre la ley que regula a este organismo (N° 18.446) y la que pretende crear el FA, con el fin de respaldar su postura; es decir, para mostrar que, a su entender, no es necesario que exista un comisionado para la infancia porque las funciones que asumiría ya las ejerce la institución.

Por ejemplo, consignó el documento al que accedió El País, "promover el respeto y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes", como sostiene el artículo cuarto de la iniciativa del oficialismo, figura casi con las mismas palabras en el primer artículo del texto legal que creó a la Inddhh.

Lo mismo ocurre con la intención del proyecto de "velar por el efectivo cumplimiento" del Código de la Niñez y la Adolescencia en el mismo artículo primero, o con la asignación del rol de denunciante y sujeto activo ante "todos los casos" en que se violenten los derechos consagrados. Ya lo hace la Inddhh.

Esta misma superposición se da asimismo en la función de "realizar inspección de carácter general a los establecimientos que trabajan" con menores; en la tarea de "formular recomendaciones a las autoridades" o "proponer modificaciones a la normativa"; en el deber de "elaborar estudios, informes y evidencias propias, así como articular la investigación con la academia y otros ámbitos del Estado y la sociedad civil"; o a la hora de "interponer recursos" o presentar denuncias ante la Justicia.

En todos estos casos, y otros, la conclusión que escribió la Inddhh es que este organismo o "cumple la competencia" o ya "tiene las facultades" que el proyecto de Blanca Rodríguez procura asignar al nuevo comisionado.

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