Las autoridades del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) asistieron este jueves a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General para informar sobre la construcción de las dos cárceles de máxima seguridad anunciada por el gobierno y la descentralización del INR.
Inicialmente, participaría Carlos Negro, titular de la cartera, pero en su lugar fue la subsecretaria Gabriela Valverde, ya que el ministro se encontraba en una recorrida junto a otras autoridades de gobierno por el centro de evacuación ubicado en la Escuela Nacional de Policía, como parte del lanzamiento del operativo por la alerta roja por frío para personas en situación de calle.
En el caso del INR, estuvo presente su directora, Ana Juanche. Sin embargo, luego de una sesión de casi tres horas, ambas jerarcas y sus equipos se retiraron sin hacer declaraciones. Quien sí lo hizo fue Bettiana Díaz, senadora del Frente Amplio y presidenta de la comisión.
“Se nos planteó que se está en proceso de diálogo para hacer una extensión público-privada a partir de lo que va a ser la construcción de estas dos nuevas unidades”, dijo en rueda de prensa acerca de las próximas cárceles.
Asimismo, señaló que hay un foco puesto en enfrentar “una nueva realidad penitenciaria”, para evitar lo que sucede en otros países, “que son niveles de sindicalización de crimen organizado dentro de las cárceles, que luego terminan en Tren de Aragua o Primer Comando de la Capital”. Estas son de las organizaciones criminales más grandes del continente y ambas nacieron dentro de cárceles.
Particularmente, el proyecto para descentralizar el INR, comunicó la senadora, “ya está a estudio de la (Asesoría) Jurídica de Presidencia, o sea que en breve probablemente tome estado parlamentario”. Así, indicó que se esperan posibles “correcciones y sugerencias” antes de que pueda ser analizado por los legisladores.
Consultada sobre si está confirmado que las unidades penitenciarias estarán en predios militares, manifestó que no se quiso “profundizar” en eso aspecto porque va a haber más instancias del estilo con las autoridades y quieren tener a mano “información más acabada sobre cómo es la extensión de estos contratos de construcción de cárceles que ya se iniciaron”.
“Sí se nos adelantó que hay algunos terrenos, pero también es algo que, por el perfil que tienen estas cárceles, decidimos no profundizar hoy porque entendemos que hay información de carácter reservado ahí, que tiene que ver con el funcionamiento y que todavía puede variar”, declaró.
“Lo mismo pasó con el proyecto de descentralización del INR, que todavía no tiene estado parlamentario. Al no tener estado parlamentario, lo que nosotros dijimos fue que queremos discutir o consultar sobre un proyecto concreto”, agregó Díaz.
El proceso de elaboración del proyecto de ley de descentralización implicó un trabajo liderado por el INR y el Ministerio del Interior, con la participación de la Secretaría y la Prosecretaría de Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas —a través de la Contaduría General de la Nación— y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Asimismo, la iniciativa fue presentada a la bancada oficialista, al Comando de la Policía Nacional y a los sindicatos de trabajadores.
Desde la oposición, se ha insistido en que el Poder Ejecutivo envíe finalmente el proyecto; fue un cuestionamiento especialmente planteado por el senador colorado Pedro Bordaberry, por ejemplo, en la interpelación al ministro Negro el pasado 9 de abril.
En el caso de las nuevas cárceles, se sumarán a la ya existente de máxima seguridad, que se ubica en el predio del exComcar. Se llama Unidad 25 y tiene la misma cantidad de plazas que las que se prevén construir. Fue reinaugurada en el periodo pasado (antes estaba allí el llamado módulo 12) y se caracteriza por el aislamiento de los reclusos. Cada uno allí tiene su celda y cuenta con inhibidores para que no puedan usar celulares.
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