“Marchas y contramarchas”: oposición reclama al Ejecutivo demora en proyecto del INR y va por el de Bordaberry

Entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y demás actores del sistema político nacional hay un consenso en torno al hacinamiento, al sobrepoblamiento, a la violación de los derechos humanos y a la incapacidad estructural que tienen las cárceles uruguayas para rehabilitar o hacer lo necesario para reinsertar en la sociedad a los reclusos que pasan por el sistema penitenciario.

El tema cobró aún más relevancia en un contexto marcado por el aumento de personas en situación de calle —según el censo de 2023, seis de cada diez pasaron por prisión— y por la polémica desatada tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. La discusión se intensificó luego de que la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, señalara que la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) podría derivar en la liberación de hasta 2.000 de los 17.000 presos del país.

Finalmente, frente a las críticas de la oposición y a las tensiones internas en el oficialismo por la reacción de la opinión pública, la propuesta de libertad anticipada quedó descartada, al menos en una primera instancia, tras un acuerdo con el gobierno encabezado por el presidente, Yamandú Orsi.

No obstante, desde la oposición comienza a generar impaciencia que el Poder Ejecutivo todavía no haya presentado el proyecto de ley referido a la descentralización del INR, un objetivo que comparte prácticamente todo el sistema político y que se manejaba como posibilidad desde la pasada administración de Luis Lacalle Pou.

En esta línea, el senador del Partido Nacional Martín Lema dijo a El País “que el ministro Negro está permanentemente titubeando, con marchas y contramarchas”. “Tiene mucha coherencia con el gobierno que va y viene, pero no avanza. Se repite permanentemente. Pasó con el Plan de Seguridad, que primero se habló de convocar a los partidos políticos, después se amagó y se siguió postergando y terminó diciendo que en realidad se estaba ejecutando desde el 1° de marzo de 2025. No es serio anunciar que vas a sumar actores y al final te voy a convocar para hablar de algo que ya estoy ejecutando”, cuestionó Lema.

En esta línea, el exministro aseveró que en el caso de la presentación de un proyecto para la descentralización del INR está ocurriendo algo similar.

“Hay una improvisación permanente, no es aislado lo del INR. Se han hecho muchos anuncios y desde hace tiempo se amaga con la presentación del proyecto, pero no aparece. Entonces, como ya hay proyectos presentados —uno de Pedro Bordaberry— vamos a estudiar el que tenemos en lugar de estar permanentemente pendiente de un Ministerio del Interior que va y viene. Esto se trata de hacer y de hacer, no de decir y de desdecirse”, criticó Lema, que adelantó que impulsará —“para no seguir perdiendo el tiempo”— en el Parlamento para que se comience a trabajar sobre la iniciativa propuesta por el senador colorado.

En tanto, desde la cartera señalaron a El País que la postergación en la presentación de la iniciativa responde al proceso de intercambio y a las negociaciones colectivas mantenidas con operadores y sindicatos del sistema penitenciario, entre ellos la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.

Según indicaron, en las próximas semanas se introducirán algunos ajustes al proyecto inicial; luego será elevado a consideración de los ministros y se estima que será enviado antes de finalizar abril.

Estas dificultades, señala, están fuertemente asociadas al incremento constante de la población carcelaria, que alcanzó en 2025 un récord histórico: 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de la región y del mundo. Además, solo el 17% accede a programas adecuados de integración social, mientras que el 46% está sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el último informe del excomisionado parlamentario Juan Miguel Petit.

Y agrega: “La evidencia muestra que los sistemas penitenciarios colapsados no sólo no logran operar como mecanismos eficaces para combatir el delito, sino que incluso pueden actuar reforzando identidades y hábitos delictivos, así como consolidar grupos criminales”.

En tanto, una diferencia central con la propuesta de Bordaberry es que, si bien ambos proyectos buscan que el INR pase a ser un servicio descentralizado —con el objetivo de otorgarle mayor autonomía de gestión—, el del senador plantea que el vínculo administrativo con el Poder Ejecutivo se establezca a través del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que la iniciativa del gobierno mantiene esa relación en la órbita del Ministerio del Interior.

En materia de traspaso de recursos, ambas iniciativas plantean que, en líneas generales, pasen al nuevo servicio descentralizado los inmuebles destinados a la reclusión, las oficinas administrativas, los recursos humanos y los créditos presupuestales asignados a la unidad ejecutora que se suprimirá a partir de la vigencia de la ley.

El objetivo —en el que coinciden los distintos actores políticos y ambos proyectos— es separar de forma definitiva la tarea de persecución y represión del delito del tratamiento de las personas sujetas a sanciones penales, avanzando hacia un modelo centrado en la rehabilitación y reinserción.

Para eso, se plantea la necesidad de que el nuevo instituto generen “programas integrales de resocialización, rehabilitación y reinserción para las personas privadas de libertad, orientados a facilitar su retorno a la sociedad y reducir la reincidencia, con énfasis en educación, trabajo, salud y asistencia integral, incluyendo el seguimiento posterior a la liberación”.

“Instituir programas laborales —siempre remunerados— para los reclusos, celebrando convenios con particulares a tales efectos, con la finalidad de la preparación de los reclusos para su reinserción a la sociedad y acceso al mercado laboral cuando alcancen la libertad”, plantea Bordaberry en el artículo 16 de su proyecto de ley.