Dar solución a los problemas estructurales que enfrentan los niños y adolescentes de contexto crítico o en emergencia es una prioridad de todos los partidos, pero en particular de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que como diputada del Frente Amplio promovió, impulsó y logró la aprobación —con el voto de todas las fuerzas política en el período pasado— de una ley justamente llamada de "garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia", que en síntesis plantea el objetivo de atender a esta población de "manera integral, superando la fragmentación de las políticas actuales", según describió en setiembre del año pasado la entonces legisladora de la coalición de izquierda.
Lo que quedó pendiente de hacerse en el anterior gobierno fue reglamentar la normativa, algo que ocurrirá antes de que termine este año, según asumió el "compromiso" la ministra.
Pero en paralelo a este camino, la bancada del Frente Amplio impulsa otro proyecto que está orientado a hacer frente a los mismos problemas, y que en este caso lidera la senadora Blanca Rodríguez: la creación del comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia, una figura que debería velar "por el conjunto de los niños y adolescentes" y "especialmente en lo que sucede en las instituciones que se dedican al cuidado" de los menores en situación de vulnerabilidad, "de modo de asegurar un verdadero respeto de sus derechos, una calidad de atención adecuada, (y) un manejo correcto de los dineros" públicos, según describió la senadora días atrás en la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta.
Esta iniciativa, sin embargo, no es suficiente por sí misma para "resolver los temas de infancia", valoró la ministra de Salud, consultada sobre este tema por El País. "Estoy segura de que no alcanza con eso", agregó Lustemberg, que recordó cómo ella y su equipo trabajaron durante "siete años" en la ley que finalmente se aprobó meses atrás, y que propone "una mirada multifuncional, con elementos de gestión, de cruces de sistemas de información, que realmente hace que el abordaje de la situación de la infancia tenga una mirada desde la salud pública, el INAU, el Mides y hasta el impacto económico que eso pueda tener".
De todas formas, Lustemberg también dejo en claro que está a favor de "todas las herramientas" que apunten en esta dirección.
El debe de la reglamentación
En la última sesión parlamentaria en que se discutió el proyecto de Blanca Rodríguez, desde la oposición se exigió que, antes de avanzar con la figura del comisionado, se reglamentara, precisamente, la ley de la hoy ministra Lustemberg.
"Creo que muchas veces, cuando uno diagnostica y no da un curso de tiempo para llevar adelante un plan de acción y lo interrumpe con nuevas acciones, se da un embotellamiento de herramientas", dijo ante la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, por ejemplo, el senador Martín Lema. "Antes de considerar un instrumento de estas características hay que tener en cuenta que hay un gobierno elegido legítima y democráticamente que todavía tiene en el debe la reglamentación de ciertas normas", agregó el legislador blanco.
Consultada al respecto, la ministra de Salud reconoció que la reglamentación de la norma —que a su entender "debió haberse hecho en diciembre del año pasado", durante la administración de Luis Lacalle Pou— "está en agenda", y recordó que forma parte de las 63 medidas prioritarias que se trazó el gobierno de Yamandú Orsi al comenzar el período.
"Es una prioridad de este gobierno reglamentar la ley y eso se va a hacer este año. Ese es el compromiso", subrayó Lustemberg. "Es algo sobre lo cual conversamos hace poco con el presidente. Lo vamos a hacer en el corto plazo —insistió—. Antes de que finalice el año".
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