Claves del proyecto de ley de garantías a la infancia y la adolescencia, que se presenta como política de Estado

La iniciativa impulsada tres años atrás por la diputada frentista Cristina Lustemberg busca atender de manera integral a niños, niñas y adolescentes “superando la fragmentación de las políticas actuales”.

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Sesión del Senado de este martes 10 de setiembre de 2024
Sesión del Senado en Uruguay.
Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.

Redacción El País
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de "garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia" impulsado por la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg. La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Representantes, y en la cámara alta recibió una modificación propuesta con la bancada del Partido Nacional, por lo que volverá a Diputados este miércoles para recibir la sanción definitiva.

“Esta ley ayuda a generar las condiciones para garantizar que la infancia y adolescencia sean atendidas de manera integral, superando la fragmentación de las políticas actuales. Ahora se abordarán las necesidades de nuestros jóvenes de manera coordinada y con una visión global”, publicó la diputada frenteamplistas tras su votación en el Senado. Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana destacó en rueda de prensa que “este gobierno es capaz de generar políticas de Estado a partir de iniciativas de legisladores de otros partidos”, por lo que “lo que no tuvo andamiento en el período pasado, lo tendrá en este”.

El proyecto crea una nueva institucionalidad, el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, el que estará integrado por el presidente de la República; los ministros de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública, de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, de Trabajo y Seguridad Social, y de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República, a través del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); un representante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración de Educación Pública (ANEP), un representante del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), un representante de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), un representante del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y un representante del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

La iniciativa propone que el nuevo diseño organizacional de las políticas de infancia comprenderá tres niveles de acción. El “nivel estratégico” estará a cargo de “un Gabinete, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuya funciones principales serán la planificación y el diseño de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia así como la forma de ejecución y la coordinación entre sectoriales y con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en tanto órgano rector en materia de políticas de niñez y adolescencia”.

El segundo nivel de acción es el táctico, que estará “a cargo de una Unidad de Coordinación, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya función principal consistirá en la coordinación e integración presupuestal, con las distintas sectoriales, en especial con el INAU, en tanto órgano rector en materia de políticas de niñez y adolescencia”.

Cristina Lustemberg
Cristina Lustemberg: "Cada recurso invertido en la infancia será usado de manera eficiente".
Foto: Leonardo Mainé

Por último, el tercer nivel es el ejecutivo, que estará “a cargo de cada sectorial representada en el Gabinete, dentro del marco de sus competencias originales, la que ejecutará las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia que fije el Gabinete, en forma articulada con la Unidad de Coordinación”.

“El diseño institucional se completa con la intervención del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente creado por la Ley No. 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia), que tendrá como finalidades la consulta y el asesoramiento del Gabinete”.

Información y monitoreo

Lustemberg opinó que este nuevo diseño “genera un mecanismo para optimizar la gestión del presupuesto público mediante una mejor planificación y monitoreo”, por lo que “cada recurso invertido en infancia será utilizado de manera eficiente, integral e integrada asegurando un alto retorno social”.

En ese sentido, el proyecto crea “el Plan de Integración de Información para el Desarrollo de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (Piidpiia), el cual deberá armonizar e integrar la información proveniente del Sistema Informático Perinatal, el Certificado de Nacido Vivo, el Certificado de Defunción, el Sistema de Información para la Infancia y demás sistemas integrados actualmente al Sistema Integrado de Información del Área Social (Siias) con los sistemas de seguimiento de ejecución presupuestal y de metas institucionales definidos oportunamente a partir de esta ley”.

Asentamiento 24 de Junio - Pobreza
Pobreza infantil
Foto: Archivo El País

Periplo legislativo

Está previsto que el Parlamento lo apruebe este miércoles tras un periplo de tres años. Luego de que Lustemberg presentara el proyecto de ley en noviembre de 2021 y Diputados lo aprobara con modificaciones en octubre de 2023, el Parlamento creó el Fondo Infancia en noviembre de 2023, en la votación de la ley de Rendición de Cuentas, al que le adjudicó US$ 50 millones al año. Como la iniciativa impulsada por Lustemberg y aprobada en la cámara baja estipulaba en su artículo 20 que se derogan “aquellas disposiciones legales que directa o indirectamente se opongan a las estipuladas, que se consagran en la presente ley”, la senadora blanca Carmen Asiaín presentó este martes un sustitutivo para mantener vigente el Fondo Infancia.

El artículo propuesto por los blancos que destrabó la negociación dice que “lo dispuesto en la presente ley es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 550 y 605 a 628 de la ley Nº 20.212 del 6 de noviembre de 2023 (Fondo Infancia), por lo cual no podrá interpretarse como derogatorio del referido Programa Atención Integral a la Primera Infancia ni del Fondo Infancia, debiendo armonizarse ambas legislaciones en su aplicación”. Además, el artículo agregado en el Senado a pedido de la bancada nacionalista responsabiliza al Poder Ejecutivo, “como ejecutor de políticas públicas”, de “la aplicación armonizada de la legislación vigente, de forma tal de asegurar la continuidad de los proyectos actualmente en ejecución”.

Además

No implica recursos adicionales

La diputaba blanca Carmen Tort, integrante de la Comisión Especial de Población y Desarrollo, fue la encargada, a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, de trabajar junto a Lustemberg en este proyecto. Consultada sobre por qué la iniciativa se aprueba sobre el final de la legislatura, teniendo en cuenta que el período legislativo ordinario se cierra este domingo 15 de setiembre, Tort dijo en rueda de prensa que no podía quedar “este debe”, puesto que “a estos temas tenemos que hincarle el diente”.

En la misma línea, Botana planteó que este proyecto propone “la coordinación de las políticas de la infancia”, lo que constituye un “esfuerzo para salir de este estancamiento que tiene el Uruguay, en un 20% de niños en niveles de pobreza”, mientras que “la ancianidad tiene 2%”de pobreza. “Tenemos que salir de eso porque además si tenemos niños con más bienestar, van a ser niños que se van a formar mejor y que van a explicar buena parte del crecimiento de la economía y de la igualdad en el Uruguay”, agregó.

Por su parte, Lustemberg destacó que “la implementación de esta ley no implica la creación de nuevos presupuestos, instituciones, ni recursos adicionales”, porque “todo se hará con una mejor asignación y control de los recursos ya existentes para con el orden generado pasar a pensar en el aumento de la inversión”.

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