La propuesta de la vicepresdienta Carolina Cosse, de impulsar un proyecto de reforma y de la construcción de un nuevo edificio anexo al Palacio Legislativo, que incluye una ambiciosa intervención urbana en las inmediaciones del histórico edificio, tomó por sorpresa no solo a la oposición, sino también a sus compañeros oficialistas.
En el caso del Frente Amplio, primaron en un primer momento los reparos, los silencios y la cautela —sobre todo considerando las restricciones económicas previstas en la Rendición de Cuentas.
Sin embargo, con el correr de las horas el tema fue sumando respaldo político, y Cosse fue acompañada en la conferencia de prensa de este miércoles, por ejemplo, por el principal senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani (también estuvieron con ella la alcaldesa Patricia Soria, el arquitecto y excandidato a intendente Salvador Schelotto de la Vertiente Artiguista y el integrante de la Sociedad de Arquitectos, Alberto Leira).
En Torre Ejecutiva, por su parte, aunque causó sorpresa lo propuesto lo valoraron más desde un punto de vista positivo que negativo y así lo confirmó el presidente de la República, Yamandú Orsi.
“Me sorprendió. Nunca pensé que generara tanta crítica. A mí me gustó la idea y ahora le pedí a Carolina que me enviara más material. Entro en plan de exintendente y son esas cosas que me seducen. Ante tanta reacción negativa, voy a ver dónde está el problema, pero es bueno que pensemos en cambiar la realidad física de ese lugar al que es tan difícil acceder. Está bueno porque generas un vínculo más humano con la llegada”, laudó Orsi, consciente de que este tipo de intervenciones siempre costosas generan a su vez un favorable impacto en los barrios.
En su defensa, ante las críticas de la oposición, Cosse argumentó que durante el período pasado se habían destinado US$ 40 millones para obras y actividades vinculadas a la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo y que se devolvieron US$ 30 millones a Rentas Generales por considerar que era una “cifra exagerada”.
Desde la Intendencia de Montevideo, en tanto, dijeron a El País que lo anunciado —que fue adelantado a autoridades de la IMM una semana antes— genera “varias dudas” y llamó la atención que en el borrador sobre el impacto que puede haber en el tránsito de la zona no se hace ninguna mención a la comuna departamental.
El plan edilicio y urbanístico que impulsa la presidenta de la Asamblea General —que incluye un informe de impacto en el tránsito en la zona— debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de la Comisión Administrativa, compuesta por cuatro parlamentarios del Frente Amplio, dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.
Actualmente la componen Cosse (La Amplia), Caggiani, Carlos Reutor (senador y diputado del MPP), María Inés Obaldía (La Amplia), Juan Martín Rodríguez, Carlos Moreira (Partido Nacional) y el colorado Tabaré Viera.
Para que el asunto —que será tratado en la próxima sesión de la Comisión Administrativa el 14 de mayo— sea aprobado, deberá obtener al menos cuatro de los siete votos de sus integrantes. Por tanto, la concreción de la obra dependerá de la decisión de acompañar que tomen Caggiani y Reutor (o el MPP como colectivo), dado que la oposición ya ha manifestado su rechazo y el sector mayoritario del FA no se ha pronunciado oficialmente.
Un cargo limitado
Las funciones que demanda el cargo de vicepresidenta de la República —como presidenta de la Asamblea General— distan mucho de las responsabilidades y de la capacidad de marcar agenda que proporciona la Intendencia de Montevideo. Y esto es algo que la vicepresidenta Cosse, por decirlo de alguna forma, viene padeciendo.
Durante su gestión al frente de la comuna departamental, Cosse se caracterizó por un alto perfil público y por enfocar su estrategia en confrontar con el gobierno nacional de Luis Lacalle Pou, en un contexto en que se aprestaba a ser precandidata por el Fente Amplio.
Su impronta discursiva giró en torno a la idea del “Montevideo de la resistencia”, planteado como eje de su gestión frente a las presuntas reformas de corte liberal y de reducción del gasto impulsado por la coalición republicana, particularmente durante la crisis sanitaria y económica que produjo la pandemia del covid-19.
Con la billetera de Montevideo y un potente equipo de comunicación de forma diaria la exintendenta copaba la agenda mediática en prime time: inauguración de obras, ciclovías —la más cuestionada la de 18 de julio—, remodelación de espacios como el Mercado Modelo y el Teatro de Verano, intervenciones en la rambla, organizaciones de festivales masivos (que tuvo como fuerte crítica la contratación de Lali Espósito), los festejos de los 300 años de Montevideo con más de 600 artistas nacionales.
Como intendenta, Cosse siempre tenía algo que comunicar y se fue convirtiendo en el blanco de mayores críticas del ese entonces oficialismo. Esos tiempos parecían haber terminado. Sin embargo, tras trascender el proyecto de reforma de Cosse —presentado inicialmente como un anteproyecto ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y que será formalizado en la sesión del 14 de mayo—, la vicepresidenta volvió a ser el centro del debate y volvió a recibir duras críticas.
La jerarca, que no ha brindado demasiadas entrevistas extensas desde que asumió, marcó la agenda política de la semana e incluso le bajó el perfil a la polémica por la visita de Orsi al portaviones norteamericano USS Nimitz.
Volver a marcar agenda, como lo hizo en el período pasado, representó un cambio político desde que Cosse ocupa el cargo de vicepresidenta, más allá de otros cuestionamientos que ha tenido como ocurrió con la controversia por la organización de actividades para conmemorar los 100 años del Palacio Legislativo, iniciativa que finalmente fue cancelada por los altos costos que tenía previstos.
Y es que, más allá de los hechos políticos concretos, la figura de Cosse está directamente asociada a la dura reacción de la oposición que en el caso del Partido Colorado manifestó su “rechazo de forma enérgica, frontal y absoluta” por el mal uso de los recursos públicos.
Es que, en este sentido, los antecedentes de la exintendenta y sus ambiciosos proyectos millonarios han sido una constante de ataque de la oposición contra la dirigente frenteamplista por los sobrecostos que han tenido alguno de ellos con respecto a lo presupuestado inicialmente.
Más en este caso, como acotó el diputado Juan Martín Rodríguez (integrante de la Comisión Administrativa), cuando se está escuchando “una y otra vez a autoridades del Poder Ejecutivo y de la bancada del gobierno hacer referencia a las restricciones económicas”. “El sentido de la oportunidad dista mucho de lo que está ocurriendo hoy para implementar este proyecto”, opinó Rodríguez.
El senador colorado, Pedro Bordaberry, calificó la iniciativa de “un despropósito”. “Las obras propuestas para más oficinas, entorno y achicamiento de calles del Parlamento costarán un mínimo de US$ 20 millones; nos seguiremos oponiendo a este despropósito; la prioridad hoy deben ser los uruguayos y no la comodidad de algunos políticos”, criticó en línea con otros legisladores que consideraron que la iniciativa es “insensible y desconectada de la realidad” mientras hay “miles que duermen en la calle” y marcaron atender la pobreza infantil como una prioridad.
Sorpresa
Junto a Lucía Topolansky, no cabe mucho lugar a dudas de que la actual vicepresidenta de la República es una de las dirigentes políticas más relevantes de la historia del país y ni hablar del siglo XXI.
A lo largo de su trayectoria política, la referente ha transitado un recorrido por altos cargos de responsabilidad, al frente de Antel —durante el mandato de José Mujica—, del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la Intendencia de Montevideo, funciones siempre asociadas a una fuerte impronta ejecutiva. Esta característica es reconocida por quienes han compartido con ella ámbitos de gestión: su capacidad de trabajo coinciden es una de sus principales virtudes.
Fue, además, una dirigente de confianza del expresidente Tabaré Vázquez, a quien en diversas ocasiones ha calificado como su principal referente político y lo ha citado de forma recurrente a la hora explicar sus decisiones ejecutivas y de políticas públicas.
Aliada al Partido Comunista del Uruguay y el Partido Socialista, Cosse fue la principal contrincante del presidente de la República durante las pasadas elecciones internas y cosechó 157.127 votos, el 37% de las voluntades frenteamplistas.
Cinco años antes también había competido, en ese caso aliada al MPP. Sin embargo, durante ese proceso surgieron distancias y diferencias con el principal sector del Frente Amplio antes de las internas.
En gran medida —según supo El País— estas tensiones respondieron a las características personales y a un estilo de liderazgo personalista, que algunos dirigentes del MPP y de otros sectores interpretan como una dificultad para construir colectivamente.
No obstante, pese a “incomodidades” reconocidas por la propia Cosse al asumir un cargo menos ejecutivo como el de la Vicepresidencia, la ingeniera eléctrica asumió la responsabilidad de ser la compañera de fórmula de Orsi en la misma noche en que se celebraron las elecciones internas.
Previamente, sobre todo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pero también otros dirigentes, habían insistido —en una suerte de casi embrete y condicionamiento político— durante toda la campaña electoral en que la fórmula presidencial estaría compuesta por el ganador y el segundo de las internas.
“Yo voy a estar donde el Frente Amplio y la gente decida que yo esté. Encantada con ese acuerdo”, dijo en 2023. Cumplió y ahora está pagando el precio.
Según lo establece la Constitución de la República en los artículos 94 y 150, las funciones institucionales de la vicepresidencia en Uruguay son bastante limitadas.
En una columna escrita por el presidente de Factum, Oscar Bottinelli, el politólogo recuerda que todas las funciones y competencias del vicepresidente se condensan en esos dos artículos.
El 94 dice: “La Cámara de Senadores […] será integrada además, con el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la de la Asamblea General”.
Mientras tanto, el 150 consigna:
“Habrá un Vicepresidente, que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva de la Presidencia deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término del período de Gobierno. El vicepresidente de la República desempeñará la Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores”.