Radares pedagógicos: oposición dice que multas son “ilegales” y Etcheverry afirma que “no se están haciendo efectivas”

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, aseguró que las multas de tránsito registradas en lugares de rutas nacionales donde aún no hay instalados radares pedagógicos “no se están haciendo efectivas”. La oposición remarcó que desde 2023 es obligatoria su instalación y el senador blanco Sebastián Da Silva criticó que, si se están aplicando sanciones, estas son “ilegales”.

Durante la comparecencia de la cartera en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores el miércoles, Rodrigo Blás, también senador del Partido Nacional, señaló que el plazo legal para la instalación de los radares “venció ya hace unos meses”.

“Quiero saber si se están aplicando o no multas durante ese período, porque eso generaría un problema, en el sentido de que vencida la prórroga no está autorizado el Ministerio de Transporte ni el Ministerio del Interior a aplicar multas desde el día del vencimiento hasta hoy, hasta que se coloquen o hasta que se derogue la obligación”, sostuvo, según consta en la versión taquigráfica.

Tras esto, Etcheverry le contestó al nacionalista: “Se están colocando en algunos puntos críticos los radares pedagógicos, más allá de que entendemos que, desde el punto de vista económico y técnico, son ineficientes. Mientras tanto, no se están haciendo efectivas las multas. Si el senador Blás encontrara una sola situación de esas en este plazo, no tenemos ningún inconveniente en reconsiderarlo”.

Por su lado, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, informó que actualmente hay 124 radares fiscalizadores —no los pedagógicos— instalados y que en 2025 se registraron 220.004 infracciones, que implicó una recaudación $ 1.219 millones.

En ese sentido, explicó que la instalación de los radares se realizó luego de un estudio conjunto entre varias instituciones, en el cual “se definieron, con criterios objetivos, cuáles iban a ser —en ese momento— los 200 lugares para instalar puntos de fiscalización electrónica. En principio se instalaron 112; después se frenó, y ahora tenemos 124”, señaló.

Magnone argumentó que hubo una “baja en siniestros fatales en donde están instalados los puntos del 53%”, en base a un estudio de 2025 publicado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

“De 10.000 vehículos que circulan y pasan por un radar, siete no respetan la velocidad, es decir, 9.993 vehículos la respetan; es menos del 2%. Antes de la instalación de los radares se hizo un estudio en los mismos puntos y el 5% de los vehículos circulaban a más de la velocidad autorizada. Es decir, no hay ninguna duda de que la instalación de los puntos de fiscalización baja la velocidad y disminuye los siniestros graves y fatales, que son los que más nos importan”, manifestó.

No obstante, el jerarca sostuvo que el objetivo del ministerio “no es recaudar” y expresó su deseo de que “ojalá la recaudación fuera cero”, porque implicaría que la “política de instalación sería un éxito”.

Blás aseveró que la estadística dicha por Magnone, sobre la baja de 53% en la siniestralidad, es “vergonzosa e indefendible”. Según el legislador, “una estadística sobre una esquina donde el año pasado hubo un muerto y este año no hubo ninguno no es estadística, es casuística”.

“Es ridículo para defender una política que no está dando más resultados que el de multar a una cantidad de gente y el de que el Estado encontró una forma más de recaudar y sacarle plata a la gente”, dijo.

“Vamos a salir a decir a los cuatro vientos que pobre de aquel que sea multado por el Ministerio de Transporte, porque está incumpliendo la ley. La ley mandata al ministerio y la incumple; entonces, no pueden salir a multar a nadie, y punto”, sostuvo por su lado Da Silva.