Existe una preocupación en las autoridades relacionadas al transporte desde hace tiempo. La mayoría de las multas de tránsito a vehículos extranjeros queda sin abonar. Fueron el 96% de las sanciones aplicadas desde noviembre de 2024 —cuando empezó a regir la nueva normativa— hasta el 31 de enero de 2026. La situación es un “problema serio”, segùn catalogó el miércoles la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien aseguró que se avanza en que estos infractores sean notificados y "asuman la responsabilidad económica”.
La idea es establecer un mecanismo de aviso oficial de multas a los extranjeros, algo que hoy no sucede. Para ello (y otros objetivos), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja en coordinación con el Ministerio del Interior, la Corporación Vial del Uruguay y la Policía Caminera. Se quiere fomentar que los visitantes “sientan que hay alguna penalización” por las infracciones que cometen o alguien que fiscaliza el tránsito en Uruguay, dijo la asesora de la dirección nacional de Vialidad, Sylvana Tyler.
Se aprobó hace poco un protocolo de intercambio de información con el Ministerio del Interior, quien implementa un formulario de precarga donde los extranjeros deben identificarse como responsables del vehículo que ingresan. Esta medida, explicó Etcheverry, permitirá que su cartera pueda acceder a “un correo electrónico validado por el titular de ese vehículo, en el que va a recibir la debida notificación”. En esa línea, diferenció entre el visitante que sabe sobre su multa e incumple al no abonarla y el que desconoce su situación.
Pero este no era el tema central por el que se los citó a la comisión de Hacienda integrada con Transporte de la Cámara de Representantes. Allí se trata un proyecto de ley del colorado Conrado Rodríguez, el nacionalista Sebastián Adújar y el cabildante Álvaro Perrone para reducir a la mitad las multas de tránsito por exceso de velocidad en rutas nacionales. Sobre esto, Etcheverry dijo que están “afín a acompañar parte de la propuesta” porque “está muy bien que haya principios generales que establezcan guarismos más uniformes” en el orden jurídico.
No obstante, parte del equipo del MTOP hizo una defensa de los radares en la comisión. El director nacional de Vialidad, Federico Magnone, aseguró que “no existe duda de que los dispositivos de control son eficaces para la disminución de los siniestros” graves y fatales, que son los que “más preocupan”. En ese sentido, indicó que “no es correcto afirmar que las sanciones severas lleven a la evasión en vez de a la disuasión”. Esto lo tienen estudiado: la “velocidad realmente disminuye en los puntos donde se la fiscaliza”.
El mensaje a los reincidentes
Los reincidentes es otra de las problemáticas que se abordaron en la comisión: el 30% de los vehículos infractores acumula el 60% de las multas. Magnone explicó que existe una “distribución muy concentrada entre quienes son los infractores”, por lo tanto, entiende que es un “buen mensaje separar a quien le sucedió algo una vez de quien tiene una conducta de cometer infracciones sistemáticamente”. Hay datos aún más llamativos: hay 136 vehículos nacionales y 60 extranjeros con al menos 50 sanciones económicas.
En ese contexto, proponen penalizar de manera progresiva: a mayor cantidad de infracciones, mayor el valor de la multa.
Otro problema que se trató fueron las matriculas adulteradas por los conductores para evitar la sanción. El director de Vialidad señaló que no pueden validar la mitad de las infracciones que detectan porque no logran identificar la chapa, lo que significa la imposibilidad de continuar con el proceso de la multa. A su vez, puso sobre la mesa otra cuestión: el valor de esta sanción es cinco veces menor a la de exceso de velocidad, por lo que se da un “incentivo” a cometer la primera infracción en vez de la segunda.
El MTOP entiende que es “correcto subir el monto de la multa por matrícula adulterada”. Pero, dijo Magnone, se debería diferenciar entre un “desgaste normal, porque pasó el tiempo o porque quizá la chapa no era de buena calidad”, y el que la daña u oculta de manera voluntaria.
En 2023, en la Rendición de Cuentas, se obligó al MTOP a instalar un radar pedagógico —que advierta a los conductores de la velocidad a la que deben transitar— a una distancia no menor de un radar fiscalizador. Pero la cartera entiende que esto debe ser modificado. Magnone dio varios motivos. El primero, es que se estaría “duplicando los dispositivos en el mismo lugar”. Pero, además, los radares que fiscalizan la velocidad ya “tienen toda la señalización reglamentaria que alerta al conductor de que se va a enfrentar a un dispositivo de control”, añadió.
Otra razón es el “costo alto” que implica su instalación, el que entienden que “debería ser utilizado en otro lugar”. “Tenemos un esquema de recursos finitos y una red entera para trabajar en términos de seguridad. No tiene sentido duplicar la inversión en el mismo lugar”, argumentó, y añadió que es una herramienta “para lugares como, por ejemplo, escuelas, cruces de centros poblados o algunos eventos particulares —que se pueden instalar—, en los que realmente sean efectivos tecnológicamente para lo que fueron pensados”, apuntó.
Magnone, a su vez, defendió los lugares que se eligieron para los radares: “La ubicación no es aleatoria ni caprichosa, sino que tiene que ver con los perfiles de velocidad que se dan en las rutas, con la interacción con usuarios vulnerables, con datos de siniestralidad, con los conflictos específicos que se pueden dar en intersecciones, con zonas que han crecido mucho desde el punto de vista de la población y que hoy las rutas las atraviesan o que están en sus bordes y, por lo tanto, tienen mucha interacción de tránsito local con tránsito pasante, y con la infraestructura o las obras previstas para cada uno de los tramos”.
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