Presentan proyecto de ley para reducir a la mitad costo de las multas por exceso de velocidad

Tres legisladores de distintos partidos de la oposición presentaron un proyecto de ley para bajar a la mitad el valor de las multas por exceso de velocidad, luego de que varios dirigentes políticos mantuvieran una posición crítica —incluso llamaran a no pagar— con el alto costo que tiene para la ciudadanía afrontar económicamente las infracciones de tránsito.

La iniciativa fue presentada en conjunto por diputados de tres fuerzas políticas: el colorado Conrado Rodríguez, el nacionalista Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone.

En la exposición de motivos, los representantes argumentaron que el objetivo es adaptar la normativa a “criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la determinación de las sanciones”.

“El sistema sancionatorio en materia de tránsito debe cumplir una función preventiva esencial para la protección de la vida, la integridad física y la seguridad vial, pero toda potestad del Estado debe ejercerse conforme a principios de razonabilidad, proporcionalidad y justicia, evitando sanciones excesivas o desalineadas con la gravedad de la conducta”, señalaron los legisladores.

En ese sentido, advirtieron que la experiencia en la aplicación del régimen vigente ha evidenciado que la cuantía de las multas por exceso de velocidad no siempre guarda una adecuada relación con la entidad de la infracción, las circunstancias del hecho ni el grado de riesgo generado, lo que —a su juicio— configura una “desproporcionalidad” en la sanción.

Puntualmente, el proyecto plantea la reducción de hasta 50% en los valores de las multas por exceso de velocidad.

En los casos de exceso de hasta 20 kilómetros por hora se propone que pase de 5 Unidades Reajustables (UR) a 2,5. El valor actual de la UR es de $ 1.851,83, por lo que actualmente la multa es de $ 9.259 y pasaría a ser de $ 4.630.

Entre 21 y 30 kilómetros de exceso, la sanción pasaría de tener un costo de 8 UR ($ 14.814) a la mitad: $ 7.400 (4 UR).

También se reduce a 6 UR (actualmente es de 12 UR) para los casos en que el exceso de velocidad sea superior a los 31 kilómetros por hora y hasta el doble del límite permitido menos uno (por ejemplo el caso de que sea 45 kilómetros y se acceda hasta los 89 kilómetros). De esta forma, en caso de aprobarse el proyecto, la sanción monetaria sería de $ 11.100 versus los $ 22.200 del presente.

Para las infracciones a partir de superar por más de 60 kilómetros por hora el límite permitido la propuesta es de que la baja sea de 15 UR a 12 UR, es decir de $ 27.765 a $ 22.200.

Para los casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas no se prevé ninguna modificación. Tampoco por el cruce de semáforo en forma no autorizada o realizar adelantamientos en zonas prohibidas de rutas nacionales.

En conferencia de prensa, Rodríguez dijo que pese a la “severidad” de las multas no “han logrado bajar la siniestralidad”.

“Los siniestros en los últimos tres años no solamente no han bajado, sino que han aumentado. También lamentablemente la cantidad de fallecimientos, la cantidad de lesionados leves y graves por accidentes de tránsito. No estamos en desacuerdo con la fiscalización, con las multas, con la utilización de los radares, pero las sanciones han sido excesivas. No han sido racionales ni proporcionales”, apuntó.

A su turno, Andújar destacó que cuando “un uruguayo comete una infracción tiene que pagar, pero tiene que estar dentro de sus posibilidades económicas poderlo hacer”.

Según consignaron los legisladores, los gobiernos departamentales, a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), recaudaron un total de US$ 144 millones en multas de tránsito durante 2023 y 2024.

“Sin embargo, esta recaudación significativa no refleja una mejora en el cumplimiento normativo, sino que coexiste con altos niveles de morosidad. En 2023, solo el 32% de las multas aplicadas fueron pagadas (330.000 de 1.020.413), lo que implica una morosidad del 68%. En 2024, esta tasa de pago descendió al 29% (284.667 de 994.786), elevando la morosidad al 71%, con dos tercios de las infracciones impagas”, agregaron.

Al cierre de 2024, había 3.672.213 multas pendientes de cobro, lo que para Rodríguez, Andújar y Perrone “evidencia que la severidad de las sanciones genera evasión en lugar de disuasión”.