En 2025, se aplicaron más de un millón de multas de tránsito en el país, por las que se recaudaron más de $ 2.600 millones, equivalentes a unos US$ 66 millones. El nivel de morosidad es superior al 67%, guarismo similar a la de años previos.
De los datos presentados este jueves por el director general de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes, César García, se desprende que el año pasado se sancionaron en total 1.036.735 multas (frente a las 994.786 de 2024), pero solo 333.702 fueron pagadas o se acordó su financiamiento. Mientras, quedan pendientes de cobro 703.033, se indica en el informe al que accedió El País.
Según surge del documento, el porcentaje de cobro promedio de los últimos dos años es de 23% sobre el total del dinero y del 27% sobre el de multas.
En Montevideo, se aplicaron 518.915 sanciones por infracciones de tránsito y, en línea con lo ocurrido en el resto del país, solo se abonaron 154.269 (30%) mientras están pendientes de cobro 329.047 (67%). Fueron convenidas 35.599. Por esto la Intendencia de Montevideo, que representa la mitad de las multas por infracciones de tránsito, sancionó por $ 3.734.615.876 (US$ 93 millones, cifra superior al total de lo recaudado a nivel nacional), pero solo percibió de parte de los infractores US$ 33 millones.
El año pasado, las intendencias departamentales aplicaron 1.036.735 multas, Policía Caminera 46.734 y a través de los radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se detectaron y sancionaron 227.604 infracciones.
Con respecto al sistema y a las características de las penalizaciones, por exceso de velocidad fueron la gran mayoría de las multas: 407.443. Por conducir sin cuidado o atención de peatones, 187; carecer de silenciador o que no funcione, 5.427; no poseer licencia o tenerla vencida, 29.981; no respetar señales luminosas, 97.822.
Las multas por manejar hablando por celular fueron 13.434 y por conducir bajo los efectos del alcohol, 4.584. Entre 88% y el 57% —dependiendo la infracción— de las penalizaciones detectadas, se mantienen sin ser pagas o financiadas.
También en el top 10 de las infracciones más cometidas el año pasado se destacan el no uso de cinturón de seguridad (9.259 multas aplicadas por intendencias), la ausencia de matrícula o que esté ilegible (13.453) y el haber pasado sin respetar el cartel de pare (1.511).
A extranjeros, en tanto, se le impusieron 204.392 multas de tránsito durante 2025, pero la enorme mayoría de ellas nunca fueron pagadas. De ese número de infracciones, solo se saldaron con la administración 7.165, más 471 que fueron financiadas. Se pagaron apenas el 4%, que implicaron una recaudación de $ 95.090.932 (US$ 2 millones).
Crean grupo de trabajo
En el marco del proyecto de ley presentado por los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Sebastián Andújar (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), el Congreso de Intendentes, en línea con la necesidad de avanzar en una rebaja en las multas de tránsito, conformó una comisión con representación de los tres partidos políticos para trabajar en una propuesta para readecuar los montos de las sanciones por infracciones de tránsito.
La conformarán los intendentes Felipe Algorta (Durazno), Francisco Legnani (Canelones), Richard Sander (Rivera) y Juan Pigola (director general de Movilidad de Maldonado).
En rueda de prensa, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, recordó que los accidentes o siniestros de tránsito cobran más vidas en Uruguay que los homicidios.
“En el tránsito las cosas no se miden en plata, se miden en vidas. Y una de las formas de readecuar o corregir las conductas es mediante las sanciones. Pero no se trata solo de aplicarlas. ¿De qué sirve que yo pueda aplicar una, cinco o 100 si no impactan en las personas para mejorar su performance al volante? La idea es adecuar valores para que sean multas pagables para el bolsillo de un trabajador”, apuntó el intendente de Paysandú.
Según Olivera, cuando se desenganchó la multa con la patente (en la Rendición de Cuentas correspondiente a 2022) la morosidad trepó al 70%.
“Responde a un problema de base. Si usted puede elegir entre pagar o no, no es una sanción. Si se comete una infracción de cualquier naturaleza —sea de orden civil, penal o administrativa— y existe la posibilidad de optar entre cumplir o no cumplir, entonces deja de ser una sanción”, opinó Olivera, luego de que los jefes departamentales formalizaran su voluntad de que bajen los importes de las sanciones.
En el proyecto presentado en el Parlamento se propuso reducir hasta el 50% el costo de las multas por exceso de velocidad, las más comunes con más de 400.000 sanciones del millón.
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