Pagar aunque no vayan a la escuela: las razones del Diálogo Social para mantener asignaciones

Una de las recomendaciones del Diálogo Social es eliminar las condicionalidades para el cobro de las asignaciones familiares. Se argumenta que existe “evidencia sobre el bajo impacto” en la asistencia escolar y sanitaria, y que se registran “efectos negativos” en los sectores más vulnerables. Aunque desde la oposición ya manifestaron su negativa, esta es una idea que ya estuvo presente en la campaña del Frente Amplio. Es más, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se mostraron en aquel momento a favor de seguir este camino.

Más cerca en el tiempo, también se manifestó afín el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, quien indicó tras el Consejo de Ministros en el que se presentó el Diálogo Social: “Las condicionalidades generan un elemento distorsivo del que la sociedad uruguaya tiene que ser consciente. Termina desconectando del Estado a los niños más vulnerables del país. Además, no es un instrumento eficiente para asegurar la permanencia en el sistema educativo”. Ese mismo día, Arim señaló que evaluarían “cómo incorporar el análisis” del Diálogo Social en la Rendición de Cuentas, aunque no brindó detalles al respecto.

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos, Juan Martín Fernández, aseguró a El País que la evidencia muestra que la condicionalidad de asistencia educativa en las asignaciones familiares “no es un buen camino”, dado que se trata de una prestación para combatir la pobreza.

No obstante, como sostienen que les “preocupa” la concurrencia a centros educativos, creen que se deben utilizar otros mecanismos para asegurarla. En esa línea, el año pasado ya accionaron mediante un convenio entre varios organismos para lograr la revinculación educativa, algo que se potenciará en 2026, afirmó.

Foto: Ignacio Sánchez

El Diálogo Social fue un ámbito creado por el gobierno con el objetivo de lograr consensos entre partidos políticos, sindicatos y organizaciones. Su coordinador, Hugo Bai, indicó a El País que la recomendación al Poder Ejecutivo de quitar las condicionalidades es parte de una propuesta más amplia para unificar un sistema fragmentado de transferencias. En esa disparidad, las asignaciones familiares exigen condicionalidades, pero no así la Tarjeta Uruguay Social.

Las recomendaciones, continuó Bai, fueron “producto de la evaluación que se hizo en el seminario” del Diálogo Social. Fue en ese encuentro donde diversos especialistas analizaron el sistema actual y cuestionaron las contraprestaciones obligatorias.

Este fue el caso de la economista Ivone Perazzo, quien expuso sobre la base de un trabajo del Instituto de Economía de la Universidad de la República, el cual integra. El argumento central fue que la “búsqueda de mantener a los estudiantes se contrapone o termina jugando en contra del objetivo de aliviar la pobreza y la vulnerabilidad”. Esto sucede -continuó en el auditorio de Torre Ejecutiva- porque “los hogares cuyas asignaciones son dadas de baja son los que tienen mayor nivel de privación”.

La economista entiende que, “si bien hay un elemento de legitimidad social que a veces se suele argumentar para mantener las condicionalidades”, es “posible pensar en otro tipo de fundamentación para eliminarlas y sostener las transferencias”.

Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

También participó el economista Martín Lavalleja, hoy asesor en OPP, pero que concurrió por un trabajo realizado para la Cepal en coautoría con Victoria Tenenbaum en 2022. En el informe, incluido en el Diálogo Social, se considera “necesario rediscutir el diseño de las contraprestaciones y los mecanismos que derivan en una suspensión inmediata”.

Esto se debe a que se generan “dos contradicciones”. Una está vinculada al “derecho a la educación del que todos los menores deben gozar”. Se entiende que “el hecho de retirar el beneficio sin brindar ningún otro mecanismo de apoyo para su reinserción contradice el objetivo de promover la asistencia y permanencia en el sistema educativo”. La otra es que “el hogar beneficiario posee otras carencias materiales que, al quitar la prestación, pueden verse agudizadas y tener efectos contrarios a los objetivos del programa, como el de mejorar las capacidades de niños y niñas”.

Por su parte, Cecilia Rossel, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Católica del Uruguay, planteó que “el modelo adoptado en Uruguay ha cristalizado la punitividad en la política asistencial” y que “las sanciones limitan la cobertura y lo hacen de forma regresiva”. Asimismo, indicó que la condicionalidad se “sustenta en un enfoque normativo que asume que el no cumplimiento es una opción”, a lo que sumó que “la evidencia muestra que no es cierto que las familias no quieran enviar a sus hijos a la escuela o liceo”.

Foto: Estefanía Leal

El directorio del Partido Nacional comunicó este lunes su discrepancia. En esa línea, el senador Martín Lema, quien ocupó el cargo de ministro de Desarrollo Social durante el período pasado, indicó a El País que no está de acuerdo con la propuesta y que sería “un mensaje sumamente negativo, porque la gran mayoría de los padres mandan a sus hijos a los centros educativos”.

Desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva, expresidente de ANEP, cree que es un “error garrafal” querer suprimir las condicionalidades. A su entender, la medida “va contra la naturaleza del beneficio y de las prestaciones sociales en su conjunto”, porque estas “tienen que tener siempre una contraprestación”, dado que son fondos públicos que provienen de los ciudadanos que contribuyen con las arcas del Estado.

Al mismo tiempo, Silva afirmó a El País que es una “herramienta fundamental que tienen las maestras para hablar con adultos responsables que no cumplen a cabalidad la obligación de llevar a sus hijos a las escuelas”. A lo que añadió: “Les dicen que van a tener que informar la situación y que está en riesgo la asignación. Muchísimas veces, más de las que creemos, se normaliza o mejora la asistencia”.

Por su parte, Cabildo Abierto ya se mostró en contra de la idea, posición que quedó reflejada en el informe de recomendaciones del Diálogo Social. También manifestaron su disconformidad las cámaras empresariales.

Foto: Leonardo Mainé.