CPA Ferrere advierte riesgos por propuestas sobre AFAP, retiro a los 60 años y protección de infancia

Aún queda conocer en detalle qué implementará el gobierno de las propuestas que surgieron del Diálogo Social. De todas las ideas que se presentaron, tuvieron más repercusión la causal de retiro anticipado a los 60 años, los cambios en el régimen previsional con un nuevo rol de las AFAP y las vinculadas a las transferencias por las infancias. En ese contexto, el estudio CPA Ferrere identificó algunos riesgos como el “deterioro de la calificación crediticia” de Uruguay.

El estudio CPA Ferrere, antes de explicar cuáles son los peligros, indicó que la administración de Yamandú Orsi “enfrentará la tensión entre impulsar algunas de estas iniciativas” del Diálogo Social y “evitar un deterioro en las condiciones macroeconómicas y fiscales”.

Una de las propuestas más relevantes del Diálogo Social es la causal de retiro anticipado a los 60 años que prevea incentivos económicos para que la persona no opte por este camino y continúe en el mercado laboral. De esta posibilidad, CPA Ferrere comentó que “deberá ser evaluada con particular cuidado, considerando las estimaciones actuariales y los impactos en materia de sostenibilidad financiera del régimen previsional a largo plazo”. En esa línea, añadió: “El gobierno enfrenta un desafío particular a la hora de evaluar y comunicar esta medida, por sus impactos potenciales en el spread soberano y en la calificación crediticia”.

“Uruguay consolidó su calificación crediticia dos escalones por encima del Grado Inversor y el spread soberano más bajo de la región luego de la aprobación” de la reforma de la seguridad social en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, “que permitió mejorar la sostenibilidad financiera del sistema previsional”, se señaló, y continuó en el documento: “La creación de una causal de retiro anticipada que habilite adelantar la edad de retiro a los 60 años podría revertir parte de las mejoras capitalizadas en 2023”.

Por otra parte, sobre la propuesta del Diálogo Social para generar cambios en el régimen de ahorro individual, CPA Ferrere entiende que “constituye un riesgo potencial tanto para el pilar de capitalización (en tanto propone modificar una parte sustantiva del negocio gestionado por las AFAP), como para el clima de negocios y la estabilidad institucional (en tanto introduce incertidumbre sobre la trayectoria futura del régimen de capitalización)”.

Se explicó que las AFAP, “además de cumplir un rol clave como inversor de los fondos de ahorro previsional, también tienen un rol relevante en el mercado internacional de deuda soberana, operando como contraparte de los inversores internacionales que adquieren deuda uruguaya en las emisiones internacionales”. “En otras palabras, las AFAP operan como compradores y vendedores de inversores internacionales que operan con títulos uruguayos en el mercado internacional. Por tanto, un eventual rediseño del mercado previsional que afecte la estructura del mercado de AFAP podría generar incertidumbre en el mercado internacional de deuda, con impacto potencial en el spread y la liquidez”, se añadió.

Además, se entiende que los cambios propuestos para esta parte del régimen previsional tienen un “dudoso balance costo-beneficio desde la perspectiva del bienestar general, ya que los riesgos sobre la estabilidad institucional son elevados” y las “autoridades adelantaron que los impactos potenciales sobre las jubilaciones serían marginales”.

Por último, el estudio refirió a las recomendaciones vinculadas, en parte, a las transferencias monetarias para niños y adolescentes. El riesgo es el “aumento del gasto a partir de 2027, agregando presión sobre un escenario fiscal que tiene poco margen de maniobra”. Se recordó que, a la fecha, “no se conocen estimaciones sobre el impacto fiscal del programa de combate a la pobreza y protección de la infancia, pero el gobierno anunció que será incorporado en el próximo Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas con el objetivo de comenzar su ejecución en 2027”. En ese contexto, se señaló que la “decisión se adopta en un contexto de riesgo de incumplimiento de las metas fiscales de 2026 por el crecimiento del Producto Interno Bruto menor al esperado”.