Seguridad social: el debate sobre estatización, críticas de “absoluta locura” y el "poco impacto" en rentabilidad

Los cambios propuestos desde el Diálogo Social para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la creación de mecanismos para el retiro a los 60 años se instalaron en el centro de la discusión política en los últimos días. Y promete seguir siéndolo en los venideros. La revisión del sistema previsional hizo que se pusiera arriba de la mesa la palabra estatización, que la oposición apuntara contra el gobierno y que se cuestionara cómo se financiarán (y, en todo caso, cuál será el impacto fiscal de) ciertas medidas.

El gobierno ya anunció que está dispuesto a “considerar mejoras” al sistema previsional, como la modificación del vínculo entre las AFAP y los afiliados, con el objetivo de “reducir costos y aumentar la eficiencia y la simplicidad del sistema”. Esa postura se conoció luego de que terminara el Diálogo Social, el que recomendó seguir con el sistema actual de tres pilares, pero con la particularidad de que las “cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público”. Este último, en este escenario, “licita o asigna los fondos (no individualizados)”. Al mismo tiempo, propone que “actores públicos y privados en un mercado en competencia” mantengan la “función de inversión y rentabilización”.

Desde el Poder Ejecutivo -incluido el presidente Yamandú Orsi- se aseguró de manera reiterada que no hay “estatización” con la propuesta del Diálogo Social y que se mantienen los tres pilares del régimen actual. Pero esa lectura no es unánime. Por ejemplo, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, tiene otra interpretación. “¿Cómo se llama, entonces, que tareas que hoy realizan unas 350 personas en las AFAP en el sector privado pasen a ser del Estado? Es estatización o nacionalización”, dijo.

El economista no ve “beneficio para nadie” en el cambio que se propone para las AFAP. A lo que agregó que “se afirma que se haría para ganar eficiencia y, a partir de esta, mejorar las jubilaciones”, pero, en su opinión, “hay que tener claro que, según cálculos manejados en el ámbito del Diálogo Social, la ganancia sería insignificante para las jubilaciones”. “Además, déjenme dudar que el Estado pueda hacer con mayor eficiencia la tarea que realizan 350 personas en el sector privado en un mercado competitivo. Incrementarle las tareas, a su vez, resta dado que hoy muchas se hacen muy mal”, sostuvo el titular de Ceres.

El debate viene desde hace días al punto de que, de manera enfática, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró el martes que “se debería dejar de lado” la discusión sobre si se van a eliminar las AFAP. Esto porque -y lo había dicho Orsi minutos antes- no es el camino que adoptaría el Poder Ejecutivo ni lo que se plantea en el Diálogo Social. También marcó como “central” que no se desconoce el resultado del plebiscito sobre la seguridad social de 2024, en el que no tuvo éxito la propuesta del Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio.

A lo que añadió, ante las críticas que llovieron los últimos días, que desde el Diálogo Social no se sugirió la afectación de las cuentas de ahorro individuales debido a que se propone continuar con este pilar de aportes obligatorios. Además de que se van a promover -aseguró el ministro- medidas para “blindar” estos fondos ante posibles otros usos que no sean jubilatorios y “dar más certezas”. Para Oddone, “no es serio” sostener que se quiere una “estatización del sistema”.

Del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), su director ejecutivo Agustín Iturralde indicó a El País que, desde su perspectiva, “habría una estatización de una parte del negocio de las AFAP y no de los fondos previsionales porque seguirían siendo de titularidad individual y de propiedad privada de las personas”. También entiende que, si se diseñara el sistema de cero, se podría buscar una solución como la que se plantea en el Diálogo Social, pero no lo ve conveniente dado que hoy hay un “sistema que funciona bien”. Además de que “es muy menor la ganancia de eficiencia que se puede lograr” y, más bien, “esto se lo está manejando como un botín político”.

Por su parte, el economista Aldo Lema indicó que la propuesta del Diálogo Social para las AFAP tiene dos partes: “una es estatización y la otra no”.

“Es una estatización de la cuenta individual del afiliado que pasaría a ser manejada por un nuevo ente monopólico estatal o quizás por una nueva unidad del Banco de Previsión Social”, señaló, y continuó: “La otra parte, que es la gestión de las inversiones, seguiría siendo parcialmente privada. Por un lado, probablemente continuaría una entidad continuadora de República AFAP en competencia con empresas privadas. Y, entre todas estas entidades, se licitarían montos colectivos de ahorro (no individualizados) para gestionar las inversiones”.

Foto: Presidencia.

Lema, ante la consulta de si la idea de un mayor protagonismo del Estado no aumentaría el gasto público, respondió: “Hay dos efectos sobre las finanzas públicas, aunque en principio se estiman pequeños. Por un lado, menores aportes de utilidades de la entidad que gestione inversiones (República AFAP o la sucedánea). Por otro, los mayores costos por pasar a gestionar las cuentas individuales”.

También valoró que si se adoptaran los cambios propuestos “no hay un gran impacto en la rentabilidad” en las cuentas de ahorro individuales y, por lo tanto, “tampoco en aumento de jubilaciones”. Y explicó: “Actualmente las comisiones (los ingresos) de las AFAP como porcentaje del fondo son 0,3%. Supongamos que al quitarle la gestión de las cuentas individuales y facilitar la entrada de nuevos gestores de inversión, la comisión cae a 0,2% o a 0,15%, eso representa un aumento marginal en la rentabilidad anual del fondo y también marginal en la jubilación”.

Iturralde hizo hincapié en los cambios que se proponen en el Diálogo Social para las jubilaciones, que tienen dos patas. Una es el crear una causal de retiro anticipado a los 60 años con mecanismos para desincentivar esta opción con el objetivo de que las personas continúen hasta los 65 años. La otra es que, para quienes tienen jubilaciones menores y opten por salir antes del mercado laboral, se garantice que el monto no sea menor al del régimen anterior a la reforma de 2023.

Al economista le parece una “locura absoluta” habilitar mecanismos para volver a la jubilación a los 60 años. “Es el camino opuesto -aseguró Iturralde- al que deberíamos tener y, además, es absolutamente impagable. Aguardaremos los detalles sobre cómo se buscará implementar, pero no hay forma de que no tenga un costo oficial enorme para los sectores tanto bajos como altos”.

En el CED, añadió, no les “cierra por ningún lado” que el sistema de retiro a los 60 años pueda ser “fiscalmente neutro”. Ante la idea del Diálogo Social de generar desincentivos, Iturralde cuestionó cómo lo implementarían para los trabajadores de mayores ingresos. Esto porque son personas a las que en los últimos años ya alcanzaron el tope de su jubilación en el Banco de Previsión Social. También planteó dudas sobre cómo se aplicaría para las jubilaciones de menores ingresos. Las “cuentas básicas”, señaló Iturralde, ya dan que la medida significaría un “costo fiscal”.

Del Diálogo Social destacó las propuestas para la extensión de las licencias maternales y paternales y los aumentos de transferencia hacia la primera infancia. “También tienen un costo fiscal pero, en la situación que está Uruguay, habrá que generar espacio fiscal reduciendo el gasto en otras cosas”, señaló, y continuó: “Habrá que comprarse el problema del portland Ancap, el problema de empresas ineficientes del Estado, o el problema de cerrar dependencias que tienen competencias repetidas”.