Diálogo social: gobierno recibió "orientaciones" sobre cambios a las AFAP y enviará leyes en el segundo semestre

Un desafío político en ciernes para el gobierno de Yamandú Orsi es el relativo a los cambios al sistema de previsión social que este año propondrá al Parlamento, en línea directa con el documento final elaborado en el Diálogo Social, y que incluyen una serie de planteos que van desde modificaciones al vínculo entre usuarios y las AFAP, pasando por el aumento de la licencia paternal y hasta un fortalecimiento del Sistema de Cuidados con foco en la infancia.

El tema se venía conversando en los últimos días a raíz de divulgaciones periodísticas sobre las principales conclusiones arribadas en este diálogo —en cuyo marco se hicieron 20 conversatorios en todo el país, más de 100 exposiciones técnicas y 66 audiencias, y en el que participaron varios actores de la sociedad civil pero solo los partidos Frente Amplio y Cabildo Abierto—, y fue el principal asunto que llevó al presidente a convocar a un nuevo Consejo de Ministros este martes.

La preocupación en el oficialismo, trasladada enfáticamente por el jefe de Estado en la posterior conferencia de prensa, pero también —y sobre todo— por el ministro de Economía, Gabriel Oddone en varios momentos de su intervención (ver recuadro), era desmentir que en la plataformas de cambios que ahora analizará el Poder Ejecutivo se haya planteado que el gobierno pretenda estatizar el rol que hoy cumplen las AFAP.

Foto: Presidencia

Fue a lo primero que se refirió Orsi al iniciar el diálogo con los medios: "Como presidente de la República, lo primero que debo reafirmar y aclarar (...) para aventar cualquier tipo de especulación es que no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, pero tampoco aparece en este documento, el planteo de eliminar o estatizar las AFAP". "Parece una obviedad —añadió—, pero creo que era lo primero que había que establecer".

Admitió, de todas formas, que el texto elaborado en el Diálogo Social no es fruto de "unanimidades", y que se escucharán "algunas voces" que seguirán marcando "matices y discordancias con algunas de las cosas que aquí aparecen".

Lo otro que el gobierno —como ya hizo esta semana el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez— quiso dejar en definido, y defenderse así de otro de los argumentos que esgrimió la oposición, es que no está en sus planes desconocer el resultado del plebiscito de octubre de 2024 —que proponía eliminar las AFAP, fijar la edad de retiro en 60 años y atar los salarios mínimos con las jubilaciones más bajas.

"Cualquier accionar del Diálogo Social y, a su vez, cualquier accionar del Poder Ejecutivo, reconoce, como no podía ser de otra manera, el pronunciamiento de la ciudadanía en 2024 sobre lo que fue sometido a consulta y eso tiene que quedar claro; aquí no hay ninguna reapertura de discusiones que estuvieron en el proceso previo al plebiscito", dijo Oddone, también respondiendo a cuestionamientos opositores.

Una gacetilla oficial con el resumen de los planteos formula aseveraciones en esa misma línea: "i) la edad normal de retiro del régimen previsional es a los 65 años de edad y; ii) el sistema se basa en un esquema de tres pilares (no contributivo, componente solidario de reparto intergeneracional y ahorro individual obligatorio), con administradoras de ahorro profesionales, públicas y privadas".

"No obstante lo cual —siguió—, como muchos de nosotros sostuvimos durante la campaña del plebiscito, (y) a pesar de que teníamos una postura contraria a que eso prosperara", el gobierno propondrá ahora "modificaciones en aspectos del régimen previsional que la ley anterior (la reforma aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou) no había resuelto".

Las propuestas están arriba de la mesa: se introducirán mecanismos para habilitar —con desincentivos— el retiro anticipado a partir de los 60, se creará otro "sumplemento solidario" para garantizar una jubilación mínima para determinados trabajadores que decidan permanecer hasta los 65, además de aumentar la cobertura social en la primera infancia y duplicar el número de centros de educación media con tiempo extendido y avanzar hacia la universalización de la atención para niños de tres años, entre otras medidas.

Algunas de estas propuestas podrán comenzar a aplicarse gradualmente por el gobierno, pero otras —las vinculadas al sistema previsional— precisarán marco legal. Algunos aspectos, entonces, irán en la Rendición de Cuentas que el gobierno deberá enviar antes del 30 de junio al Parlamento y otras en leyes aparte, porque la Rendición de Cuentas no puede contener cambios en materia previsional.

Lo que es seguro, dijo a El País una fuente de Presidencia, es que los proyectos por fuera de la norma presupuestal se enviarán en el segundo semestre. "Lo que tenemos son orientaciones y ahora tenemos que diseñar", dijo la fuente.

Oddone lo puso en términos similares en la conferencia, sobre todo al referirse a los cambios propuestos para las AFAP: "Lo único que hay son algunas sugerencias que el gobierno va a evaluar y va a considerar en relación a cómo se organiza la relación entre los afiliados y las administradoras de fondo previsional".

Recién entonces llegará la complejidad a la que está acostumbrado el oficialismo: buscar mayorías que no tiene en la Cámara de Representantes.

"Lo que hay que hacer acá es ser muy creativos, tener cabeza abierta, no adelantarse a tomar definiciones más ideológicas o más del oposicionismo que se está haciendo de parte de algunos integrantes de la oposición", dijo, en tanto, el senador Daniel Caggiani.