Gobierno rechaza “alerta” ante descenso poblacional y descarta tomar medidas de “pronatalismo autoritario”

Cerca de 40 años después, Uruguay está empecinado en su número identitario: 3 millones. Lo que hasta 2020 era una progresivamente desacelerada tendencia de leve crecimiento, terminó. El país pasó de tener una cifra poblacional estancada a una descendente. De unos 3.499.451 habitantes (censo 2023), el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta que para 2070 ese número baje hasta llegar a unos 3.043.670, volviendo a parámetros de la década del 80.

El gobierno de Yamandú Orsi y el sistema político reconocen este fenómeno como un desafío a encarar desde la política pública, pero con algunas consideraciones. A través de la Rendición de Cuentas del 2022, y con una reglamentación del Poder Ejecutivo que llegó en julio de 2025, se instaló una Comisión de Expertos en Política Poblacional en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Rodrigo Arim, director de la OPP, afirmó en diálogo con El País que el fenómeno “es parte del desarrollo” y, si bien presenta desafíos, no significa una “alarma”. “El desarrollo presupone en general que se reduce la cantidad de nacimientos, lo que sucedió en todas las sociedades que han recorrido un camino de desarrollo económico y social durante el siglo XX y siglo XXI, y también que vivimos más. Por lo tanto, esas dos tendencias dialogan entre sí e impactan en la estructura demográfica”, sostuvo.

Según el jerarca, el debate debe ubicarse más en el plano de, por ejemplo, los cuidados y la atención a la infancia, y no necesariamente de incentivos a la natalidad, ya que “los países que han recorrido ese camino no han tenido éxito” y “sería un error ponerse un objetivo determinado de cierto nivel de natalidad”.

De hecho, para el gobierno no es automáticamente negativo tener una baja y decreciente tasa de natalidad. En ese sentido, Arim puntualizó que “el hecho de que la población no crezca y que paulatinamente sea una sociedad un poco más vieja no es un problema en sí”, y que discutirlo “en clave de crónica roja no es correcto ni académica ni políticamente”.

Datos del 2025 mostraron que la natalidad del año pasado (28.903) supone casi 1.000 nacidos vivos menos frente al 2024 (29.889). La última cifra también muestra cómo año a año se ha ido reduciendo la cantidad de nacidos: 2023 (31.385), 2022 (32.301), 2021 (34.601) y 2020 (35.874).

El director de la OPP resaltó que incluso esta tendencia esconde algunas “buenas noticias”: “Un componente importante en la natalidad es la caída de la tasa de natalidad entre las adolescentes, algo deseable desde toda perspectiva”.

Así, la administración no está abocada a generar incentivos para que nazca más gente, pero sí a generar un “marco de políticas” que permita que las personas puedan tomar la decisión de tener hijos con mayor libertad y mejores condiciones. Además de que se insiste en que las políticas de incentivo a la natalidad “en el mundo no han funcionado”, se considera que “tienen un componente bastante autoritario”.

La Comisión de Expertos, junto a autoridades de la OPP, compareció el 17 de marzo ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. De esa instancia se destacan algunos aspectos estipulados por los jerarcas de gobierno en la presentación que realizaron.

Por un lado, un futuro de decrecimiento poblacional es una “certeza”, incluso con un “saldo migratorio positivo” y con alguna mejora en la natalidad anual del país. Y por otro lado, se evalúa cómo se puede impactar la natalidad y a qué tipo de factores responde su caída.

El gobierno tiene identificado el tipo de políticas que quiere aplicar, y el que no. En el mismo sentido que lo dicho por Arim, se señala un efecto positivo al poner foco en “guarderías y el cuidado infantil accesible”, en particular porque facilita el retorno al trabajo, principalmente para las mujeres. Es esta la impronta que se busca aplicar.

En contraposición, una herramienta que el gobierno identifica como con efectos “mixtos” las licencias parentales remuneradas, que en caso de ser “muy largas pueden reforzar división de género y reducir empleabilidad femenina”.

Por último, se critica el “pronatalismo autoritario o coercitivo”, es decir, “políticas que restringen derechos o imponen roles de género y generan resistencia y reducen fecundidad”, en pos de “metas demográficas”. Un ejemplo son las ayudas económicas por nacimiento.

De acuerdo con Arim, la lógica debe ser otra: “Ubicarse en el plano de tener un objetivo poblacional es un error importante. El desafío de la política pública no puede ser un objetivo de esa características. Sería muy autoritario pensar en ese plano. El tema es cómo construimos espacios de libertad para que la gente tome decisiones en función de lo que son sus preferencias y sus proyectos vitales”.

El jerarca resaltó que “esto no es un argumento de corte ideológico”, sino que responde al “conocimiento acumulado a nivel académico de esta materia en los procesos demográficos y de los estudios al respecto”.

Foto: OPP.

Según el diagnóstico del gobierno, hay dos dimensiones de razones detrás de la caída en los nacimientos. Una es los obstáculos estructurales, que son a dónde apunta mayoritariamente la política pública: precariedad laboral, incertidumbre económica, costos de vivienda inaccesibles para jóvenes, dificultades para conciliar trabajo y crianza y para sostener parejas estables, costos educativos.

Esto puede atacarse con políticas socioeconómicas, pero lo complejo es la otra dimensión, que son las transformaciones culturales: individualismo, realización personal por sobre familia, la parentalidad como coronación y no como punto de partida, expansión del estilo de vida sin hijos, cambio en el vínculo entre matrimonio e hijos.

A la par de la labor gubernamental, dirigentes políticos de la oposición se han enfocado en el tema en otros períodos. La creación de la Comisión de Expertos fue iniciativa del diputado colorado Conrado Rodríguez el quinquenio pasado. Concretamente, se advierten “consecuencias país”.

Así lo manifestó el senador nacionalista Martín Lema, exministro de Desarrollo Social, quien dijo a El País que el descenso poblacional y a baja natalidad afecta directamente al sistema previsional y educativo, y criticó la gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la materia.

“En el MSP, hay más agenda en torno al aborto o con la eutanasia, y la verdad que los esfuerzos deberían estar mucho más destinados a políticas de incentivo al nacimiento. No están priorizando temas fundamentales para el país en general”, aseveró.

Por su parte, Rodríguez sostuvo que es necesario tener respuesta ante la “preocupación” que significa la “disminución demográfica crónica” del país.

“En el año 95, la comisión que trató la reforma a la seguridad social de ese año había estudiado también aspectos demográficos, y la cantidad de nacimientos que ocurrían en nuestro país eran aproximadamente unos 59.000. Ya sobre el año 2021 fueron 34.000, y según lo que hemos visto, en el 2025 fueron aproximadamente 28.000. Por lo tanto, los nacimientos vienen bajando de forma pronunciada en nuestro país en las últimas décadas, y es uno de los componentes que obviamente va a arrojar en un futuro problemas en la seguridad social”, explicó el diputado.

Uruguay, al tener un sistema de prestaciones y jubilaciones mixto, depende en buena parte de su demografía para garantizar su sostenibilidad. Con la actual tendencia poblacional, que además implica mejor expectativa de vida y más personas en edad de retiro, menos activos deberán financiar una mayor cantidad de pasivos.

El legislador colorado remarcó que se debe instrumentar “una política de Estado que tiene que ser continuada más allá del gobierno y del signo ideológico”.