Fiscalía acusó a Charles Carrera y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión: el caso irá a juicio

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno presentó la demanda acusatoria contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y al pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables ($ 1.917.000), dijeron fuentes al tanto de la causa a El País. Esto significa que, tras una etapa intermedia, el caso irá a juicio oral.

Carrera fue acusado de los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada por su participación en la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, la que se realizó pese a que no tenía derecho a ser asistido allí, justamente por ser un civil. Carrera en el momento del suceso era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, cuando el ministro era el fallecido Eduardo Bonomi.

Hernández recibió el impacto de una bala perdida en la localidad de La Paloma (Rocha) en el año 2012 y quedó paralítico producto de la herida. La bala, se sospechó, había salido de la casa de un policía que estaba realizando una fiesta con otros oficiales ubicada en frente, pero eso nunca pudo ser demostrado judicialmente.

La imputación inicial sostenía que Carrera, como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, había falseado información para que Hernández, que no era oficial de policía ni pariente de uno, se atendiera durante tres años en el Hospital Policial sin pagar por el servicio.

En febrero el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno rechazó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas de modificar las medidas cautelares contra el ex senador Carrera, en la causa que lo tiene imputado por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.

La fiscal, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, había solicitado que Carrera cumpliera arresto domiciliario. La jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, rechazó el pedido de Fleitas y luego el tribunal hizo lo propio.

Carrera dispuso que se lo atendiera a Hernández en el Hospital Policial, donde permaneció internado tres años, y en una oportunidad —al comienzo del caso— le otorgó a su familia tickets alimentación por $ 20 mil. En total, el gasto realizado por el Ministerio del Interior fue de US$ 260.000.

En una audiencia en octubre del año pasado, Fleitas insistió con la solicitud de una medida que ya había pedido y que se le había negado: quería que Carrera fuera a arresto domiciliario y se le vedara la posibilidad de dar entrevistas y expresarse en redes sociales sobre el caso. Alegó que, por los medios y a través de una denuncia que realizó en el Ministerio del Interior, el exlegislador podría estar ejerciendo presión sobre policías testigos en la causa.

“Censurar al señor por cuestionar la investigación que pesa sobre su espalda... De acuerdo a lo que han dicho, se ha referido a las personas públicas encargadas de la investigación. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, recibimos cuestionamientos por nuestras actuaciones? ¿Cuántas veces?”, expresó la jueza Olivera, quien consideró que prohibirlo significaría censura previa. “Quizás sea un juez demasiado garantista en cuanto a estos derechos que para mí son fundamentales en una sociedad democrática como la que quiero que sea mi país”, agregó.

Juan Manuel González Rossi, abogado de Carrera, criticó en una reciente audiencia que la Fiscalía había pedido a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tres copias de declaraciones juradas de bienes e ingresos de Carrera entre los años 2015 y 2020 inclusive. “¿Qué tiene que ver estas declaraciones con el uso del Hospital Policial?, se preguntó el abogado. Los hechos imputados “en ningún momento dan cuenta que se esté cuestionando en un supuesto enriquecimiento del señor Carrera. Dan cuenta que se habría favorecido a un particular”, insistió.

Cuando tomó la palabra la Fiscalía, una de sus representantes respondió que en el delito de fraude está previsto que el beneficio sea propio o sea ajeno.

“El beneficio ajeno está ampliamente probado, acreditado por esta fiscalía y eventualmente lo demostrará (...). Ahora, el beneficio propio, la fiscalía tiene el deber de investigar si no existió”, indicó. González Rossi dijo que “nunca nadie dijo ni osó plantear que Carrera había recibido un beneficio económico de esto”.