Fiscalía pidió declaración jurada de Carrera y su defensa insiste en que están "realizando una pesquisa"

Aunque no hay al momento evidencias de que Charles Carrera se haya beneficiado económicamente del uso indebido del Hospital Policial que presuntamente le facilitó al civil Víctor Hernández, esto es algo que Fiscalía está investigando. El daño a la administración pública ya se habría configurado al beneficiar a Hernández, lo que aún se busca determinar es si existió un lucro personal por parte de Carrera. La fiscal sostuvo que por el momento no hay pruebas que indiquen que esto haya sido así. En tanto, para los abogados de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández Ramírez, su cliente está siendo víctima "de una pesquisa, de una salida a pescar a ver qué le encuentran".

Estas declaraciones se dieron en el marco de una audiencia ocurrida el viernes pasado ante la jueza del caso, Diovanet Olivera. Carrera está imputado por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada por su participación en la internación de Hernández en el Hospital Policial, la que se realizó pese a que no tenía derecho a ser asistido allí, justamente por ser un civil. Hernández recibió el impacto de una bala perdida en la localidad de La Paloma (Rocha) en el año 2012 y quedó paralítico producto de la herida. La bala, se sospechó, había salido de la casa de un policía que estaba realizando una fiesta con otros oficiales en la casa de en frente, pero eso nunca pudo ser demostrado judicialmente.

A 10 meses de la imputación formal de Carrera por este hecho, la defensa del exsenador pidió una instancia ante Olivera y reportó que, a su juicio, la Fiscalía de Delitos Económicos que comanda Sandra Fleitas —quien no estuvo presente, sí sus adscriptas— se estaba extralimitando en la investigación. La posición del Estado la defendieron las fiscales adscriptas Verónica García y Romina Cabrera, y la fiscal adjunta Elisa Guper. Tras oírlas, la jueza Olivera entendió que no correspondía aceptar los pedidos de los abogados de Carrera en esta instancia y que muchos de los tópicos planteados debían ser abordados en otro momento del proceso.
En la audiencia se discutieron mayormente tres situaciones.

En más de una oportunidad, la fiscal Fleitas pidió que la jueza obligue a Carrera a abstenerse de realizar comentarios públicos sobre el caso, los testigos y otros intervinientes en el proceso. Tanto Olivera como el Tribunal de Apelaciones rechazaron este reclamo por entender que se atentaba contra su libertad de expresión, y que ya se había laudado sobre este tema cuando estuvo en tela de juicio la participación del exlegislador en redes sociales.

Por otra parte, González Rossi y Fernández Ramírez informaron a la jueza que en setiembre del año pasado la Fiscalía había recibido la respuesta a un oficio que tenía como "objeto de estudio" la "documentación del usuario de Facebook" del exsenador. Los defensores se preguntaron qué correlación tiene este pedido con la causa en cuestión, que tiene como objeto el eventual uso irregular del Hospital Policial.

Entienden que esta medida afecta su libertad de expresión y atenta contra las decisiones de la Justicia, que resolvió que él podía expresarse sobre el caso. La respuesta al oficio tiene fecha 29 de setiembre y, en ese momento, una de las resoluciones que habilitaba a Carrera a hablar de su causa públicamente ya estaba firme, resaltó Fernández Ramírez.

Una de las fiscales que intervino explicó que ese pedido se emitió y tuvo respuesta el mismo día, puesto que el 30 de setiembre se iba a celebrar una audiencia en la que la Fiscalía reiteró su solicitud de que Carrera fuera impedido de hablar del caso (la jueza ese día lo volvió a negar). Por ende, resumió, se pidió ese informe para usarlo como argumento en audiencia.

La jueza tomó por buena la argumentación de Fiscalía aunque les advirtió sobre las dos sentencias firmes y "contundentes" en cuanto a que él "no podía ser limitado en su derecho de expresión".

A lo largo de la audiencia, el argumento con el que insistía la defensa es que la Fiscalía debe limitarse a investigar los hechos ya conocidos (por los que se imputó a Carrera) y que si, en base a nuevos datos, abría otras líneas de investigación, comunicárselo a la defensa. A grandes rasgos, eso expresó González Rossi antes de comunicarle a la jueza Olivera que la Fiscalía había pedido a la Junta de Transparencia y Ética Pública tres copias de declaraciones juradas de bienes e ingresos de Carrera entre los años 2015 y 2020 inclusive. ¿Qué tiene que ver estas declaraciones con el uso del Hospital Policial?, se preguntó el abogado. Los hechos imputados "en ningún momento dan cuenta que se esté cuestionando en un supuesto enriquecimiento del señor Carrera. Dan cuenta que se habría favorecido a un particular", insistió.

Cuando tomó la palabra la Fiscalía, una de sus representantes respondió que en el delito de fraude está previsto que el beneficio sea propio o sea ajeno. "El beneficio ajeno está ampliamente probado, acreditado por esta fiscalía y eventualmente lo demostrará (...) Ahora, el beneficio propio, la fiscalía tiene el deber de investigar si no existió", indicó. Sobre el final de la audiencia, al contestar un recurso presentado por la defensa, la representante específico que "no hay todavía evidencias de que hubo un beneficio propio, pero es lo que la Fiscalía está investigando".

El abogado de Carrera defendió que aunque el delito de fraude prevé las dos posibilidades, la investigación debe ceñirse a los hechos imputados y "nunca nadie dijo ni osó plantear que Carrera había recibido un beneficio económico de esto".

Como un tercer punto a debatir, los abogados de Carrera señalaron que Fiscalía había ordenado al Ministerio del Interior "entre 20 y 30 documentos" firmados por él. Con el mismo esquema de análisis de los puntos anteriores, se preguntaron: ¿Qué tiene que ver eso con el uso del Hospital Policial?

Las fiscales contestaron que ordenarán una pericia caligráfica para cotejar que las firmas que figuran en los tickets de alimentación otorgados a Hernández efectivamente fueran del imputado. Esto fue relativizado por los abogados del exsenador, quienes destacaron que él siempre reconoció que las firmas eran suyas. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que al momento no fue aceptado judicialmente (no hay un acuerdo probatorio) y por ende ellas deben tener la prueba que lo cerciore.

Al definir su posición, la jueza dio por válida la explicación de la Fiscalía en cuanto al informe sobre la cuenta de Facebook de Carrera y señaló que expedirse sobre lo demás sería "prejuzgar". Esto se debe a que, una vez que se presenta la acusación final contra un imputado, se abre un debate sobre qué pruebas pueden ser llevadas o no a juicio. La jueza, en este caso Olivera, puede rechazar pruebas propuestas por la Fiscalía si cree que son inadmisibles, impertinentes, redundantes, inconducentes o, incluso, ilegales.

"No es el momento para que la sede se pronuncie, porque si yo me pongo a discutir esas evidencias en este momento, voy a prejuzgar. Y ustedes saben que eso puede apartarme del caso, que no es lo que quiero, yo por lo menos, y entiendo que no es lo que se está procurando", expuso.

Los abogados de Carrera le pidieron que reconsiderara su posición argumentando que la recopilación de pruebas no puede vulnerar derechos ni puede habilitar a la Fiscalía a tener una "carta libre" para investigar "lo que le parece", pero Olivera se mantuvo en su decisión.