El Tribunal de Apelaciones de 2° Turno rechazó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas de modificar las medidas cautelares contra el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera, en una causa que lo tiene imputado por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.
La fiscal, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, había solicitado que Carrera cumpliera arresto domiciliario. La jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, rechazó el pedido de Fleitas y en las últimas horas el tribunal hizo lo propio, según informó La Diaria y confirmó El País con fuentes del caso.
La resolución del tribunal salió a la luz el mismo día en el que se celebró una audiencia para extender hasta el 10 de junio las medidas cautelares ya impuestas al exlegislador, que son la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país.
Según la fiscal Fleitas cuando Carrera era director de Secretaría del Ministerio del Interior otorgó beneficios irregulares a Víctor Hernández, que quedó parapléjico tras recibir una bala en un incidente no aclarado en La Paloma (Rocha) en el año 2013. La bala habría salido de una vivienda donde había policías.
Carrera dispuso que se lo atendiera en el Hospital Policial, donde permaneció internado tres años, y en una oportunidad -al comienzo del caso- le otorgó a su familia tickets alimentación por $ 20 mil. En total, el gasto realizado por el Ministerio del Interior fue de US$ 260.000.
El pedido de Fleitas
En una audiencia en octubre del año pasado, Fleitas insistió con la solicitud de una medida que ya había pedido y que se le había sido negada: quería que Carrera fuera a arresto domiciliario y se le vedara la posibilidad de dar entrevistas y expresarse en redes sociales sobre el caso. Alegó que, por los medios y a través de una denuncia que realizó en el Ministerio del Interior, el exlegislador podría estar ejerciendo presión sobre policías testigos en la causa.
"Censurar al señor por cuestionar la investigación que pesa sobre su espalda... De acuerdo a lo que han dicho, se ha referido a las personas públicas encargadas de la investigación. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, recibimos cuestionamientos por nuestras actuaciones? ¿Cuántas veces?", expresó la jueza Olivera, quien consideró que prohibirlo significaría censura previa. "Quizás sea un juez demasiado garantista en cuanto a estos derechos que para mí son fundamentales en una sociedad democrática como la que quiero que sea mi país", agregó.