Jueza dijo que prohibir a Carrera el acceso a redes y medios sería "censura previa" y que no entorpeció la investigación

La jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Diovanet Olivera, rechazó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas para modificar las medidas cautelares contra el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera, en una causa que lo tiene imputado por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2^do Turno, Sandra Fleitas, insistió con la solicitud de una medida que ya había pedido y que se le había sido negada: quería que Carrera fuera a arresto domiciliario y se le vedara la posibilidad de dar entrevistas y expresarse en redes sociales sobre el caso. Alegó que, por los medios y a través de una denuncia que realizó en el Ministerio del Interior, el exlegislador podría estar ejerciendo presión sobre policías testigos en la causa.

La jueza definió que Carrera continuara en las condiciones en las que estaba hasta antes de la audiencia. Esto es: la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país.

"Censurar al señor por cuestionar la investigación que pesa sobre su espalda... De acuerdo a lo que han dicho, se ha referido a las personas públicas encargadas de la investigación. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, recibimos cuestionamientos por nuestras actuaciones? ¿Cuántas veces?", expresó la jueza Olivera, quien consideró que prohibirlo significaría censura previa. "Quizás sea un juez demasiado garantista en cuanto a estos derechos que para mí son fundamentales en una sociedad democrática como la que quiero que sea mi país", agregó.

Además, indicó que la solicitud de la fiscal de prohibirle acercarse a los testigos "no fueron fundados en hechos concretos". Carrera "nunca se acercó ni procuró acercarse, sino que refirió a algunos de ellos a través de los medios de comunicación, que es su derecho a la libertad de expresión".

Durante la audiencia, a la que asistió El País, la fiscal Fleitas relató la existencia de lo que consideraba "un hecho nuevo" que podía motivar la aplicación de nuevas medidas.

El nuevo hecho al que hizo referencia la fiscal surge el 3 de setiembre, cuando el oficial a cargo del caso dio su declaración en Fiscalía. Allí dijo sentirse amedrentado por el imputado, quien tuvo apariciones públicas en programas de radio y televisión y lo criticó por su actuación.

Por ese motivo, Fleitas cree que Carrera procuró entorpecer la investigación. También se refirió a otro episodio vinculado a una denuncia que hizo el exsenador en el Ministerio del Interior. Según explicó el abogado defensor Juan Manuel González Rossi, cuando aún estaba al frente del caso la fiscal Silvia Porteiro, se le tomó declaración a un policía que afirmó que el director de Recursos Humanos de la Dirección de Asuntos Internos "no tenía nada que ver con la investigación y, sin embargo, estaba participando".

De acuerdo al relato de la defensa, en ese momento, Porteiro le dijo: "Doctor, yo no sabía esto, esto es muy grave, gravísimo". Como la Fiscalía no lo investigó de oficio, dijo González Rossi, él presentó la denuncia en el Ministerio del Interior. La cartera, por su parte, derivó el caso a la Oficina Nacional de Servicio Civil que ahora lleva adelante la investigación.

A partir de esa situación, entiende la fiscal Fleitas, hay dos problemas. El primero es que se busca "preconstruir prueba" puesto que se citó a declarar personas a esa investigación que forman parte de la causa judicial. En la medida en que se trata de un procedimiento administrativa ordenado "por el jerarca" de los testigos (Interior), ellos sienten "presión psicológica", afirmó la fiscal.

El segundo problema es que, para hacer la denuncia, los defensores de Carrera tomaron información de la causa, que es reservada. Según Fleitas, el abogado de Carrera aportó información a esa "investigación paralela" que "viola el principio de reserva", por lo que también pidió una sanción para Juan Manuel González Rossi.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Estos fueron los motivos en los que se basó para solicitar que se decrete el arresto domiciliario para Carrera, así como la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con once personas, y la obligación de abstenerse de realizar comentarios y apreciaciones públicas sobre la investigación.

Por su parte, la defensa solicitó desde el comienzo de la audiencia el rechazo de las medidas, argumentando además que no existe un "hecho nuevo" que permita volver a discutirlas como ya se había hecho en instancias anteriores.

Los representantes de Carrera, González Rossi y Lucía Fernández, también hicieron referencia al proceso "engorroso" de obtener información de la carpeta fiscal.

Según la defensa, en la denuncia presentada ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior (que luego sería derivada a la Oficina Nacional de Servicio Civil) "no se denunció a un testigo particularmente" ni "tampoco se amedrentó". Además, remarcaron que en ese momento se dio aviso a Fiscalía.

Sobre esta discusión, la jueza Olivera consideró que, si bien "puede suceder", como la fiscal dice, que "se hayan mezclado dos investigaciones", eso no es imputable a Carrera. "No se le puede imputar a él el acto concreto de entorpecimiento de una investigación llevada a cabo por un tercero (los eventuales encargados de la segunda investigación) (...) El señor tiene derecho a denunciar, como todos los ciudadanos", explicó.

"El derecho a denunciar, si se torna ilegítimo por actuación de terceros, no puede ser imputado a él", resumió.

La fiscal Fleitas manifestó que "puso en conocimiento" del Instituto de Derechos Humanos (Inddhh) lo ocurrido por la "vulneración" de los "derechos de las personas que se sintieron presionadas" por Carrera. Además, pidió a la jueza Olivera que remita copia del audio de la audiencia a la Fiscalía para que otra sede investigue eventuales delitos.