Confirman imputación de alcalde por libretas truchas: intentó obstruir investigación y conseguir declaraciones

Un Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación con prisión del ex alcalde de Isidoro Noblía Favio Freire por la investigación que tiene como foco una asociación dedicada a la entrega de libretas de conducir de forma irregular. Según la información presentada hasta el momento por Fiscalía, el hombre sería quien encabezaba la maniobra y habría intentado obstruir la investigación luego de que se detuviera a los primeros involucrados.

El municipio se ha visto envuelto en un escándalo debido a que allí se entregaron una cantidad de licencias muy superior al número de personas que viven en la localidad, un episodio que se estudia como un caso de corrupción pública. Hasta el momento hay 19 personas procesadas, algunos de los cuales están cumpliendo prisión efectiva.

Entre ellos se encuentra el ex alcalde Freire, quien fue detenido a fines de agosto e imputado por los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público. Si bien su defensa presentó un recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones de 4^to Turno reafirmó la resolución del juez de primera instancia.

El pueblo tiene 2.300 habitantes y, según datos de la Intendencia de Cerro Largo, entre enero y junio de este año el municipio entregó 1.305 libretas, en 2024 se tramitaron 2.662 y en 2023 se expidieron 2.172. Son más de 6.000 documentos en dos años y medio.

Según surge de la investigación, cientos de personas habrían realizado viajes a Isidoro Noblía exclusivamente para obtener licencias de conducir, por las que habrían pagado una coima mayor a $ 10.000. El costo de la libreta es el mismo en todo el país. Ronda, en la categoría más común, los $ 3.000 pesos si se cuenta el trámite en la respectiva intendencia y el examen médico.

La investigación lleva más de un año, luego de que tanto la Jefatura de Policía de Cerro Largo como la de Tacuarembó recibieran información sobre la captación de clientes para la extracción de libretas de conducir. De allí se desprendía que varios funcionarios públicos y particulares se estaban beneficiando de estas maniobras ilícitas.

Esta actividad consistía en expedir permisos, hacer los trámites correspondientes, facilitar la agenda y la concreción de exámenes teóricos y prácticos sin cumplir requisitos reglamentarios.

El hombre encargado de tomar las pruebas prácticas declaró haber sido designado por Freire sin contar con capacitación ni habilitación formal. Además, admitió tomar pruebas de categorías superiores sin tener él mismo las habilitaciones. También dijo que en algunos casos se tomaban pruebas con vehículos que no correspondían (por ejemplo las pruebas de ómnibus con camiones). Tras ser consultado se justificó diciendo que actuaba bajo las órdenes del exalcalde.

El funcionario reconoció haber recibido cerca de $ 15.000 semanales por este esquema ilícito, aunque al comienzo había dicho haberlos recibido por "exceso de labor". Por último, también aseguró que Freire le dejaba en su escritorio un montón de formularios apilados para firmar de pruebas que nunca había tomado.

Según la declaración del funcionario, de las cerca de 60 licencias que se expidieron para ómnibus, solo en tres se utilizó este vehículo. Lo mismo ocurrió en caso de maquinaria, que se hicieron 1.011 libretas pero se tomó la prueba práctica en menos de 60 casos.

Otros involucrados tenían el rol de trasladar personas interesadas hasta el municipio para obtener sus licencias a pesar de no residir allí. Algunos de los participantes de estas maniobras no eran funcionarios públicos, pero igual tenían acceso a mecanismos internos de gestión gracias los contactos con Freire.

En el celular del ex alcalde se encontró un grupo de WhatsApp llamado "Equipo, libreta", aunque todo su contenido había sido borrado. En el dispositivo se encontraron fotos de cédulas de identidad, que eran enviadas por una funcionaria para agendar las citas.

Según expresó ante la Justicia la fiscal departamental Leticia Siqueira, Freire "permitió, organizó y participó activamente en la operativa irregular".

Una conversación intervenida por el Guardián permitió conocer que una funcionaria municipal ofició de espía en la puerta de un Juzgado, observando y relatando lo que ocurría desde un vehículo con los vidrios cerrados.

Esa misma funcionaria le preguntó a Freire si había conseguido acceder a declaraciones de otros involucrados, a lo que el ex alcalde dijo que sí. Lo consiguió a través del abogado de otra imputada.

Por este y otros motivos, Fiscalía comprendió que cualquier medida cautelar que no sea la prisión preventiva para Freire podría obstaculizar la investigación. Esto fue concedido en primera instancia y reafirmado recientemente por un Tribunal.