El Ministerio de Defensa fue condenado a pagar $10 millones a un militar que estuvo 164 días preso

El Ministerio de Defensa (MDN) fue condenado a pagar más de $ 10.000.000 a un militar que pasó 164 días en prisión cumpliendo una pena que luego fue revocada por la Suprema Corte de Justicia. Se le habían imputado los delitos de desobediencia, omisión de servicio y peculado.

El caso concluyó en los últimos días con la sentencia de liquidación, en la que se definió el monto final que cobrará el damnificado, pero comenzó años atrás. La demanda por daños y perjuicios contra el MDN, motivada por la prisión indebida del hombre por más de medio año, fue presentada en 2015.

Previamente había cumplido diversos roles dentro de la cartera, ocupando por última vez un cargo dentro de la Dirección de Personal Naval. Durante una auditoría interna se detectó un faltante de dinero en la caja y “presuntas irregularidades”, según explicó el ministerio ante la Justicia. A raíz de esto el hombre fue procesado y luego condenado a través de la Justicia Militar por delitos de desobediencia, omisión de servicio y peculado.

Tras la confirmación de un Tribunal, presentó un recurso de casación ante la SCJ. El organismo falló a su favor, argumentando que la competencia para investigar estos delitos era de la Justicia ordinaria -la cual luego tomó el caso y decidió archivarlo por falta de pruebas.

A raíz de esta situación, que derivó en su absolución, presentó la demanda y solicitó una indemnización de $ 37.958.853 más intereses, asegurando haber sufrido daño moral, además de la pérdida de salario y beneficios por su condena. Dijo haber sido “injustamente privado de libertad” y “apartado definitivamente de la carrera militar”.

Además, señaló que como consecuencia del proceso judicial en su contra, tuvo que sufrir “desprecio a nivel social y laboral”, llegando a tener dificultades al momento de su “reinserción”.

La defensa de la cartera, por su parte, entendió que para el momento de presentado el recurso ya se habían excedido de los plazos de prescripción. El proceso se extendió durante 10 años y finalizó recientemente.

Decenas de instancias judiciales llevaron a que finalmente se definiera el caso. Por una parte, un Tribunal de Apelaciones -que luego fue ratificado por la SCJ- definió la indemnización por daño moral en $ 238.210, mientras que ordenó que se comience un nuevo proceso para la liquidación por el daño emergente reclamado. Para esto se tuvieron en cuenta los haberes correspondientes al grado que tenía el demandante

De esta forma se llegó a que le correspondían $ 15.040 por haberes retenidos en su momento, mientras que los salarios impagos fueron de $ 5.053.499. Para esto se realizó el cálculo con los respectivos grados de ascenso hasta el grado de Capitán de Fragata a los 45 años.

A pesar del fallo a su favor, que el MDN todavía discutía y continuó controvirtiendo hasta la última instancia, la defensa del demandante pidió que se aumente el monto, argumentando que no habían sido tenidos en cuenta los intereses, así como la actualización de la cifra a la moneda actual.

En respuesta, el juez en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Pablo Gandini, definió que el monto a adicionar por este concepto sería de $ 10.898.247. Lo mismo fue confirmado por un Tribunal de Apelaciones.

Estas resoluciones fueron discutidas por el ministerio, asegurando que existieron “errores sustanciales” y que “se modificaron criterios que se habían establecido durante el proceso”. “Genera un enriquecimiento indebido (...) En abierta contradicción con los principios de equidad y legalidad que rigen el sistema fiscal”, aseguró en su escrito.

La SCJ volvió a pronunciarse sobre el tema en favor del demandante, poniendo de esta forma un punto final. Para el análisis dividió los argumentos de la defensa en tres: los planteos contra la liquidación, una decisión del Tribunal de no hacer lugar a la detracción del IRPF respecto del monto condenado y discusiones por la valoración de la prueba.

En los tres casos los ministros desglosaron sus argumentos, rechazando cada uno de ellos y manteniendo firme lo resuelto anteriormente por el Tribunal.