El representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Edison Lanza, intervino este jueves ante el Consejo Permanente de la institución donde manifestó su rechazo a la propuesta de 12 países para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para combatir el crimen organizado. Uruguay argumenta que este pacto fue creado para enfrentar amenazas o el uso de una fuerza armada "extrarregional" contra un estado o región y no para problemas de seguridad interna.
En su intervención, Lanza señaló que Uruguay asistió al encuentro "en base a la presunta existencia de una situación de peligro a la paz hemisférica atribuida al crimen organizado implicado en tráfico de drogas y terrorismo".
Sostuvo que el país entiende como preocupante y seria la situación generada por el crimen organizado. "Para el gobierno uruguayo, la seguridad de sus habitantes, junto con el combate a la pobreza, con énfasis en la infancia, constituyen la más alta prioridad", indicó el diplomático.
Por otro lado, respalda la convocatoria del gobierno de Panamá acerca de llevar adelante una Conferencia Hemisférica sobre Crimen Organizado que reunió a ministros del Interior y Relaciones Exteriores de todos los países del continente.
"Dentro de la región diversos estados del hemisferio, preocupados por el avance del crimen organizado, hemos fortalecido la cooperación frente a este flagelo, como por ejemplo en el ámbito del Mercosur y del Compromiso de Seguridad de Santiago", puntualizó Lanza.
Delincuencia, terrorismo y garantías bajo el Estado de Derecho
En esa línea, sostuvo que a la OEA no le hacen falta herramientas para enfrentar al crimen organizado transnacional de forma efectiva y conforme al Estado de Derecho Internacional. Es por eso que entienden que no es necesario "abordar el fenómeno a través de un mecanismo como el TIAR", ya que, considera "que fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas".
"El TIAR tiene que ver con la defensa colectiva ante la amenaza o el uso de la fuerza armada extrarregional contra un Estado de la región. Se trata de una excepción a la prohibición de uso de la fuerza en el Sistema Interamericano y, por lo tanto, su aplicación debe estar sujeta a interpretaciones sumamente acotadas y para nada ambiguas", subrayó.
Añadió que Uruguay entiende "no minimiza" los impactos que el crimen organizado generan las comunidades y territorios del continente, pero señalan que esto "no permite asimilar delincuencia con terrorismo", ni tampoco "activar mecanismos colectivos para intervenir en
asuntos internos de uno u otro país".
Argumenta que la delincuencia organizada y fenómenos vinculados al terrorismo cuentan con regímenes jurídicos diferentes que las democracias del continente "deben respetar". "Implican garantías derivadas de los derechos humanos y la vigencia plena del Estado de Derecho", aseveró.
Cooperación regional, Conferencia de Panamá y Plan Nacional de Seguridad
"El TIAR no fue diseñado para abordar conjuntamente problemas de seguridad interna, ni amenazas a la seguridad de carácter primordialmente policial, que deben contar con el concurso de la investigación criminal y el respectivo control jurisdiccional", dijo Lanza en otro tramo.
Además, señaló que la eventual aplicación de este mecanismo excluye a una parte importante de los países que integran la OEA. Es por eso que considera que se deben concentrar los esfuerzos de la institución en "mejorar el entendimiento común", del fenómeno del crimen organizado, así como "impulsar la coordinación sostenida".
Paralelamente, Lanza hizo referencia al Plan Nacional de Seguridad que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Indicó que "apuesta a generar políticas de Estado" que enfrentan al crimen organizado y que transcienden períodos de gobierno.
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