EL SENADO SANCIONÓ LA LUC

Es casi una hoja de ruta para el gobierno y la gran ley, junto al proyecto de Presupuesto, con la que el presidente Luis Lacalle Pou pretende dejar sentadas las bases de su administración, marcada además por la pandemia del COVID-19.

Ayer al mediodía el Senado aprobó los cambios realizados por la Cámara de Diputados y sancionó por 18 votos en 30 la ley de urgente consideración, esa iniciativa “ómnibus” a esta altura más conocida popularmente como LUC. Ahora resta la promulgación del Poder Ejecutivo. 

El texto entró al Poder Legislativo con 501 artículos y salió con 476. Pero en el medio hubo muchos cambios. Los más relevantes durante los 76 días de tratamiento ocurrieron en el Senado, sobre todo en el capítulo de seguridad. Y también con el retiro de artículos polémicos, como la libre importación de combustibles y el uso de infraestructura de Antel por parte de privados, promovidos originalmente por el presidente. En Diputados el oficialismo al final retiró los cuestionados artículos que modificaban el régimen de áreas protegidas.

A continuación los 10 puntos claves de la extensa ley que fue votada por todos los legisladores de la coalición oficialista.

Se modifica el artículo 26 del Código Penal, sobre la legítima defensa, que establece que no hay responsabilidad cuando hay “necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño”. Pero se agrega que el medio “se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida”. Y también que “la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”.

En zonas urbanas la legítima defensa abarcará zonas de las casas como balcones, terrazas o azoteas. Y en zonas rurales, los galpones, instalaciones o similares. También aplica en policías o militares que, cumpliendo sus funciones, “repelen una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva”.

La ley aprobada ayer agrega a partir de ahora al Código Penal un artículo que dice que “el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías” será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Además, se establece el derecho al porte de armas de policías en retiro y en otro artículo se establece el derecho a la tenencia y porte de armas por parte de militares retirados.

El Codicen pasa a concentrar el poder y desaparecen los llamados desconcentrados. Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente pasan a ser direcciones que reportan directamente al Codicen. Y ese cambio, aunque parezca menor, implica que deje de haber representantes de los docentes en lo que hoy son los desconcentrados.

Uno de los cambios principales es que se modifica el artículo 10 de laley de inclusión financiera, para permitir que los trabajadores cobren en efectivo y no solo por vía electrónica. Así, se establece que el pago de los sueldos “podrá” (y no “deberá”, como hasta ahora) efectuarse a través de una cuenta bancaria.

Además, se establece que el pago y entrega de dinero en toda operación o negocio jurídico, cualesquiera sean las partes contratantes, podrá realizarse mediante el medio de pago en efectivo, hasta la suma de un millón de unidades indexadas, y el saldo deberá realizarse por los demás medios de pago distintos del efectivo.

En tanto, los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes o servicios podrán cumplirse, a opción del proveedor, en efectivo hasta el límite máximo para la compra directa común, o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera.

Como no hubo consenso para la derogación del monopolio, se incluyó un artículo que dice que el Ejecutivo aprobará el precio de venta de los combustibles, previo informe preceptivo de Ursea y de Ancap. El Poder Ejecutivo actualizará los precios al menos cada 60 días. Además, en 180 días el gobierno debe presentar una propuesta integral de revisión del mercado de combustibles.

10- Reforma del sistema previsional

El artículo 393 crea la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que funcionará en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el cometido de presentar un informe de diagnóstico preliminar sobre el futuro del sistema previsional en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de su constitución y un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del informe preliminar. Los plazos indicados en la ley podrán ser prorrogados por el Ejecutivo, previo informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.

Saludo del presidente y críticas del Frente

“Que el senador Tabaré Viera tome asiento”, pidió la vicepresidenta Beatriz Argimón ayer sobre las 11:20 de la mañana y entonces se volvieron a contar los votos para sancionar el proyecto de ley de urgente consideración: 18 en 30 (una primera votación había salido 17 en 28). Apenas siete minutos después, el presidente Luis Lacalle Pou tuiteó que sentía “gran satisfacción” por tener “un instrumento necesario, justo y popular” que hace muchos años comprometió. También reconoció el trabajo de todos los legisladores que le pusieron “esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora” al texto. Se trata, en definitiva, del primer éxito para la coalición de gobierno, que logró superar algunas diferencias internas durante la discusión.

En una breve sesión, los legisladores frenteamplistas reiteraron sus críticas a la iniciativa después de que el senador nacionalista Gustavo Penadés explicó los principales cambios al texto introducidos en la Cámara de Diputados.

Charles Carrera dijo que las diferencias son “de fondo” y “de forma” sobre la ley. En el capítulo de seguridad, Carrera dijo que “se ratifica el uso irracional de la fuerza” y afirmó que “la seguridad no se soluciona cambiando normas”. Su compañera Amanda Della Ventura advirtió: “Queremos dejar una constancia. La historia juzgará a quienes enviaron los artículos más dolorosos de esta ley de urgente consideración”. El comentario motivó que Argimón le planteara: “Me parece que esa alusión realmente está fuera de lo que significa el motivo por el cual fuimos convocados, que es aprobar y no aprobar las modificaciones que la otra cámara realizó”. “Por eso terminé”, contestó Della Ventura.

El senador Mario Bergara dijo que el aporte del Frente Amplio en la LUC es que logró hacerla “un poco menos mala del pésimo proyecto enviado”, aunque es “negativo en todas las áreas”. A su turno, José Carlos Mahía dijo que no se van a generar “mejores condiciones de seguridad, sino más personas presas a partir de normas que se endurecen”.

Desde el oficialismo, la senadora Graciela Bianchi reivindicó el proceso de discusión de la LUC. “Esta es la forma de hacer política en Uruguay”, dijo y en respuesta a Della Ventura, aunque sin nombrarla, planteó: “Acá a nadie nos van a imputar responsabilidad en el futuro porque nadie se considera con semejante manejo de la historia, no tengo ninguna duda que todos los partidos tuvimos la mejor intención”.

El senador nacionalista Sergio Botana dijo que votó una “herramienta” para que el gobierno concrete cambios necesarios en el país.