Ministerio de Justicia: sin tener votos, gobierno duda si enviarlo en la Rendición de Cuentas o en ley aparte

No hay dudas sobre la definición: el gobierno de Yamandú Orsi pretende que en este período sea creado un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los mensajes en este sentido fueron varios durante el primer año de gestión del cuarto mandato del Frente Amplio, y si quedaba algún margen de incertidumbre, el mandatario —y como había adelantado horas antes El País— avisó al pasar en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General del pasado 2 de marzo que había tomado "la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas un proyecto de ley para la creación" de esta polémica cartera.

O sea que la definición política está clara, lo que no está resuelto es el momento exacto en que el Parlamento —en donde la oposición hoy está plantada en contra— comenzará a discutir la iniciativa. Porque el gobierno todavía analiza cuándo y cómo enviar una propuesta que ha sido impulsada fuertemente por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. El jerarca, que ha encabezado también el trabajo sobre el diseño del proyecto ha insistido en reiteradas oportunidades sobre la importancia de contar con un ministerio que, como dijo días atrás, le "gustaría que ya se hubiera creado". También ha dicho, a mediados de diciembre pasado, que "lo más probable es que el envío" de la propuesta al Parlamento "se concrete a comienzos del año próximo".

Ese marco temporal todavía se sostiene, pero lo que discute por estas horas el Poder Ejecutivo es la forma del envío. El año pasado, por ejemplo, se llegó a manejar como posibilidad que la iniciativa fuera incluida en el Presupuesto Quinquenal —lo que finalmente quedó descartado, en parte porque no había el consenso que la Torre Ejecutiva imaginaba sobre un tema que estuvo incluido en el Compromiso por el País que firmaron los partidos de la coalición republicana durante la campaña de 2024—, y ahora está arriba de la mesa de la Presidencia que el proyecto forme parte de la primera Rendición de Cuentas de esta administración.

Pero eso es algo que no termina de convencer en el gobierno, que también analiza que el planteo de la creación de este ministerio "vaya como ley aparte", dijo a El País una fuente de Presidencia.

La duda del gobierno sigue el siguiente razonamiento: como la creación del Ministerio de Justicia tiene que necesariamente contar con recursos propios —que se propondrán en un "escenario de mínima", precisó la fuente, dado el contexto de restricción presupuestal que enfrente el Ejecutivo— surge el temor de que, si es incluida en el "paquete" de la Rendición de Cuentas, la propuesta sea "desglosada" para tratarla de manera independiente, y que el dinero previsto para poner en funcionamiento al organismo sea "distribuido" para atender otras necesidades del Estado.

Los aspectos técnicos de la propuesta, por los que en el Ejecutivo han tenido reuniones en los últimos días —entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otros actores— están prácticamente culminados.

Resta, solamente, tomar "la definición política".

El escenario en el Parlamento es adverso de arranque para este gobierno —no cuenta con mayorías en Diputados—, pero especialmente con este tema, donde pese al consenso a priori en los postulados programáticas han predominado las críticas, junto a cuestionamientos que apuntan directo a Jorge Díaz (ver recuadro).

En filas de los partidos Nacional y Colorado, sus principales líderes se han mostrado contrarios a aprobar este ministerio, y con insistencia. Esto no es problema en el Senado, pero si en Diputados, donde el oficialismo debe conseguir dos votos. Ese apoyo no es posible en Identidad Soberana, cuyo referente, el diputado Gustavo Salle, ya dijo que se oponía "de plano" a la posibilidad de respaldar este planteo. Y tampoco es factible encontrar de aliado a Cabildo Abierto, partido que ha votado con la izquierda en más de una oportunidad pero que no parece posible que lo haga con este asunto.

"No está el ambiente para discutirlo y no están los votos", dijo Álvaro Perrone, uno de los dos diputados cabildantes, en diálogo con El País. "Un ministerio de este tipo —agregó— tiene que contar con un consenso amplio, pero si hoy lo mandan, no lo votamos. Esto no es crear un ministerio como el de Ambiente. Esto es mucho más polémico, lleva más discusión, y deberíamos ver cómo funciona en otros lados".

Perrone aseguró además que sus reservas tienen que ver con el riesgo de que esta cartera se "politice" e "incida en las decisiones de la Justicia", en línea con algunos argumentos formulados al inicio de esta semana por algunos juristas que expusieron en una jornada organizada por la Asociación de Abogados Penalistas, todos en contra de este proyecto.

En el Frente Amplio, dicho sea de paso, también han surgido algunas voces que no terminaron de ser disonantes pero sí mostraron ciertos reparos o distancia personal, como por ejemplo el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, quien admitió en radio Carve a inicios de marzo que la idea no lo convencía, o como Lucía Topolansky, que consideró que el tema no era "ni cerca una prioridad número uno".

Sin embargo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también dijo que el oficialismo "va a votar" el proyecto, y fuentes de la bancada de la coalición de izquierda ratificaron en consulta con El País que, en principio, aunque el asunto no forma parte de las discusiones de agenda por estos días, la iniciativa será apoyada. "Tampoco es que hay mucho entusiasmo", admitió un integrante de esta bancada, en donde tienen la expectativa que, una vez que el Ejecutivo defina cuándo y de qué forma enviará la propuesta, primero sea compartida con sus legisladores para poder avanzar con las complejas negociaciones con la oposición. "Tiene que haber tiempo para el intercambio", pidió la fuente.