La decisión del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno -una planta potabilizadora de agua en Arazatí, junto a otras obras, que se acordó en la administración de Luis Lacalle Pou- y realizar otras inversiones con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana derivó en una maratónica interpelación de la oposición a las autoridades del Ministerio de Ambiente y OSE.
Durante el gobierno anterior, se licitó el proyecto de Neptuno, a realizarse en la zona de Arazatí (San José) tomando agua del Río de la Plata. Lo ganó el Consorcio Aguas de Montevideo. Pero la administración de Yamandú Orsi resolvió que era preferible construir la represa de Casupá con el río Santa Lucía como reserva de agua dulce para la planta de Aguas Corrientes, y otra serie de obras vinculadas.
La sesión comenzó con la atenta mirada del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Ambiente durante el gobierno anterior, Robert Bouvier.
Al cierre de esta edición, el Frente Amplio ya había resuelto en la tarde respaldar las explicaciones del Ministerio de Ambiente y OSE. La bancada oficialista destacó que las explicaciones fueron “satisfactorias” y “sustentadas en informes rigurosos técnicos”.
La postura del Frente Amplio llegó antes de que el presidente de OSE, Pablo Ferreri, comenzara a hablar, lo que generó críticas de la oposición, en especial del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.
Dentro de la oposición, desde la tarde se discutía cuál podía ser la moción de consenso para conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes, con conversaciones en el plenario entre colorados, blancos, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, el cabildante Álvaro Perrone, y el integrante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Se tanteó la posibilidad de alcanzar una redacción que contentara a todos, cuidando las palabras.
Finalmente, Identidad Soberana afirmó que presentaría su propia moción -de los diputados Salle y Nicolle Salle- dado que están en contra de los proyectos Neptuno y Casupá. A entender de estos legisladores, ninguno de los dos “constituyen las soluciones más convenientes ni sostenibles para garantizar la seguridad hídrica del país”.
Al cierre de esta edición, los blancos, los colorados y Sotelo del Partido Independiente estaban trabajando en una moción en conjunto. Por su parte, Cabildo Abierto -con dos votos- aún no había sentado posición. Y aún no se descartaba poder conseguir el apoyo de Salle.
La sesión comenzó sobre las 10:30 con el diputado interpelante, Walter Cervini, quien dedicó los minutos iniciales de su alocución a explicar porqué cree que el proyecto en Arazatí es mejor al plan alternativo impulsado por el gobierno de Orsi. Para ello, utilizó uno de los principales argumentos que tienen quienes critican que se hagan nuevas obras en el río Santa Lucía -tal cual se hace ahora, aunque en menor cantidad-, señalando que Neptuno -que tomaría agua del Río de la Plata- permite tener un “plan B” porque utiliza una fuente diferente de agua.
Y graficó: “Es como tener un auto, ir por un camino complicado o roto y no tener auxiliar. ¿Qué es lo mejor? Siempre que el auto tenga un auxiliar”.
Cervini, diputado colorado, habló sobre salinidad, constitucionalidad, cianobacterias, pero enfatizó en que cree que “nadie puede discutir” que la “única solución” para la “seguridad respecto al agua” es que se haga una segunda toma en un lugar diferente al actual. A esto sumó que la postura no se basa en un “capricho” sino en que el Río de la Plata es la “quinta cuenca en tamaño a nivel mundial”.
Más tarde, con un guiño al oficialismo, Cervini citó en la sesión -como argumento a su favor- al expresidente José Mujica y el exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ambos fallecidos. Antes de avanzar, aclaró que lo hacía “con el mayor de los respetos”.
Del exmandatario, recordó que dijo al medio argentino La Nación: “Se me van a enojar, pero nos dormirnos todos (…) Hace muchos años tenemos el error estratégico que dependeremos de una fuente sola, que es el Río Santa Lucía”. Por otra parte, de Huidobro, se refirió a una comparecencia suya a la comisión de Defensa en 2015: “El principal problema no era este, sino la inexistencia de un ‘plan b’ y esa sigue siendo una gran dificultad. Desde el punto de vista de la seguridad, del riesgo y de las vulnerabilidades (…) Es impensable que un conjunto poblacional como Montevideo y aledaños se abastezca de un solo lugar”.
La defensa
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, busco ser contundente con su planteo. “El abastecimiento de agua potable como derecho fundamental no estaba asegurado”, dijo. Ese fue el principal argumento detrás del paquete de obras que se anunció a poco de asumir el gobierno para abastecer de agua potable, el que debió negociar con el consorcio Aguas de Montevideo, que ganó la licitación para Neptuno durante la administración anterior.
El ministro frenteamplista destacó -después de citar varios informes y hacer una breve cronología- que los “técnicos de OSE y expertos externos recomiendan” la construcción de la represa de Casupá “como prioridad ante otras alternativas desde hace 55 años”. Por lo que así lo hará el gobierno, y marcó que la crisis hídrica de 2023 demostró que Uruguay “necesita una mayor reserva de agua dulce” porque, de haber existido, la situación en Paso Severino hubiera sido diferente.
Más tarde se refirió a las “debilidades” del plan para Arazatí, y citó un informe de la gerencia de OSE que dice que “la ocurrencia de eventos de salinidad en el punto de toma seleccionado resulta ser de una frecuencia excesivamente alta para el tipo de proyecto propuesto”.
También se enfocó en lo económico al asegurar que el conjunto de obras del nuevo gobierno -entre los que está la reserva de Casupá- significa una inversión menor a la estimada para el proyecto Neptuno. Pero, además, enfatizó: “Garantizan el cumplimiento de la Constitución”.
Ortuño, además, aseguró que no hubo “ningún tipo de revanchismo” en la cancelación de Neptuno, en cambio, se hizo con la mirada puesta en los “recursos finitos” y que el plan del gobierno anterior tenía “incapacidad para resolver el problema”. “Arazatí no asegura reservas para el funcionamiento de la planta de Aguas Corrientes, única con capacidad para abastecer toda la demanda de la región”, concluyó.
Walter Cervini - miembro interpelante
“Sorprendió que después de las 17:50 el FA presentó una moción convalidando las expresiones del ministerio cuando aún no ha terminado su exposición, hace muy poquito tiempo empezaron a contestar”.
Edgardo Ortuño - ministro de Ambiente
“Así como decimos que en este periodo vamos a concretar un salto cuali y cuantitativo en la garantía del abastecimiento del agua potable, decimos con igual convicción que el país debe seguir trabajando”.
Pablo Ferreri - presidente de OSE
“El nivel técnico de OSE y de sus funcionarios, especialmente sus ingenieros, está fuera de toda duda. Y no quisiera que eso se ponga en duda. La gerencia de agua potable no cambió de opinión”.
OSE con “situación financiera crítica”
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, justificó la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno, el que -aseguró en la sesión- implicaría una inversión total de US$ 364 millones. Al mismo tiempo, habló de la parte económica del plan de la administración de Yamandú Orsi al decir que es una “inversión histórica como no se ha hecho antes en OSE para el área metropolitana”.
Ferreri, además, advirtió que la empresa pública “tiene una situación financiera crítica porque, al problema estructural financiero que tiene, se le agregan los problemas generados por la falta de financiamiento específico para dos grandes emprendimientos”. Uno de ellos es el “plan de saneamiento universal”, y el otro el “emprendimiento Arazatí, que implicaba un pago por disponibilidad de entre US$ 46 millones y US$ 48 millones anuales, que no estaba previsto en absolutamente en ninguna instancia presupuestal”.
En esa línea, el titular de la estatal del agua continuó durante la sesión de ayer: “Era necesario renegociar el proyecto Arazatí porque, entre otras cosas, tenía un costo imposible de asumir si se querían hacer otras obras prioritarias como el generar una reserva de agua bruta dulce en la cuenca de Santa Lucía, que es la que nos va a proteger y permitir pasar eventos de sequía”. “Además de los elementos técnicos que se encontraban en el caso del Río de la Plata, estaban los elementos económicos. Hemos demostrado con números cómo la renegociación ha permitido bajar costos”, agregó el jerarca.
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