Interpelación por cancelación de Neptuno: Ortuño aseguró que no hubo “ningún tipo de revanchismo”

Redacción El País
Por estas horas se lleva a cabo en la Cámara de Representantes la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno —una planta potabilizadora de agua prevista para la zona de Arazatí, avalado por el expresidente Luis Lacalle Pou. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acudió al Parlamento para dar apoyo al jerarca y presenciar la sesión.

A la tarde, antes de que hablara el presidente de OSE, Pablo Ferreri, el Frente Amplio presentó una moción de respaldo a las explicaciones del Ministerio de Ambiente y la empresa pública. Allí indicó que estas eran "satisfactorias" y "sustentadas en informes rigurosos técnicos". Al mismo tiempo que aseguraron que “representan una estrategia integral de la gestión asociada al derecho humano al gua, en calidad y cantidad suficiente para el abastecimiento de la zona metropolitana”.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez criticó el accionar del Frente Amplio: “Aún no finalizó su intervención, y hace casi una hora, el Frente Amplio presentó su moción, que pretende declarar satisfactorias las explicaciones que aún no terminó de brindar. Están más preocupados por la conferencia de prensa, que por responder las preguntas”.

El diputado interpelante, Walter Cervini, del Partido Colorado, dedicó los minutos iniciales de su alocución a explicar porqué cree que el proyecto en Arazatí era mejor al plan alternativo impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi, que implica varias obras además de la construcción de una represa en Casupá, como lo establecía ya el programa del Frente Amplio. A su entender, el proyecto actual, al tomar agua del Santa Lucía para abastecer a la zona metropolitana —tal cual se hace ahora, aunque en menor cantidad—, no permite una diversificación de la fuente a la que se recurre. Neptuno, por su parte, contemplaba tomar agua del Río de la Plata, lo que era cuestionado, debido, entre otras cosas, a su salinidad.

En este sentido, Cervini graficó: “Es como tener un auto, ir por un camino complicado o roto y no tener auxiliar. ¿Qué es lo mejor? Siempre que el auto tenga un auxiliar”.

El colorado indicó que la “toma alternativa en el Río de la Plata no se hace por capricho, sino porque es la quinta cuenca en tamaño a nivel mundial”. En ese sentido, marcó que en Colonia y Buenos Aires ya se realizan extracciones “sin ningún tipo de problema”.

Foto: Leonardo Mainé.

Cervini criticó aspectos sobre salinidad, constitucionalidad, cianobacterias, costos, pero enfatizó en que cree que “nadie puede discutir” que la “única solución” para la “seguridad respecto al agua” es que se haga una segunda toma en un lugar diferente al actual.

También señaló que el río Santa Lucia presenta 99 puntos de cruce de riesgo potencial de accidentes y contaminantes. Esto porque hay 31 puntos con rutas carreteras, 28 puntos con caminos vecinales, 21 puntos con rutas secundarias y 19 con la red ferroviaria.

Cervini citó en la sesión al expresidente frenteamplista José Mujica y al exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, ambos fallecidos. Antes de avanzar, aclaró que lo hacía “con el mayor de los respetos”. Del exmandatario, recordó que dijo al medio argentino La Nación: “Se me van a enojar, pero nos dormirnos todos (…) Hace muchos años tenemos el error estratégico que dependeremos de una fuente sola, que es el Río Santa Lucía”.

En cuanto a Huidobro, se refirió a una comparecencia suya a la comisión de Defensa en mayo de 2015: “El principal problema no era este, sino la inexistencia de un ‘plan b’ y esa sigue siendo una gran dificultad. Desde el punto de vista de la seguridad, del riesgo y de las vulnerabilidades (…) Es impensable que un conjunto poblacional como Montevideo y aledaños se abastezca de un solo lugar”.

Por otra parte, del Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez, sumó más preguntas a las 47 que presentó Cervini.

Desde las barras, presenció toda su exposición el exministro de Ambiente, Robert Bouvier.

Tras un cuarto intermedio, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, busco ser contundente con su planteo. “El abastecimiento de agua potable como derecho fundamental no estaba asegurado”, dijo. Ese fue el principal argumento detrás del paquete de obras que se anunció a poco de asumir el gobierno para abastecer de agua potable, el que debió negociar con el consorcio Aguas de Montevideo, que ganó la licitación para Neptuno durante la administración anterior.

El jerarca frenteamplista destacó —después de citar varios informes y hacer una breve cronología— que los “técnicos de OSE y expertos externos recomiendan” la construcción de la represa de Casupá “como prioridad ante otras alternativas desde hace 55 años”. Por lo que así lo hará el gobierno, y marcó que la crisis hídrica de 2023 demostró que Uruguay “necesita una mayor reserva de agua dulce” porque, de haber existido, la situación en Paso Severino hubiera sido diferente.

Y se refirió a la “metáfora del auto” que utilizó horas antes el colorado Cervini: “Ese auto debe tener combustible porque de nada sirve aseguremos la disponibilidad de un auxiliar pero que no pueda moverse un metro. Por lo tanto, el problema central a resolver es la disponibilidad de agua bruta para ser potabilizada en Aguas Corrientes”.

Más tarde se refirió a las “debilidades” del plan para Arazatí, y citó un informe de la gerencia de OSE que dice que “la ocurrencia de eventos de salinidad en el punto de toma seleccionado resulta ser de una frecuencia excesivamente alta para el tipo de proyecto propuesto”.

También se enfocó en lo económico al asegurar que el conjunto de obras del nuevo gobierno —entre los que está la reserva de Casupá— significa una inversión menor a la estimada para el proyecto Neptuno. Pero, además, enfatizó: “Garantizan el cumplimiento de la Constitución”.

Ortuño, además, aseguró que no hubo “ningún tipo de revanchismo” en la cancelación del proyecto Neptuno, en cambio, se hizo con la mirada puesta en que Uruguay tiene “recursos finitos” y que el plan del gobierno anterior tenía “incapacidad para resolver el problema”. Y reafirmó: “Arazatí no asegura reservas para el funcionamiento de la planta de Aguas Corrientes, única con capacidad para abastecer toda la demanda de la región”.