Gobierno prevé enviar proyecto de presupuesto a mediados de agosto para tener mayor "margen" de negociación

El gobierno de Yamandú Orsi tiene una mirada más que crítica sobre el estado de las cuentas públicas heredado de la administración de Luis Lacalle Pou. Y ese contexto está presente en las conversaciones que por estos días mantienen en el equipo de Presidencia que acompaña el mandatario con miras a la redacción del proyecto de ley del presupuesto quinquenal, y en los intercambios entre el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y los distintos secretarios de Estado.

Como es habitual, en esta etapa de diagnóstico y proyección de las distintas necesidades de recursos a lo largo y ancho del Estado, el gobierno ha recibido demandas y aspiraciones de aumento de gasto de varias de las reparticiones y dependencias públicas, pero el margen presupuestal para hacer frente a esas expectativas es más que reducido, dijo a El País una fuente de Presidencia, que sintetizó: "El espacio para repartir es muy poco".

En otras palabras —mientras se afina en qué cantidad de dinero podrá crecer el presupuesto—, la política que se diseña en Presidencia y en el equipo de Oddone será de "reducción de daños" y de "responsabilidad" para hacer frente a problemas que se entiende han sido generados en el anterior gobierno.

El prosecretario Jorge Díaz resumió la situación esta semana, entrevistado en el ciclo Desayunos Búsqueda, con una sentencia que ya ha repetido varias veces: "Nos encontramos con el peor déficit fiscal de los últimos 35 años". Pero agregó además nuevos cuestionamientos a la gestión de la coalición republicana que terminó en marzo: "El gobierno anterior hizo todo lo que había prometido no hacer: aumentó el gasto, incrementó el déficit y, además, elevó el nivel de endeudamiento".

Entre lo "problemas" que condicionan ahora el diseño presupuestal, en la Torre Ejecutiva enumeran, como ejemplo, lo comprometido en la ley referida a la intervención del Casmu; en el pago de US$ 144 millones al Grupo Vía Central tras resolver un diferendo por el Ferrocarril Central; el salvataje de la Caja de Profesionales, que supondrá un aporte del Estado de unos US$ 155 millones anuales; y la situación financiera de ASSE y sus deudas que para las actuales autoridades llegaron a totalizar US$ 280 millones —y para lo que fue necesario aprobar una partida especial de US$ 62 millones en la última Rendición de Cuentas.

Por eso, para dar respuesta a las demandas en muchos casos se priorizará la "reasignación" de recursos", lo que quiere decir que se verán beneficiados "los que necesitan refuerzos" en detrimento de las áreas y sectores que no tengan tanta urgencia.

Por ahora, "la pelota sigue en la cancha del Ministerio de Economía", que está culminando la ronda de consultas, precisaron fuentes del gobierno.

Lo que está claro es que la seguridad pública será uno de los temas prioritarios a ser atendidos con más recursos, y dentro de este ítem "particularmente" se hará foco en dos ejes, señalaron los informantes. Por un lado, la mejora de las condiciones de las cárceles, actualmente en una profunda crisis humanitaria producto del hacinamiento para lo que se busca una solución de fondo. Reducir la tasa de prisionización es en este sentido una prioridad, así como "construir una mejor institucionalidad" del organismo que regula las cárceles —el Instituto Nacional de Rehabilitación—, algo que puede lograrse con la eventual aprobación del Ministerio de Justicia —tema que se discute por estos días, aunque sin acuerdo al momento con la oposición— o resolviendo su autonomía.

El otro componente en materia de seguridad que se busca reforzar es la "tecnología" con que cuenta la Policía.

El escenario que tiene que enfrentar el Frente Amplio en el Parlamento ya se sabe que es complejo, porque sus 48 representantes no le permiten las mayorías en Diputados. Teniendo esto en cuenta, y el escenario de restricción presupuestal, lo que prevé la Torre Ejecutiva es enviar el proyecto de ley al Parlamento "a mediados de agosto" y no hacerlo —como suele ocurrir todos los períodos, y todos los años con la Rendición de Cuentas— al filo del plazo que marca la Constitución, que en este caso es el 31 de agosto.

El argumento no es otro que tener un mayor "margen" para la discusión con la oposición, afrontar el debate parlamentario "con tranquilidad" y evitar que el proceso "no llegue tan ajustado a diciembre", dijeron a El País desde Presidencia.

Como sea, y aunque la bancada oficialista tampoco conoce detalles sobre el contenido de la iniciativa —más allá de los evidentes "énfasis" que se esperan en función del programa de gobierno, como en infancia, vivienda, infraestructura y todo lo que tienda al crecimiento y cohesión social, entre otros—, la coalición de izquierda ya está pensando en cómo encontrar los dos votos que le faltan para aprobar la norma y su articulado.

Para esto, y más allá del acuerdo puntual al que se ha llegado con Cabildo Abierto en la Rendición de Cuentas, el oficialismo visualiza un escenario de intensas conversaciones y con todas las fuerzas políticas y sus sectores. "Creo que va a haber mucha cintura, y con algunos aprobaremos algunos artículos, y con otros, otros", dijo en este sentido a El País el senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada frenteamplista. "Esto va a ser pico a pico, tema a tema", puntualizó.

En filas de la oposición, mientras tanto, hay varios dirigentes que entienden que hay temas básicos en los que el consenso es alcanzable.

Por ejemplo, para el diputado nacionalista Sebastián Andújar es incluso probable la aprobación de toda la ley, si esta no contiene "una mala asignación de recursos públicos" o está "guiada por decisiones equivocadas, intereses particulares o visiones desequilibradas". Salvado eso, "es muy difícil que el Partido Nacional no acompañe", cree el legislador. "En principio —agregó—, seguramente haya acuerdo en políticas sociales, de infancia, seguridad pública, educación y salud, y algún tema relacionado a vivienda también".

El acuerdo es posible porque en temas concretos no hay miradas tan diferentes, siguió Andújar. "Si el bono escolar se hubiera puesto a votación, ¿quién no lo hubiera votado?", se preguntó. Es por esto que "el Partido Nacional no se cierra al diálogo para lograr un buen presupuesto nacional".

Pablo Abdala, también diputado blanco, dijo en la misma línea que ve en el ministro Oddone "muchas coincidencias", a tal punto que "conceptualmente está más cerca" de la oposición "que de sus propios compañeros políticos", con lo que espera recibir una propuesta cercana a las pretensiones nacionalistas, aunque desde ya advirtió que "no se votará ningún impuesto nuevo".

"A lo que aspiramos —pidió Abdala— es que no suceda como ocurrió con la Caja de Profesionales y la Rendición de Cuentas, que nos enteramos de los proyectos cuando entraron. Ojalá que el ministro convoque al Parlamento y nos presente el presupuesto antes de que tome estado parlamentario".

Por el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez recordó que como “práctica parlamentaria” se suele “acompañar algunos artículos” de la ley, y que entre los temas que ve posiciones similares figura en primer lugar la coincidencia en atender la pobreza infantil.