Caja de Profesionales: ley de salvataje para la institución implicará duplicar los aportes del Estado

Una delegación del oficialismo demoró en la tarde de este miércoles unas dos horas en recolectar la firma de varios ministros, a los efectos de plasmar legamente en un proyecto de ley el acuerdo que, al fin, significará un "salvataje" para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universatarios (Cjppu).

A este punto se llegó luego de varias horas de negociaciones, en las que el Poder Ejecutivo se vio obligado a ceder a casi todas las demandas exigidas por la oposición en procura de llegar a un acuerdo impostergable que implicó, entre otros aspectos, un mensaje complementario por parte del gobierno para que el Estado aporte mayores fondos a los previstos para la institución.

La falta de mayorías terminó por obligar a la Torre Ejecutiva a acceder a un fórmula que —aprobada en ambas cámaras en una doble jornada de sesiones parlamentarias—, en la práctica supondrá la duplicación de los aportes que tendrá que hacer "la sociedad" para garantizar el futuro a corto plazo de una entidad que, ya sin reservas, se verá obligada a pagar este mes salarios y jubilaciones en forma fraccionada.

Con todo, en el Frente Amplio (FA) optaron este miércoles por ver el vaso medio lleno y reflexionar que, sin este acuerdo, los fondos públicos que se deberían haber destinado a este fin habrían sido bastante más grandes.

Tal como lo preveía originalmente el gobierno, todo el esquema supondrá unos US$ 155 millones anuales. La diferencia entre la versión que ingresó al Parlamento a finales de mayo y la que se terminó de ratificar en las últimas horas está relacionada con la mayor polémica política que tuvo este proceso: el peso de la contribución que cada uno de los actores involucrados —activos, pasivos y el Estado—-deberían hacer.

En el proyecto del gobierno, la sociedad debía asumir el 33% del peso de la reforma: US$ 33 millones a través de Rentas Generales y US$ 9 millones por ajustes en el costo de los timbres profesionales. La salida negociada implica que esa porte pasará a significar el 50% del total: US$ 62 millones a través de Rentas Generales y US$ 19 millones mediante los timbres.

El proyecto original del Poder Ejecutivo preveía que los profesionales activos asumieran el 42% de la “participación” en el mecanismo de salvataje. Eran US$ 33 millones a través del incremento en la tasa de aportes y otros US$ 32 millones por cambios paramétricos planteados al subistema.
Con el acuerdo logrado ayer, los activos serán responsables del 34% de la solución total. Serán US$ 31 millones por aportes y US$ 23 millones por convergencia.

En lo que respecta a los pasivos, en el proyecto original tenían su cargo el el 28% de la salida de la Caja, a través de los US$ 48 millones previstos mediante la nueva "contribución pecuniaria". Ahora, solo serán responsables del 16% de la fórmula. La recaudación prevista por esta vía será, entonces, de unos US$ 25 millones.

Gran parte de este cambio se debió a la reducción de las franjas previstas para esa "contribución": 2% para los pasivos que ganen de $ 39.456 a $ 65.760, y de 5% para los que superen esos ingresos.

Con respecto al aporte de los activos, en 2025 se mantendrá en 18,5% sobre el sueldo ficto establecido en 15 categorías y se subirá dicha tasa un dos puntos porcentuales a partir de 2026, un punto en 2027 y un punto más en 2028. El régimen de convergencia previsto para los activos comenzará en los nacidos en 1970.

El FA se vio obligado en buena parte a aceptar esta fórmula dada su falta de mayorías en la Cámara de Diputados. Allí la oposición, en primera instancia, había impulsado la aprobación de una versión del proyecto que ponía en manos del Estado todo el salvataje. El vaso medio lleno del oficialismo está dado en que, justamente, sin el acuerdo, el Estado debería haber afrontado todo el costo: US$ 50 millones hasta fin de año, US$ 120 millones en 2026 y US$ 150 millones en 2027. "Salvamos a la caja", destacó el senador Daniel Caggiani (MPP).

Los diputados blancos y colorados aceptaron llevar el incremento de aportes a los activos y la imposición de una "contribución" a los pasivos luego de varios días de negociaciones con sus colegas de la cámara alta.

"Este es un proyecto que seguramente no conforma a nadie, porque acá nadie quiere pagar más", señaló este miércoles la senadora nacionalista Graciela Bianchi que, más de salvataje, optó por hablar de un plan de "estabilización" de la Caja de Profesionales. "Es como un enfermo cuando entra grave", señaló.

Se apuesta ahora al trabajo que pueda efectuar una "comisión de expertos", creada por esta nueva ley a instancias del diputado nacionalista Pablo Abdala, que discutirá, en un plazo máximo de 180 días, soluciones de fondo para la institución. Entre los apuntes a discutir están las medidas para ampliar la base de aportantes a la caja —y con ello lograr una mayor recaudación— y que los profesionales activos pasen a aportar por su ingreso real y no por un ficto, como hasta ahora.

Mientras en el FA y en Economía y Finanzas ya comenzaron a analizar el impacto fiscal que tendrá este acuerdo y sus eventuales repercusiones en la finalización de las prioridades programáticas, el presidente Yamandú Orsi valoró este miércoles la dinámica de "propuestas y contrapropuestas" con la oposición, que permitieron llegar a este resultado.

"Siempre fui optimista" dijo Orsi, al ser consultado en Buenos Aires, donde está de visita oficial. "Cuando se envían proyectos de este tipo, no va a salir de buenas a primeras lo que yo quiero", señaló. Y, si bien "preocupa" el mayor gasto para el Estado, Orsi valoró hubiera sido "gravísimo" para las arcas estatales no haber llegado a un acuerdo. "Es la fórmula que se encontró y que se reflejó en el Parlamento", sentenció el presidente.