Redacción El País
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, asistió a la última sesión de la Mesa Política del Frente Amplio del pasado lunes, para "rendir cuentas del estado de situación del gobierno". Allí hizo un racconto de lo avanzado en casi cinco meses de gestión, con foco en los temas en los que más ha trabajado, señalaron a El País fuentes de la coalición de izquierda.
En la reunión, el exfiscal de Corte cuestionó al pasado gobierno de Luis Lacalle Pou en "materia de lavado de activos", en donde a criterio de Díaz se "aflojó la cincha" y se permitió, mediante modificaciones legislativas —como las introducidas en la Ley de Urgente Consideración—, "aliviar los controles", lo que según él tuvo como consecuencia un "deterioro en esta materia".
Por esto, sostuvo, es que se decidió "revisar" la legislación antilavado, y ya se envió al Parlamento un proyecto de ley que propone bajar el tope de las transacciones en efectivo.
El objetivo, dijo el jerarca a la dirigencia frenteamplista, es fortalecer la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, liderada en este período por Sandra Libonatti, quien a su vez es asesorada por Ricardo Gil y Gabriel Espinosa, dos personas de "vasta experiencia" en estos temas.
También se abordó la necesidad de modificar el Código del Proceso Penal, para lo cual hay un equipo en Presidencia integrado por especialistas y actores de diversos ámbitos que ya trabajan en pos de redactar una iniciativa en este sentido.
Se discutió también el objetivo que tiene el gobierno de Yamandú Orsi de crear un Ministerio de Justicia, una promesa de campaña del oficialismo, pero también de los partidos de la oposición —cuyos principales dirigentes ahora se mostraron contrarios—, además de ser parte de una de las 63 medidas prioritarias que ya presentó esta administración.
Díaz, que es uno de los principales impulsores de esta iniciativa, dejó claro que la finalidad es "desarrollar una política pública de justicia" tendiente a establecer mejores sistemas de acceso a la información, mejorar la gestión de las cárceles, así como el acceso a la justicia.
Las fuentes consultadas señalaron que este tema tuvo como conclusión "la idea" de crear un grupo de trabajo para "acompañar el proceso de discusión sobre la creación" de esta nueva secretaría, que en principio se llamaría Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.