El segundo Consejo de Ministros de Yamandú Orsi que se hizo este martes no era una instancia fácil para su gobierno, y así lo entendían en la previa algunos de los integrantes de su equipo: era la primera reunión del gabinete luego de la sonada renuncia de la hasta hace una semana ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien se vio obligada a abandonar el cargo tras descubrirse que no había regularizado la casa en la que vivía en Pajas Blancas ni pagado los impuestos que le correspondían en las últimas dos décadas.

Fue una reunión del gobierno en pleno cuando todavía está fresco el episodio que dejó algunas heridas en la interna del Frente Amplio, y que ya contó con la presencia de la reemplazante de Cairo, Tamara Paseyro, que fue de las primeras en subir al piso 11 de la Torre Ejecutiva en la mañana de este martes —el resto de los ministros fueron llegando durante la hora siguiente a la convocada, hasta que llegó el último sobre las 10— y allí, rodeada por sus compañeros, fue oficializada en el cargo.

La reunión comenzó justamente de esa manera: Orsi presentó a la nueva secretaria de Estado, pero evitó referirse al "tema de fondo", indicó una fuente de Presidencia, que agregó, en línea con el tuit con el que el jefe de Estado confirmó la renuncia de Cairo —"tema resuelto", escribió en un escueto mensaje el viernes pasado—: "Para el gobierno este es un tema cerrado".

El siguiente tema destacado en el encuentro, que se abordó durante varios minutos, fue el inicio del anunciado "diálogo social" que llevará adelante una comisión intersectorial abocada al tema, que quedó instalada en la tarde de ayer para comenzar a discutir, entre varios otros pilares, eventuales modificaciones a la reforma previsional que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou, en concreto el aumento de la edad jubilatoria a 65 años —que Orsi en campaña prometió volver a bajar.

El Consejo de Ministros tuvo por objeto, además, que cada secretario de Estado brindara un reporte o resumen de lo actuado en cada política implementada en los pocos más de 50 días que lleva el gobierno.

Se trató de "información general", dijo uno de los ministros consultados por El País, y la brindaron todos los presentes —faltó solo a la cita la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, ya que priorizó concurrir al predio de la Armada Nacional en el puerto de Montevideo, tras recibir una denuncia sobre posibles restos de detenidos desaparecidos que se encontrarían en ese lugar—, incluyendo a Paseyro, que hizo una breve actualización de lo hecho en Vivienda con conocimiento de causa, ya que integraba la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Tras la reunión, que duró unas cuatro horas, Orsi designó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, como vocero de su gobierno, para que en conferencia de prensa explicara algunas de las definiciones tomadas en el encuentro.

Entre ellas, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El País, está la decisión de volver a restringir las transacciones que pueden hacerse en efectivo, y que a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en el período pasado pueden actualmente alcanzar 1.000.000 de Unidades Indexadas —unos US$ 150.874, a valor actual.

Se trata de una promesa de campaña, puesto que las Bases Programáticas del Frente Amplio para el actual período contienen entre las acciones prioritarias la búsqueda de "mecanismos para reducir los topes de transacciones bancarias" y el objetivo de "desestimular las transacciones en efectivo". Para llevar eso adelante, ya se preveía "las modificaciones legales y los cambios institucionales que permitan" este cambio y otras líneas de acción que tengan como meta "potenciar el sistema de contralor vinculado a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos".

El nuevo tope será definido por el presidente Orsi, adelantó Díaz en la reunión del gabinete. Y será enviado al Parlamento en el corto plazo, aunque no está resuelto si se incluirá como iniciativa aparte —que volvería a modificar la Ley de Inclusión Financiera— o si se incorporará en el proyecto de ley que se prevé enviar a comienzos de mayo para introducir modificaciones a la Ley de Lavado de Activos.

En cualquier caso, la definición es avanzar en la restricción del límite, pese a que el artículo de la LUC que lo amplió fue uno de los 135 que el Frente Amplio —junto con el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales— buscó derogar en un referéndum que el 27 de marzo de 2022 fue ratificado en las urnas.

"No hay ninguna norma que prohíba que si un artículo fue ratificado en una elección, no puede ser derogado", señaló en este sentido una fuente del gobierno, adelantándose a las posibles críticas que podrá esbozar la oposición.

En paralelo, días atrás la bancada de senadores del Frente Amplio, encabezada en este tema por el legislador Eduardo Brenta, ya presentó un proyecto proponiendo bajar el tope de las operaciones a US$ 20.000, que a su vez reflotó otra iniciativa muy similar que la coalición de izquierda había propuesto el año pasado.