Redacción El País
La Justicia ordenó cautelar un área del predio de la Armada Nacional en el puerto de Montevideo luego de una denuncia sobre posibles restos de detenidos desaparecidos alojados allí. La situación fue informada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que notificó que por este motivo ni la ministra de Defensa Nacional ni el subsecretario de la cartera estuvieron presentes en el Consejo de Ministros de este martes.

Tanto Sandra Lazo como Joel Rodríguez fueron este martes al predio de la Armada Nacional en el puerto porque surgió una denuncia que tenía "verosimilitud", según Díaz, y la Justicia ordenó cerrar el área para comenzar una búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

"Estuvieron presentes en el predio del Comando General de la Armada, en el puerto de Montevideo", dijo Díaz en conferencia de prensa, y agregó: "Se llevó adelante el cumplimiento de una medida cautelar dispuesta por la Justicia. Se cauteló una zona del predio porque se llegó a información de que allí podrían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionadas con el pasado reciente".

"La importancia que tiene para este gobierno hizo que tanto la ministra como el subsecretario decidieran estar presentes en el momento en que se ejecutaba la medida cautelar en ese predio", orden que llevó adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos, según Díaz.

Foto: Estefanía Leal

Agregó que "la información que se recibió se entendió como verosímil", y refiere a posibles restos en el subsuelo, pero apuntó que no daría más información ni indicaría cómo se obtuvo el dato.

"Información de este tipo se recibe muchas veces. Muchas veces son cáscara de banana o no tienen ningún grado de verosimilitud, buscan desviar el foco de atención, que es ubicar los restos de las personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura", expresó, aunque agregó que en este caso se entendió que podría ser distinto.

Además, este lunes el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a integrantes de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que solicitaron al mandatario que ordene a las Fuerzas Armadas que aporten mayor información sobre el paradero de los desaparecidos.

La delegación estuvo integrada por Ignacio Errandonea, Javier Tassino y María Bellizzi, entre otros. También estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca.

En rueda de prensa tras el encuentro, Errandonea destacó que "fue una buena reunión". "Intercambiamos bastante, pudimos plantear nuestras preocupaciones y formas de ver de algunas cosas que son importantes para la búsqueda de nuestros familiares", agregó.

Foto: Presidencia de la República.

Errandonea expresó que "el compromiso del gobierno es continuar la búsqueda y tratar de llegar a buen puerto". En ese sentido, hizo énfasis en que es necesario que se ordene a las Fuerzas Armadas brindar información sobre el paradero de los desaparecidos. "Cuando Tabaré Vázquez solicitó información obtuvo parte de la información. Si se hace más formal, que no se solicite, que se ordene, los mandos militares tienen que acatar. Que haya una orden formal desde Presidencia y que respondan", añadió. El integrante de Familiares dijo que el presidente Orsi "tomó nota" del reclamo.

Díaz dijo en conferencia de prensa que Orsi "informó" en el Consejo de Ministros sobre esta reunión "pero no se tomó una decisión específica" porque, entre otros motivos, no estaba la cúpula ministerial de Defensa Nacional.

El inicio de esta búsqueda en el predio de la Armada coincide con una jornada en la que la ministra Lazo informó de sanciones a jerarcas de la institución, pero por otro motivo.

Lazo resolvió en las últimas horas sancionar a cuatro jerarcas de la Armada Nacional por situaciones que se dieron en medio del proceso de compra de dos patrullas oceánicas del tipo OPV al astillero español Cardama.

En 2023 el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció el acuerdo para la adquisición de los dos buques. El entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el armador pidió 82 millones de euros, algo más de US$ 92 millones. La decisión fue cuestionada por el Frente Amplio, que una vez que ganó las elecciones empezó a pedir más información.

Ya con Lazo designada para ser la ministra de Defensa, en el proceso de transición el gobierno por entonces electo pidió acceder al contrato, que incluye pagos a medida que se van cumpliendo determinados hitos. Precisamente, pocas horas antes del cambio de mando el gobierno autorizó el segundo pago, que efectivizó el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, uno de los ahora sancionados por la ministra.

En diálogo con Informativo Sarandí (690 AM), Lazo confirmó que los sancionados también son los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva, que tuvieron distintas responsabilidades en el proceso de compra. Deberán cumplir arresto a rigor, tal como informó este martes El Observador.

El 4 de marzo el almirante Wilson dejó de ser el comandante en jefe por cumplirse los cinco años de gestión que establece la ley. Desde ese entonces, el contralmirante José Luis Elizondo quedó de forma interina como encargado de despacho hasta que el gobierno resuelva quién liderará a la Armada.