Redacción El País
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, resolvió en las últimas horas sancionar a cuatro jerarcas de la Armada Nacional por situaciones que se dieron en medio del proceso de compra de dos patrullas oceánicas del tipo OPV al astillero español Cardama.

En 2023 el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció el acuerdo para la adquisición de los dos buques. El entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el armador pidió 82 millones de euros, algo más de US$ 92 millones. La decisión fue cuestionada por el Frente Amplio, que una vez que ganó las elecciones empezó a pedir más información.

Ya con Lazo designada para ser la ministra de Defensa, en el proceso de transición el gobierno por entonces electo pidió acceder al contrato, que incluye pagos a medida que se van cumpliendo determinados hitos. Precisamente, pocas horas antes del cambio de mando el gobierno autorizó el segundo pago, que efectivizó el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, uno de los ahora sancionados por la ministra.

En diálogo con Informativo Sarandí (690 AM), Lazo confirmó que los sancionados también son los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva, que tuvieron distintas responsabilidades en el proceso de compra. Deberán cumplir arresto a rigor, tal como informó este martes El Observador.

Foto: Leonardo Mainé

El 4 de marzo el almirante Wilson dejó de ser el comandante en jefe por cumplirse los cinco años de gestión que establece la ley. Desde ese entonces, el contralmirante José Luis Elizondo quedó de forma interina como encargado de despacho hasta que el gobierno resuelva quién liderará a la Armada.

Lazo explicó que ella, así como el Frente Amplio en general, ha sido "muy crítica sobre la decisión que tomó el Ministerio de Defensa Nacional anterior al adjudicar una compra directa" para la construcción de estas patrullas oceánicas.

"No estamos cuestionando la necesidad de esta compra, sí la forma desprolija y poco transparente", dijo en diálogo con la emisora radial.

Por entonces se solicitó conocer el contrato, aunque fuese "en reserva", pero eso "no se permitió" por parte de las autoridades, hasta que en la transición de gobierno el entonces ministro Armando Castaingdebat autorizó a las autoridades electas a ver el contrato e "información técnica anexa".

"Encargué a integrantes del equipo saber en qué estaba el proceso de construcción, había que tomar decisiones a corto plazo porque se iban cumpliendo hitos ante los cuales hay que entregar sumas de dinero importantísimas", indicó Lazo, que explicó que creó un grupo de trabajo específico para ello.

Según dijo, las sanciones establecidas ahora son porque "hubo una falta a la verdad en un intercambio" entre los responsables de la compra por parte de la Armada y los representantes de la ministra.

Foto: Estefanía Leal

Describió que el 27 de febrero hubo una reunión con el comandante Wilson y se le preguntó por los pagos. Según dijo, fue a las 16:00 y él no mencionó nada sobre un segundo pago que, tiempo después, se supo que había firmado al mediodía.

Según dijo Lazo, fue el 20 de marzo, cuando le llegó el expediente, que supo que se había firmado la orden de pago, y entonces los asesores de la ministra cuestionaron a los responsables. "Cuando el grupo pregunta por qué no lo había informado a la ministra que asumía en dos días, se responde que no había firmado aún la orden, y la orden había sido firmada al mediodía. Se le está mintiendo a la ministra", resumió.

"El 20 de marzo me informan que el pago se había liberado y no era una decisión que había pasado por el ministerio. Efectivamente se pagaron los más de US$ 8 millones respectivos sin el consentimiento de la ministra de Defensa Nacional", concluyó.