Ministerio de Justicia: Orsi buscará negociar con partidos, pero al momento en la oposición solo hay rechazo

Hay pocos temas en el sistema político que reúnan ese ansiado consenso que, a la larga, es el que posibilita el desarrollo de las políticas de Estado. La creación del Ministerio de Justicia, en los papeles, es uno de ellos, y lo es desde hace algunos años. Es una propuesta que, en efecto, se prometió en la campaña electoral de los dos bloques que se enfrentaron en el balotaje del 24 de noviembre -y que terminaría ganando el hoy presidente Yamandú Orsi.

Los programas de gobierno que llevaron los dos candidatos proponían la creación de esta nueva Secretaría de Estado, y con exactamente el mismo nombre -en ambos casos, también proponían nominarlo como de “Derechos Humanos”- e incluso con la misma idea de que, entre varias otras cosas, absorba la gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), para que ese problemático organismo deje de depender del Ministerio del Interior.

En el caso de las Bases Programáticas para este período que publicó en 2024 el Frente Amplio, hay un planteamiento algo más detenido que el que formuló el equipo del candidato Álvaro Delgado luego de negociar con los partidos de la coalición republicana. En el apartado sobre seguridad ciudadana del documento de esta alianza de blancos, colorados, cabildantes e independientes, la mención al Ministerio de Justicia está en un enunciado subordinado al planteo de que el INR se transforme en un servicio descentralizado.

El documento de la izquierda tampoco se explaya en profundidad, pero en cambio sí dedica unas ocho líneas a la idea: ahí se planteó que este ministerio debería tener “capacidad par diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado”. Y que, como cometido sustancial, debía “dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas”. Ejemplos de esto último, para el partido de gobierno, son los derechos humanos y las cárceles, la “coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órgano jurisdiccionales”, además de las “políticas antilavado de activos”.

No obstante, pese a ser una prioridad para esta administración -es una de las 63 medidas prioritarias definidas al comienzo de esta gestión-, y una preocupación que ha manifestado varias veces el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el presidente Orsi ya advirtió en diálogo con El Observador el domingo pasado que su presupuesto quinquenal no contemplará este ministerio. Esta definición, según dijeron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, se tomó luego de evaluar que lo más conveniente era “primero discutirlo con los partidos” de la oposición.

“¿De qué vale enviar un proyecto y aprobarlo por solo un voto cuando el tema se supone que reúne consenso?”, es una pregunta que se formuló en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.

Hay, sin embargo, un “hito” en el calendario oficial con miras a iniciar el proceso que culminaría en esta nueva Secretaría de Estado: un seminario internacional sobre el tema, que se realizará el próximo 25 de junio en el anexo de la sede de Presidencia, y en el que participarán especialistas de España, Colombia, Argentina y Uruguay. “Este puede ser un punto de arranque”, dijo un jerarca del gobierno consultado sobre este tema a El País.

El 28 de agosto de 2021, El País publicó una nota titulada “Coalición y Frente Amplio abiertos a crear un Ministerio de Justicia”, y allí declaraban a favor y convencidos las senadoras Lucía Topolansky (entonces negociadora por la bancada frenteamplista) y Graciela Bianchi (referente de la bancada oficialista del período anterior). En aquel momento, el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, se había reunido con el presidente Luis Lacalle Pou y le había planteado la misma inquietud. Pero aunque los partidos llegaron a intercambiar y dar señales claras de avance en este sentido, todo quedó en la nada, y ahora el escenario político parece ser bastante diferente.

En filas del Partido Nacional, la “opinión extendida” principalmente entre sus senadores es que hay resistencia a votar una iniciativa que, según se entiende, dijo a El País un legislador blanco que prefirió el anonimato, es una propuesta que “está hecha para Jorge Díaz”, un hombre que genera resistencias en este partido y también en filas coloradas -al margen de que, según sus declaraciones, no es el lugar que elegiría para su futuro el exfiscal de Corte (ver recuadro).

El senador blanco Javier García, también consultado al respecto por El País, resumió como respuesta que no cree que, en este momento, estén dadas las “condiciones políticas para crear un Ministerio de Justicia”. Y se refirió, asimismo, al rol que creen en la coalición republicana que tiene y tendría Díaz en todo este proceso. “El gobierno del Frente Amplio, con los antecedentes que tiene en relación a la Fiscalía y Díaz, no da garantías de respetar la independencia del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia”, consideró el exministro de Defensa, que además sostuvo que, en atención a un motivo “económico”, no está de acuerdo en que el Estado siga “ampliándose con la creación de más ministerios”.

En el Partido Colorado las opiniones son similares. Y, de nuevo, el argumento principal para sostener sus dudas es el nombre del prosecretario de Presidencia. “Las personas que están gerenciando este asunto -dijo un senador colorado, que también prefirió no ser nombrado-, que son Díaz y sus socios, a mí no me dan garantías como para crear un ministerio así”. En cuanto a Pedro Bordaberry, desde un inicio el líder de Vamos Uruguay se ha manifestado en contra de la creación de este ministerio.

La definición de la Torre Ejecutiva, que hasta el momento ha fracasado en casi todos sus negociaciones parlamentarias en Diputados, donde el oficialismo tiene solo 48 votos, no es aprobar este proyecto con una mayoría exigua, como fue consignado. Pero si así lo buscase, debería ir por el apoyo de Cabildo Abierto o Identidad Soberana.

El primero, liderado por Guido Manini Ríos, por el momento ha enviado señales ambiguas sobre su disposición a acompañar iniciativas del gobierno, aunque este tema no ha sido ni siquiera considerado por los dos representantes que tiene en la cámara baja.

Y en cuanto a la fuerza política de Gustavo Salle, él mismo ya ha sido claro sobre a este tema: “Lo descartamos de plano”, afirmó a El País el abogado. “La Constitución es muy clara: la justicia tiene que estar en manos de la Suprema Corte de Justicia y de toda la estructura del Poder Judicial”, agregó.

Díaz, mientras tanto, ya declaró públicamente que el objetivo “es que salga”, y que el organismo se dotaría de recursos tras un “reordenamiento de todos los incisos” de varias instituciones, ya que el nuevo ministerio se compondría de una sumatoria de organismos que hoy operan por separado, como es el caso del Ministerio del Interior, Fiscalía, la Defensoría Pública y el INR.

Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El nombre de Jorge Díaz como posible titular del futuro Ministerio de Justicia fue una opción que, entre dirigentes del Frente Amplio, se comentaba durante la campaña electoral del año pasado, hasta que finalmente el presidente Orsi lo designó como prosecretario de Presidencia. Pero el jerarca tiene igualmente un rol activo en la planificación que está haciendo gobierno para la creación de este organismo. De hecho, en un viaje a Londres que hizo semanas atrás junto con el ministro del Interior, Carlos Negro, mantuvo intercambios con autoridades inglesas con el objetivo de interiorizarse del camino que siguió Gran Bretaña para crear su ministerio en 2005. Allí, según contó este miércoles en entrevista con el programa Arriba Gente, de Canal 10, encontró que Inglaterra tenía entonces los mismos problemas que hoy sufre Uruguay, como la sobrecarga de trabajo y competencias de la cartera de seguridad, y que optaron por una alternativa que en nada afectó la “independencia del Poder Judicial”.

Ahora bien, consultado específicamente sobre la posibilidad de ser él el conductor del nuevo ministerio, Díaz respondió que aceptará cualquier responsabilidad que el jefe de Estado el encomiende, pero que no es lo que preferiría. “La respuesta es no, no me gustaría -dijo Díaz-. Pero si el presidente Orsi me manda, voy”.

Por el momento, el exfical de Corte dijo estar “muy contento” en su actual rol, ya que le permite “ver todo el gobierno” y en muchas ocasiones ser “una rueda de auxilio” en diversos problemas de la gestión presidencial.